Los comerciantes de la Puerta del Sol recibieron en 2011 el Premio a la Tolerancia de la Comunidad de Madrid de manos de la propia presidenta. Según Esperanza Aguirre, lo merecían por soportar “la ocupación ilegal” de la plaza durante el estallido del 15-M en mayo del año pasado. Aquellos comerciantes protagonizaron crónicas y reportajes y llegaron, incluso, a pedir una indemnización de treinta millones de euros al Ministerio del Interior por las pérdidas ocasionadas. Sin embargo, hoy nadie ha oído hablar de los comercios del barrio de Las Cortes -que rodea el Congreso- que llevan desde el principios de julio enjaulados por una valla policial, que se abre y cierra a discreción.
“Esto es la ruina. Cuando hay cordón policial, facturamos un 60% o un 70% menos, eso si abren un pequeño paso, si nos cierran completamente, ese día facturamos un 99% menos, si acaso los policías viene a tomarse un café”. Lo dice el encargado de una cafetería situada a apenas doscientes metros del Congreso, uno de los locales que quedan atrapados dentro del perímetro de seguridad que con frecuencia se instala para proteger la Cámara Baja de las protestas.
En los últimos meses, la seguridad sobre el Congreso se ha estrechado hasta el punto de que vallas y furgonetas de policía están instaladas de forma casi permanente en el barrio que rodea al Parlamento. Ante cualquier alarma, los agentes sitúan las vayas y cortan calles. Dentro, quedan bares y locales comerciales.
En el bar de al lado, están hartos de los continuos cortes policiales. “Cuando pasa eso, a muchos trabajadores nos mandan a casa y eso son horas no cobradas, es decir, menos sueldo”, dice una trabajadora, que asegura que la situación ha afectado mucho a la facturación del local. Tanto es así que algunos locales de la zona enviaron una queja a la Delegación del Gobierno. “Nos dijeron que ellos hacen lo que pueden y que es por motivos de seguridad”, contesta el encargado de un bar afectado.
En una pequeña tienda de alimentación cercana, en la calle Prado, su dueño se muestra enfadado: “¿No decían que iba a haber 1.400 policías? Pues ni uno sólo se ha pasado por aquí a decirme si van a cortar la calle ni cuándo ni nada”. Su local vende un 50% menos los días que la policía cierra el cordón. “Aunque puedan entrar, la gente ve esto y prefiere no acercarse o ya ni viene. Entiendo que tengan que cerrar alguna calle, pero que corten la Carrera de San Jerónimo [donde están las entradas al Congreso], no que corten tantas calles y nos fastidien a todos”, dice.
La tienda queda pegada literalmente a la barrera de vallas que instala la policía. Una 'lechera' con varios policías está ya aparcada enfrente. Muchos vecinos se acercan para preguntar a los agentes hasta dónde llegarán los cortes de la calle o si tendrán que llevar encima contratos de alquiler o certificados de empadronamiento. Pocas respuestas: “Dependerá de lo que suceda mañana”, es la frase más repetida.
En otro bar, situado en una pequeña calle perpendicular al Congreso, su encargado, Adolfo, opina que el cordón policial podría ceñirse más al edificio del Parlamento y evitar así molestias a los locales de los alrededores. “La crisis nos había hecho bajar las ventas, pero a eso hay que añadirle un 50% de facturación menos cuando pasan estas cosas, que no viene de un mes o dos, sino desde hace ya más de un año”, recuerda Adolfo.
“Muy mal, muy mal”, repite el encargado de una farmacia cercana, que estima una bajada de las ventas de hasta el 60%. “Se están cargando la zona. Yo no muevo el local porque no puedo, pero ya lo habría hecho”, señala.