Primero fue la asunción del discurso de la extrema derecha por parte del Partido Popular de Pablo Casado, solo unos días después de que este lograra la Presidencia del primer partido de la oposición. Después, el primer acuerdo con Vox para hacer presidente a Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía, a finales de 2018. Unos meses más tarde, la alianza de PP y Ciudadanos con la ultraderecha en la foto de la protesta de la Plaza de Colón de Madrid, y más pactos de investidura con el partido de Santiago Abascal en Murcia o en Madrid, como el que permitió a Isabel Díaz Ayuso la reelección como presidenta regional, el año pasado.
El pasado día 10, con Casado con un pie fuera de la política y con el control de los populares en manos de Alberto Núñez Feijóo, PP y Vox alcanzaban finalmente un acuerdo histórico que, por primera vez en 40 años, permitirá a la extrema derecha entrar en un Gobierno autonómico, el de Castilla y León, que gestiona un presupuesto de unos 12.000 millones de euros, con una vicepresidencia y tres consejerías.
Todo ese proceso que, en tres años y medio, ha blanqueado y legitimado a la ultraderecha española, ha estado avalado por un importante respaldo mediático que equipara a Vox con Unidas Podemos, justifica los acuerdos de PP y Ciudadanos con Vox frente a un Gobierno progresista que esas centrales de la prensa más conservadora han considerado siempre ilegítimo, o que, por ejemplo, ha llevado a Santiago Abascal a alternar estudios de radio o a “divertirse” en el programa estrella del 'prime time' televisivo.
La derecha europea aliada del PP está, mientras tanto, escandalizada con esta deriva que no se ha dado en otros países de la UE. Nada más conocerse la entrada de Vox en la Junta de Castilla y León, el presidente de los populares europeos, Donald Tusk, confesaba que ese acuerdo había sido para él una “sorpresa triste”. “Esperamos que sea solo un incidente o un accidente, no una tendencia”, afirmó, para añadir: “Hay que combatir esos deseos, supone una capitulación”.
Los principales dirigentes del PP, incluido el propio Feijóo, han evidenciado sin embargo en la última semana cómo están obligados a adoptar parte del discurso de la extrema derecha y a hacer equilibrios sobre su relación con Vox para justificar acuerdos como el de Castilla y León. El propio Alfonso Fernández Mañueco, que será reelegido como presidente gracias a la formación de ultraderecha, aseguró antes del acuerdo que Castilla y León no tendría “un gobierno machista, racista o xenófobo”.
Una vez suscrito el pacto con Vox, en cambio, no supo explicar por qué acabó pactando con un partido que niega la violencia de género y asegura que los “ciudadanos del Norte de África” son la “verdadera amenaza” para las mujeres. “Yo le digo ¿ha encontrado usted algún elemento machista, racista o xenófobo en el documento que hemos firmado? Le pregunto yo a usted, porque a lo mejor yo lo he leído y no lo he encontrado”, respondió el pasado viernes a una pregunta formulada por la prensa.
En el texto pactado, Vox consiguió colocar un punto sobre inmigración que dice textualmente que Castilla y León promoverá una “inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. Pero Mañueco no sido capaz explicar en qué consiste la “inmigración ordenada”. “La inmigración ordenada es precisamente eso...atender a lo que es el recibir a las personas, comentó ante la prensa entre titubeos.
Este jueves le ocurrió algo similar a Feijóo que, por un lado, trata de justificar el acuerdo con Vox en Castilla y León y, por otro, intenta presentarse como un adalid de la moderación. En una comparecencia en Santiago, el aún presidente de la Xunta y futuro líder del PP quiso respaldar el discurso de Vox sobre la violencia intrafamiliar. Para argumentar su postura, recurrió a un ejemplo de violencia vicaria, que la legislación gallega, la que él preside desde hace 13 años, reconoce como un tipo de violencia de género.
“Hace un tiempo sufrimos un asesinato producido por un padre que, por un problema con su pareja, asesinó a sus dos hijas. Eso no es violencia machista, eso es violencia intrafamiliar”, dijo. Ante la polémica generada, cuatro horas después, Feijóo recurrió a su cuenta de Twitter para intentar autoenmendarse. Citó la reforma de la ley para la prevención la violencia de género aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego en julio de 2021 con el objetivo de incluir la vicaria: “Galicia sabe lo que es que un padre asesine a sus hijos para dañar a la madre y no estaba considerado violencia de género. Por eso cambió la ley”.
