El primer pleno del Congreso ha aprobado este martes la petición del PSOE y los nacionalistas catalanes y vascos de crear una comisión de investigación sobre el supuesto “uso partidista” de los medios del ministerio con “fines políticos” por parte del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, quien se ha ausentado de su escaño durante el debate parlamentario.
La Cámara ha aprobado la propuesta con 206 votos a favor; 136 en contra –del Grupo Popular– y dos abstenciones. Así, el PP se ha quedado solo en su defensa del ministro Fernández Díaz –el portavoz Rafael Merino llegó a recurrir al exministro José Luis Corcuera, a ETA y a Venezuela en su intervención–, y el resto de los diputados han irrumpido en una sonora ovación tras el resultado de la votación.
Grabaciones reveladoras
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, trató de fabricar escándalos contra partidos y cargos independentistas junto al director de la Oficina Antifraude de Catalunya, Daniel de Alfonso, en las vísperas del proceso participativo del 9-N. Según unas grabaciones reveladas por el diario Público, los dos hombres maquinaron en busca de casos de corrupción, reales o figurados, que pudieran involucrar a independentistas, como el padre y hermano del líder de ERC, Oriol Junqueras, o los consellers de Convergència, Felip Puig y Francesc Homs.
En las grabaciones se escucha una larga conversación entre Fernández Díaz y De Alfonso, en el que el segundo explica que está investigando el entorno familiar de Junqueras en busca de escándalos que puedan ser publicados en medios del grupo Planeta. “Nosotros estamos investigando cosas de Esquerra, pero son muy débiles. Esa es la verdad, ministro”, asegura el director de Antifrau. Según las conversaciones, las confabulaciones se centraron en adjudicaciones del gobierno tripartito, supuestas compraventas de terrenos del padre de Junqueras o promociones laborales de familiares del entonces conseller de Empresa, Felip Puig.
El ministro, si da tiempo a que la comisión se ponga en marcha y sea citado antes de una hipotética disolución de las Cortes el 31 de octubre si no hay investidura, estará obligado a acudir.
La iniciativa, además de por los grupos que la solicitan, ha sido respaldada por Ciudadanos y Unidos Podemos-En Comú-En Marea, y que viene motivada por la difusión de las conversaciones privadas entre Fernández Díaz y el exjefe de la Agencia Antifraude catalana Daniel de Alfonso sobre casos de corrupción que afectan a políticos nacionalistas catalanes.
La iniciativa propone que durante al menos tres meses esta comisión parlamentaria investigue estas conversaciones, así como la utilización de los efectivos, medios y recursos de las fuerzas de seguridad “con fines políticos” por parte de Fernández Díaz para “obstaculizar los escándalos de corrupción del PP”. También, que la comisión pruebe si desde Interior se han filtrado a los medios de comunicación “supuestas” informaciones elaboradas por este departamento con el objetivo de actuar judicialmente contra determinados partidos.
El texto aprobado reclama además que se investigue a algunos mandos de la cúpula de la Policía Nacional que considera “relacionados con escuchas y practicas ilegales” e integrantes de “una verdadera policía política inadmisible en un Estado de Derecho”.
Según la proposición presentada, el PSOE solicita que la comisión esté compuesta por tres miembros de cada grupo parlamentario de más de 100 miembros, dos representantes de cada fuerza con más de 50 y un miembro de los restantes grupos.
Jorge Fernández Díaz aseguró la semana pasada que respeta las iniciativas de todos los grupos, pero que tildó de “infamia intolerable y lamentable” las acusaciones de que las fuerzas de seguridad trabajan a sus órdenes para “tapar” la corrupción del PP. “Es una infamia que no puedo aceptar desde ningún punto de vista; es una ofensa a la Policía, la Guardia Civil y también a la Fiscalía y los jueces bajo cuya dirección y coordinación actúan”, zanjó.