Si hay algo que este PP, tanto el de Pablo Casado como el de Alberto Núñez Feijóo, ha demostrado es que se mueven entre la insumisión y la objeción de conciencia a las instituciones comunitarias. Ya sean los fondos de recuperación, la reforma laboral, la de las pensiones o la excepción ibérica –bautizada por la derecha española como “timo ibérico”–, los populares llevan casi cinco años percutiendo contra el Gobierno español en Bruselas, lo que se ha traducido en múltiples cabezazos contra la pared del Berlaymont –el edificio de la sede de la Comisión Europea en Bruselas–.
Quizá por eso, el presidente andaluz, Juan Moreno Bonilla, ha anunciado este viernes que la próxima semana el consejero de Medio Ambiente irá a Bruselas a reunirse con la Comisión Europea. “Yo lo que le voy a decir a Bruselas, en una reunión con el comisario europeo la semana que viene, es que nos traslade de los 25 folios de este proyecto de ley, que está ahora mismo en el parlamento de Andalucía, exactamente aquello con lo que no está de acuerdo, para estudiarlo y modificarlo”, ha dicho Moreno Bonilla en Madrid, como si quisiera abrirse a posibles cambios para adaptar la ley a las normas y sentencias europeas.
“Un comisario no es Bruselas”
El vicesecretario del PP y eurodiputado, Esteban González Pons, a la sazón vicepresidente del PP europeo en la Eurocámara, se ha despachado este viernes en TVE con numerosas perlas de pulido jaez: “Lo que ha dicho Bruselas, y no lo ha dicho Bruselas, lo ha dicho una respuesta escrita de un comisario, que eso no es Bruselas”.
Atención: para el vicepresidente del principal grupo parlamentario de la Eurocámara, “un comisario no es Bruselas”. Es decir, un comisario europeo, miembro del colegio de comisarios; el comisario de Medio Ambiente, en este caso, “no es Bruselas”.
Según Pons, Virginijus SinkeviÄius, “ha dicho: uno, que hay que esperar a que la ley esté aprobada para ver qué es lo que dice finalmente, que es lo más sensato; que después se estudiará el contenido de la ley para ver si contraviene la normativa europea; y que en ese caso se estudiarán posibles reacciones si hay contravención de normativa europea”.
Pero, ¿qué ha dicho de verdad SinkeviÄius en su respuesta a dos eurodiputados del PSOE? Pues algo diferente a lo que dice Pons: “La Comisión tiene conocimiento del proyecto de ley presentado al Parlamento de Andalucía al que se refieren Sus Señorías y ya ha solicitado aclaraciones a las autoridades españolas. Los servicios de la Comisión también han advertido que, de aprobarse en los términos anunciados, esta propuesta legislativa podría contravenir la legislación medioambiental comunitaria aplicable. En ese caso, la Comisión consideraría, como guardiana de los Tratados, el uso de todos los medios disponibles en virtud de los Tratados para garantizar que el Reino de España cumpla efectivamente con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en el asunto C-559 /19 sin demora. Las disposiciones nacionales para garantizar que España toma las medidas necesarias para dar cumplimiento a la citada sentencia del Tribunal son competencia de las autoridades nacionales”.
“Inquietud y estupefacción”. ¿Es Bruselas la dirección general de Medio Ambiente?
Mientras Pons desautoriza la respuesta escrita de un comisario europeo, evita pronunciarse sobre las cartas de la directora general de Medio Ambiente de la UE enviadas a España.
Esto dice la misiva, fechada el 17 de marzo, firmada por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer: “De prosperar la tramitación de esta propuesta en los términos que han sido anunciados, se estaría produciendo una violación flagrante de lo dispuesto en la sentencia del Tribunal de Justicia. ”Ante esta situación, la Comisión tomaría en consideración la adopción de todas las medidas necesarias, incluyendo la interposición de un nuevo recurso ante el Tribunal de Justicia en el que solicitaría que se impongan sanciones pecuniarias“.
Bruselas, efectivamente, continúa: “La Comisión ha tenido conocimiento de que el pasado 3 de marzo de 2023 se presentó ante el Parlamento de Andalucía una nueva proposición de ley, para ser tramitada por el procedimiento de urgencia, que pretende la regularización de cultivos de regadío ilegales en el entorno de Doñana”. Fink-Hooijer hace referencia a su anterior carta, del 31 de enero de 2022, y recuerda que ya entonces transmitió “la inquietud y estupefacción de la Comisión por el riesgo que una propuesta similar, presentada el 11 de enero de 2022, planteaba para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 24 de junio de 2021”.