“En España las derechas no sugirieron nunca un cordón sanitario a la extrema derecha”, recuerda Silvia Clavería, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Pompeu Fabra. “En la plaza de Colón, en 2019, el PP y hasta Ciudadanos legitimaron a Vox y además se negoció que fuera un interlocutor clave y decisivo en los gobiernos autonómicos. A partir de ahí se le considera un actor legítimo, que no comporta daños a la democracia, lo que desactivó el miedo a la extrema derecha entre el electorado”, añade.
El precedente andaluz
En realidad, el primer paso en el blanqueamiento de Vox por parte de PP y Ciudadanos se dio en Andalucía, tras las elecciones de diciembre de 2018 en las que el PSOE fue la primera fuerza pero donde después, en los despachos, los partidos entonces liderados por Pablo Casado y Albert Rivera lograron acceder al Gobierno de la Junta gracias a la extrema derecha. “Lo que está diciendo Vox en Andalucía está dentro de la Constitución”, aseguró entonces el propio Casado para justificar ese pacto, mientras la extrema derecha pedía acabar con las leyes para hacer frente a la violencia machista o de protección del colectivo LGTBI.
En rueda de prensa, el líder del PP insistió en que, hasta entonces, Vox no había gobernado “en ningún sitio”, a diferencia de Podemos que, según él, había “defendido la historia criminal etarra, defiende a la dictadura de Maduro” o “justifica a quienes llevan mochilas explosivas y a los independentistas”. “Qué va a decir la izquierda con la radicalidad, si están gobernando con el partido más radical”, sostuvo. “El cinismo de la izquierda en España que tiene superioridad moral para definir que es extremo no se va a tolerar”, añadió, rechazando que se calificara a Vox como de extrema derecha. En ese momento, la dirección del PP defendía que la formación de Abascal no era “Alternativa para Alemania, porque ellos contemporizan con el nazismo, ni tampoco es el UKIP, que contemporiza con el Brexit”.
Génova 13 llegó a sostener que a pesar de su discurso xenófobo, que relaciona a la inmigración con la delincuencia, la formación de derecha extrema “no criminaliza” a los inmigrantes, sino que estos “son criminalizados por las mafias”. Y, respecto a la exigencia de Vox de derogar la ley contra la violencia machista, el entorno de Casado aseguraba que lo que buscaba el partido de extrema derecha era luchar “contra las denuncias falsas” de mujeres víctimas del maltrato.
En febrero de 2019 llegó esa primera unidad de acción de las tres derechas en la protesta de la Plaza de Colón de Madrid convocada para pedir un adelanto electoral a Pedro Sánchez, que seis meses antes había llegado al Gobierno con una moción de censura. Aunque los líderes de PP, Ciudadanos y Vox hicieron declaraciones por separado, al final de la concentración posaron juntos ante los fotógrafos –la conocida como 'foto de Colón– mientras sonaba el himno de España y todos ellos ellos lanzaban “vivas” a la patria. El manifiesto lo leyeron tres periodistas, María Claver, Carlos Cuesta y Albert Castillón, que después fueron de plató en plató tratando de legitimar los acuerdos posteriores de PP y Ciudadanos con Vox.
Un socio incómodo y una amenaza latente
Cuando, en julio de 2018, logró la Presidencia del PP, Casado asumió “la responsabilidad de reconstruir el centro derecha y recuperar los miles de votos perdidos” hacia Vox y Ciudadanos. Durante su mandato de tres años y medio, concluido hace apenas una semana, su estrategia sí logró desactivar a Ciudadanos, pero su contemporización con la extrema derecha no hizo más que hacer crecer al partido de Abascal en prácticamente todas las citas electorales. La excepción fueron las elecciones gallegas de 2020, donde Feijóo, con un perfil propio alejado entonces de Génova 13, logró que Vox no entrara en el Parlamento autonómico, y en las madrileñas de 2021 con Ayuso al frente del PP, también con su estrategia personal al margen de Casado.
