El comisionista Luceño traslada al juez del caso mascarillas que no puede pagar la fianza de 4 millones

Alberto Javier Luceño Cerón, imputado en el caso mascarillas, ha trasladado al juez que no puede satisfacer la fianza de más de 4 millones de euros que fijó el instructor después de los primeros embargos practicados al comisionista, según un escrito de su defensa presentado hoy en el juzgado y al que ha tenido acceso elDiario.es.

“Por medio del presente escrito, muy respetuosamente, venimos a comunicar al Ilmo. Juzgado la imposibilidad del señor Luceño de atender a la fianza impuesta, sin perjuicio de los bienes y saldos en cuentas corrientes ya embargados, si bien, tan pronto se disponga de patrimonio se atenderá a la solicitud”, reza el citado escrito de fecha 4 de mayo.

El juez del caso mascarillas, Adolfo Carretero, dio ayer martes un plazo de 48 horas al comisionista Alberto Luceño para que preste una fianza de 4.023.966,94 euros. En el caso de que no aportara la citada cantidad, el juez preveía que se embargasen “los bienes que se encuentren a nombre del mencionado, así como de la mercantil [Takamaka]”.

En un auto del pasado 29 de abril, notificado ayer, el magistrado Carretero hace un repaso de los embargos practicados hasta la fecha a Luceño: un inmueble valorado en 1.107.400 euros, diversos vehículos valorados en 946.136,66 euros y el saldo de sus cuentas corrientes por importe de 1.219.140,70 euros. Como la fianza establecida es de 6.206.644 euros, el juez calcula que restan por aportar los 4,03 millones de euros referidos, tal y como solicitaba la Fiscalía Anticorrupción.

Del mismo modo, el juez advertía de que se trata de “una fianza solidaria”, por lo que Luis Medina debería responder por Luceño si éste no satisfacía la cantidad requierida, como es el caso. En el supuesto de que tampoco se encuentren bienes para embargar a Luis Medina, la cantidad impuesta a Luceño puede ampliarse, añadía el magistrado Carretero.

En el mismo auto, el juez oficiaba igualmente al Punto Neutro del juzgado para que informe de los bienes patrimoniales de Luceño, así como a la Agencia Tributaria “para que lo haga de cuantos bienes muebles de valor e inmuebles tenga en el extranjero”. El magistrado solicita lo mismo para la mercantil Takamaka, propiedad del investigado Luceño.