¿Está pidiendo el PP un 155 para intervenir Andalucía?
“La Unión Europea lo que hará es contrastar el resultado de la nueva ley [andaluza] con la sentencia [de 2021], para ver si esa ley es de nuevo recurrida al Tribunal Superior [sic] de Justicia de la Unión Europea”, ha afirmado Esteban González Pons: “Estamos en un Estado de Derecho. Que esa ley tiene que acatarla, sí; pero no me pregunte a mí, pregúntele al presidente del Gobierno por qué no la acata. Porque quien está incumpliendo la sentencia es al Gobierno de Pedro Sánchez, no yo. Yo tampoco he cogido un Falcon para irme a Doñana a hacerme 'selfis'. Lo ha hecho él, y él es el que no está acatando la sentencia de 2019 [sic]”.
Pons, quien llama Tribunal Superior al Tribunal de Justicia (TJUE) y, de paso, confunde la sentencia de 2021 con el recurso al TJUE por parte de Bruselas en enero de 2019, reprocha al Gobierno central que no acate una sentencia cuyo cumplimiento compete a la Junta de Andalucía. ¿Acaso está pidiendo González Pons la activación del artículo 155 para que el Gobierno de España intervenga en la comunidad andaluza para salvar Doñana?
El eurodiputado del PP, en todo caso, también reconoce que el propósito de la nueva ley andaluza es cumplir con la sentencia de 2021. Es decir, que la administración encargada de cumplir es la Junta de Andalucía. Y, hasta el momento, sus proyectos causan “estupefacción” en Bruselas.
Sentencia y ¿sanciones?
En su sentencia de 2021, el Tribunal de Justicia estimaba parcialmente el recurso de la Comisión Europea, y declaraba que España incumplía las obligaciones que le incumben en virtud de la directiva marco sobre el agua en dos aspectos: en primer lugar, España no tuvo en cuenta las extracciones de agua ilegales ni las extracciones para el abastecimiento urbano de la comarca de Doñana en el marco de la caracterización adicional del Plan Hidrológico del Guadalquivir 2015-2021, elaborado durante los gobiernos de Mariano Rajoy.
La sentencia también condena a España por no prever, dentro del programa de medidas establecido en dicho Plan Hidrológico, ninguna medida para evitar la alteración de los tipos de hábitats protegidos situados en la zona protegida de Doñana provocada por las extracciones de agua subterránea para abastecer el núcleo turístico de Matalascañas (Huelva).
La sentencia no conllevaba una pena económica, sino que conminaba a España a cumplir con sus obligaciones, de acuerdo a las leyes europeas, “a la mayor brevedad”. En caso de que no se adoptaran las medidas necesarias –como es el caso del actual proyecto de ley andaluza–, la Comisión Europea –que fue la institución que llevó a España frente a los magistrados en 2019– podría solicitar a la Curia que impusiese una multa al Estado español.
Y en este punto se está ahora: si la ley andaluza sigue adelante como está, será el momento en el que Bruselas pida al TJUE una multa al Estado español.
¿Cuándo arranca el caso?
“Lo que no se está contando en España es que en 2009 ya se inició un procedimiento de infracción”. El portavoz del PP González Pons vuelve a equivocarse. Lo que ocurrió en 2009 es que llegó la primera queja a la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, firmada por el científico Javier Castroviejo –puedes leer su entrevista en elDiario.es aquí–: “Gobernaba el PSOE”, dice Pons.
“En el año 2014 ya se produjo una reconvención de la Unión Europea. Gobernaba el PSOE”, insiste Pons, aunque Rajoy llevara tres años en Moncloa –si bien a Susana Díaz estuvo al frente de Andalucía hasta 2019–.
¿Y qué ocurrió en 2014, con Rajoy en el Gobierno? Que fue cuando la Comisión Europea inició el procedimiento de infracción contra España que acabó con la condena de 2021 tras llevar el caso al TJUE en 2019.
Vigilancia europea
Tras la advertencia a España para que cumpla con la sentencia de Luxemburgo el pasado mes de julio, la Comisión Europea ha ido monitorizando las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para tratar de aliviar las consecuencias del expolio del agua en el Parque Nacional, entre ellas el Plan Hidrológico del Guadalquivir, un paquete de actuaciones estratégicas para el Parque de Doñana y un programa de inversiones que han permitido el cierre de 500 pozos ilegales, según relató esta semana la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.