En todo eso tiempo Vox ha marcado la agenda del PP, ha sido un socio incómodo y a la vez una amenaza latente para el principal partido de la oposición. Tras lograr el apoyo de Vox en Andalucía, Casado intentó repetir la jugada de cara a las generales de abril de 2019. El día antes de la jornada de reflexión, en el cierre de campaña, el candidato que no conseguía despegar en las encuestas, se abrió por primera vez a que miembros de Vox entraran en su Gobierno, en caso de llegar a la Moncloa aupado por las otras dos derechas. “Vox o Ciudadanos, tengan diez escaños o tengan 40, van a tener la influencia que ellos quieran tener para entrar en el Gobierno”, aseguró, en una entrevista en EsRadio.
Tras obtener 66 diputados, el peor resultado de su historia, el líder de los populares ofreció una rueda de prensa el 30 de abril y solo cuatro días después de haber ofrecido ministerios a Vox, Casado se refirió por primera vez al partido de Abascal –que entró por primera en el Congreso con 24 escaños– como la “ultraderecha” y la “extrema derecha”. Pero las autonómicas y municipales del 26 de mayo volvieron a propiciar otro acercamiento de Casado hacia Vox. El PP necesitaba sus votos para conseguir gobiernos regionales y autonómicos y Casado se pasó toda la campaña poniendo como ejemplo lo ocurrido en Andalucía.
Una vez pasados los comicios, el máximo jefe de los populares ya no llamaba extrema derecha al partido de Abascal: “La definición de cada partido la ha ido haciendo cada uno. Y la definición que yo he hecho de Vox es la que ellos han hecho siempre. Es un partido que se sitúa a la derecha del partido popular, y esa no es una calificación peyorativa”, dijo. Casado logró después acuerdos con Ciudadanos y Vox para controlar ayuntamientos y comunidades autónomas, llevando a las instituciones su plan para “reconstruir el centro derecha” y materializar la 'foto de Colón' en acuerdos de gobierno. Gracias a la extrema derecha, el PP logró gobernar tres comunidades autónomas –Madrid, Andalucía y Murcia– y varias capitales como Madrid o Zaragoza.
La “fortaleza de las ideas”
En octubre de 2019 Abascal fue a “divertirse” a El Hormiguero, el programa de Antena 3 que lidera las franjas de audiencia prácticamente todos los días. Al inicio del programa, el conductor del espacio, Pablo Motos, defendió la presencia del líder de la extrema derecha: “Como nosotros no nos casamos con nadie, queremos poner a prueba la fortaleza de las ideas”, dijo. Abascal bromeó con Motos sobre esta polémica: “Venía preocupado por ti, por lo que van a brearte a partir de ahora. Te he traído antiinflamatorios”, ironizó durante una entrevista en la que se pudieron escuchar las ideas de la extrema derecha ante temas como el aborto, la eutanasia, la violencia machista, la inmigración, el colectivo LGTBI o el franquismo.
Tras la nueva derrota en las urnas en las generales de noviembre de 2019 –el PP mejoró su resultado del 28A aunque tan solo obtuvo 88 escaños, su segunda peor cifra en toda su historia–, el líder del partido dio paso a un periodo de cohabitación con la extrema derecha, evitando criticar su radicalidad y considerándola como un socio factible para hacer política. Ese reconocimiento se evidenció en las negociaciones para conformar la Mesa del Congreso, cuando los populares pactaron con los de Abascal su entrada en el órgano de gobierno de la Cámara Baja. Se bautizó entonces a Vox como partido “constitucionalista”. “No vamos a tejer ningún cordón sanitario frente a partidos constitucionalistas como Vox”, dijo entonces Casado.
Las críticas hacia la extrema derecha resurgieron en la cúpula del PP durante la moción de censura que promulgó contra el Gobierno de Sánchez en octubre de 2020, sin habérselo consultado a los populares, cuyo partido era el único aliado posible para lograr más votos a favor de la iniciativa. “No somos como ustedes”, les dijo Casado en el Congreso a los dirigentes de la extrema derecha. Rememorando la etapa en la que Abascal formó parte del PP, Casado le decía al líder de Vox que había presentado “una moción contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años”. “Usted ya tenía cargo público cuando yo estaba en el colegio”, añadió. A Vox, Casado le acusó de pasarse “tres meses atacando al PP para nada. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen”.
Hubo un nuevo viraje del PP y de sus terminales mediáticas a finales de 2020, que se prolongó durante todo 2021, y que volvió a considerar a Vox como un interlocutor legítimo. Los dos partidos, además de sus referentes mediáticos, como Carlos Herrera, en la Cadena COPE o Federico Jiménez Losantos, en EsRadio, compartieron también una misma línea discursiva durante toda la pandemia, elevando el tono contra el Gobierno progresista al que consideran ilegítimo, “socialcomunista” e incluso “filoetarra”. PP y Vox pactaron en mayo de 2021 para volver a hacer presidenta a Ayuso en Madrid, y ella misma defiende que es mejor llegar a acuerdos con la extrema derecha que “con los que quieren romper España”, en alusión a Unidas Podemos y a las fuerzas independentistas.
La “normalización” de la extrema derecha
Ahora, tres años y medio después del inicio del blanqueamiento político y mediático de la extrema derecha, Vox entra en un Gobierno autonómico, el de Castilla y León. Se trata de un hito a nivel europeo. “Es la consecuencia lógica de lo que ha pasado en los últimos años en España”, reflexiona José Juan Verón, profesor e investigador de Comunicación Política de la Universidad San Jorge de Zaragoza. “Vox, para blanquearse, ha ido necesitando esas fotos en las instituciones y con otros políticos para dar la imagen de que son una alternativa viable, que se les puede votar. Lejos de parar esto desde un principio se ha ido aceptando por parte de la derecha”, añade. “Ha habido una normalización de su presencia y su discurso, también en los medios de comunicación. Son muchísimas las entrevistas en las que se les pregunta exactamente por lo que ellos quieren hablar, y normalmente no hay un trabajo de confrontar datos”, lamenta.
“Lo que se ha visto en otros países es que cuando se establece un cordón sanitario no se percibe a la extrema derecha como un voto útil, con lo que se desactiva un poco su apoyo electoral porque se considera que pueden ser votos perdidos”, añade la politóloga Silvia Clavería. “Aquí, en España, hemos visto sin embargo esa aceptación, una legitimación como si Vox fuera alguien deseable”, apunta. De hecho, añade ella, “que el PP tenga buenas palabras para Vox hace que en algunos asuntos se vea a Vox como más competente, como en lo referido a la crisis en Catalunya”.
Verón considera que uno de los grandes errores sobre el tratamiento político y mediático de la extrema derecha en España es que se les ha permitido presentar “argumentos falsos y medias verdades”, o que “imponen en el debate público los debates que ellos quieren, sobre todo porque el PP se ha puesto de perfil para no enfrentarse con ellos porque al final los podían necesitar”. “Muchos políticos lo que han hecho, desde IU, Podemos o PSOE, ha sido enfrentar los argumentos de Vox pero en su marco de debate, lo que hace que la extrema derecha tenga mucho terreno ganado. Han sido muy hábiles porque solo hablan de lo que quieren, como la inmigración o lo que llaman las políticas de género”, concluye.
En su opinión, “hacer que el debate público vuelva a los temas fundamentales” que interesan a la ciudadanía “es esencial” para ir desactivando a la extrema derecha. Se refiere a asuntos del “día a día” como “el funcionamiento de la sanidad, de la educación, o si hay que invertir en carreteras”. Respecto al intento de la derecha mediática de equiparar los acuerdos con Vox con los alcanzados por el PSOE con Unidas Podemos –una tesis repetida este mismo viernes en algunos editoriales–, Verón recuerda que “la diferencia está en que Vox no cree en la libertad, la democracia y los derechos individuales” y “quiere normalizar la discriminación y la criminalización de colectivos”.
“El discurso simplista siempre tiene víctimas y culpables, que suelen ser los colectivos minoritarios, como los que ellos llaman menas, o los inmigrantes. A ellos estos colectivos les dan igual, porque no les van a votar”, remarca. Verón también señala que “a las grandes centrales mediáticas el discurso de Vox no les molesta porque no atacan sus estructuras de poder, algo que sí hacía Podemos”. Y alerta: “Vox ha sido muy hábil aprovechando el hartazgo de la gente y viendo el descontento con los partidos tradicionales”. Frente a ello, él opina que “sería importante hacer pedagogía desde los partidos, las instituciones y la sociedad civil” para que “la gente participe, tome conciencia de los problemas y vea que son más complejos de cómo se presentan” por la ultraderecha.