El contacto entre el Gobierno y la Comisión es constante. De ahí que Bruselas enviara una dura carta el pasado 17 de marzo en la que rechazaba de plano la proposición de ley impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz. La misiva, firmada por la directora general de Medio Ambiente, señalaba que, de aprobarse en esos términos, supondría una “violación flagrante” de la sentencia por la que España ya fue condenada. Es decir, la ley andaluza agravaría aún más la situación.
Lo que el Ejecutivo comunitario reitera por distintas vías –ruedas de prensa o preguntas parlamentarias– es que usará “todos los medios a su alcance” para hacer cumplir ese fallo judicial. A lo que se refiere es a que, una vez analizadas las medidas que España haya puesto en marcha o no, decidirá si inicia un proceso de infracción, cuyo culmen es volver al TJUE para que esta vez imponga sanciones económicas. En Bruselas, que analizan ahora la respuesta del Gobierno a esa carta, no se atreven a poner plazos a sus próximas decisiones, pero el proceso es largo.
“Los regadíos están a 30 kilómetros de Doñana”
El presidente de Andalucía, Juan Moreno Bonilla, sostiene que “los regadíos están a 30 kilómetros de Doñana”, lo que significaría que “no se toca un centímetro cuadrado del Parque”, por lo que “no se usará agua de Doñana”.
Este argumento obvia que Doñana no es un compartimento estanco, y las decisiones que se toman en el entorno afectan a todo el ecosistema.
La Junta también dice que “no habrá una amnistía”, aunque sí legaliza cultivos que hasta ahora eran al menos 'alegales' estás amnistiando prácticas incorrectas.
El PP andaluz también dice que “no habrá permisos para nuevos pozos”, pero no dice que donde se quiere ampliar el regadío ya hay pozos ilegales. Y los permisos de agua no los da la Junta, sino la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Pero, ¿quién garantiza que en cuanto se legalice el regadío dejan de usar esos pozos?
En efecto, no es viable legalizar nuevos pozos: el agua de superficie que se pueda aportar a ese territorio está ya comprometida en un plan hidrológico en el que la Junta de Andalucía participó. Además, parte de una propuesta contraria a la sentencia por la que España ha sido condenada.
Trasvase de ríos en apuros
La Junta de Andalucía también habla de que la solución pase por el trasvase del Tinto, Odiel y Piedras. Pero resulta que la zona que tiene que ceder recursos para mejorar Doñana no los tiene garantizados para sí misma a día de hoy, lo que haría imposible este trasvase.
La ley propuesta, además, regulariza tierras para cultivo y deja para después cómo se va a poder regar. Es decir, primero se autoriza el regadío y luego ya se verá.
Moreno Bonilla se pone de perfil ante un Parlamento que controla
El Ejecutivo andaluz no para de decir que el proyecto es algo que está tramitando el Parlamento, y deja en sus manos qué pasará, aunque tenga mayoría absoluta en la Cámara andaluza y el proyecto sea del PP.
Y no es casual: el procedimiento elegido sortea la obligación de pedir un informe preceptivo, pero no vinculante, al consejo de participación de Doñana.
Preocupación de la Unesco
La Unesco está “preocupada” por los cambios en la normativa de regadío de la zona de Doñana, hasta el punto de que su Comité de Patrimonio Mundial de la Humanidad estudiará en su próxima reunión la situación del Parque Nacional, que se plantea incluir en su lista de patrimonio en peligro, un debate que tendrá lugar durante una reunión del organismo que se celebrará en Arabia Saudí a finales del verano.
La inclusión de Doñana en esa lista supondría que la UNESCO equiparara el riesgo que corre el parque con el del centro histórico de Odesa (Ucrania), por ejemplo, a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. Sólo 55 territorios en todo el mundo están incluidos en la lista de patrimonio en peligro de la UNESCO. En la UE solo hay otros dos: los monumentos medievales de Kosovo (Serbia) y el paisaje minero de Rosia Montana (Rumanía).
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura recuerda que, en los últimos años, este mismo comité ha expresado “constantemente su preocupación por la sobreexplotación del acuífero de Doñana y sus posibles repercusiones”, ya que el parque fue declarado patrimonio de la humanidad por la Unesco en 1994.
“La creciente desecación de las masas de agua de la zona está afectando directamente a las poblaciones de aves acuáticas y se ve agravada por la reciente sequía excepcional y pone en grave riesgo la excepcional biodiversidad del Parque Natural de Doñana”, recalcaban recientemente a EFE fuentes de la Unesco.
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