Las malas compañías de Emissão, la empresa brasileña con la que Ignacio González desvió dinero del Canal

Surgió como un pequeño desafío de ingeniería y ha terminado ascendiendo posiciones siempre a la sombra del poder, tejiendo una peligrosa red de contactos, y conservándolos. Todo es turbio alrededor de Emissão, la empresa brasileña de aguas que compró el Canal de Isabel II en 2013 en una operación que ha llevado al banquillo al expresidente madrileño Ignacio González, al que la Fiscalía pide ocho años de cárcel.

Junto a él está acusado Sebastião Cristovam, el fundador de Emissão, cuyas relaciones han sido claves en la consecución de contratos públicos de gestión de abastecimiento de agua y de alcantarillado por todo Brasil. Él se enfrenta a una petición de seis años de cárcel.

Su amistad con el diputado estatal Iranildo Campos fue lo primero que le comenzó a abrir puertas. Campos se estrenó en el mundo de la política en el municipio de São João de Meriti, en 1988, tan solo dos años antes de que Sebastião Cristovam –que por aquel entonces trabajaba como coordinador general del contrato de la empresa COMSIP con la compañía estatal de aguas, CEDAE– colocara los cimientos de Emissão, su proyecto personal (1990). Este diputado es el gran valedor de Cristovam en los pasillos de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ), engangrenada por las milicias paramilitares, y mantiene relación cercana –apoyándoles en varios momentos claves– con el ramillete de diputados más temidos de toda la Cámara: Domingos Brazão, Jorge Picciani, Paulo Melo y Edson Albertassi.

El primero de ellos, Brazão, es, para la Fiscalía General del Estado, el principal sospechoso de ordenar los asesinatos de la concejala carioca Marielle Franco y su chófer, Anderson Gomes. Los otros tres (Picciani –expresidente de la ALERJ–, Melo y Albertassi) fueron condenados y encarcelados por corrupción pasiva, lavado de dinero y organización criminal en torno a los contratos que regían el transporte público intermunicipal en Río de Janeiro. El propio Campos es uno de los diputados que está siendo investigados por el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) por movimientos bancarios sospechosos.

La conexión entre la empresa Emissão y el ala más dura de la Asamblea Legislativa de Río es tan clara y consistente que ya en 2011, a través de la resolución nº 504/2011, a Sebastião Cristovam le fue concedida la Medalla Tiradentes, el máximo reconocimiento que puede otorgar esta Cámara a un ciudadano. Un honor al alcance de muy pocos.

En el estado de Río de Janeiro no es fácil sacar adelante un proyecto empresarial al margen de la habitual manera de conseguir adjudicaciones de contratos públicos. Ese acceso a las grandes licitaciones incluye habitualmente los sobornos que recoge el documento de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los informes entregados al juez del caso Lezo. El texto hacía referencia a un informe preliminar de la consultora KPMG, que intervino en la compra de Emissão. Una de las directoras de la empresa brasileña, Alexandra Rana, ha reconocido comisiones ilegales a políticos que oscilan entre el 6 y el 15% del valor de cada contrato.

Ignacio González y el Canal de Isabel II se interesaron por Emissão justo cuando se elevaba el tono del debate del monopolio de la Companhia Estadual de Águas e Esgotos (CEDAE) en el estado de Río de Janeiro, actualmente en vías de privatización. Sucede lo mismo en el resto de estados brasileños, comenzando por los otros dos más importantes la región sudeste, los que más interesan a Emissão: São Paulo y Minas Gerais. 84 millones de habitantes –más del 40% de la población del país– se concentran entre estos tres territorios.

Eran los años previos a la Copa del Mundo 2014 y a los Juegos Olímpicos de 2016. Semanas antes del encendido de la antorcha olímpica, una crisis económica que no sorprendía a nadie obligaba al gobernador a decretar el estado de calamidad pública. Cuando los deportistas abandonaron la “ciudad maravillosa” y las instalaciones quedaron vacías, el flujo de caja de la compañía estatal de aguas no permitía ni comprar contadores para algunos de los municipios. Una oportunidad inmejorable para invertir en una empresa privada destinada a competir con la CEDAE.

Un negocio al amparo de las concesiones públicas

Emissão, debido al monopolio de las compañías públicas regionales, estaba destinada a funcionar con perfil bajo. Antes de pugnar mano a mano con las empresas públicas en la gestión del agua y alcantarillado de los municipios, ya trabajaba para ellas, como prestadora de servicios. También elabora proyectos de ingeniería civil e infraestructuras, habitualmente orientados a la construcción y tratamientos de la red de alcantarillado, como por ejemplo en los municipios de Nilópolis, Magé, Vassouras, Angra dos Reis y São João de Meriti, todos ellos en el estado de Río de Janeiro.

Sin embargo, el principal negocio de Emissão es la administración de concesiones públicas y privadas de aguas y alcantarillados. En el último lustro han conseguido acceder a concesiones más interesantes económicamente, por tratarse de municipios más poblados. Participa o ha participado directa e indirectamente en las gestiones del suministro de agua y del alcantarillado en Sabinópolis (Minas Gerais, 15.000 habitantes), Jardinópolis (São Paulo, 43.000 habitantes), Manhuaçu (Minas Gerais, 90.000 habitantes) y, sobre todo –por la repercusión que ha tenido– Guapimirim (Río de Janeiro, 60.000 habitantes).

La preparación política del camino hacia los contratos públicos no han derivado, tal y como ha quedado demostrado, en la mejora de los servicios de la empresa brasileña del Canal de Isabel II. Allí, en Guapimirim, en pleno Parque Nacional de la Serra dos Orgãos, se fueron apilando las controversias.

Emissão funciona en Guapimirim con una de sus filiales: Fontes da Serra. A través de ella gestionaba –en lugar de la CEDAE– el sistema y servicio de abastecimiento de agua en la localidad. Los últimos años han sido especialmente convulsos en cuanto a averías y cortes de suministro. Desde 2015, los vecinos de Guapimirim venían alzando la voz por el bajo rendimiento de la gestión de la filial de Emissão. El agua era captada en el río Soberbo, pero, según los vecinos, faltaba suministro incluso cuando llovía.

En septiembre de 2017 el Ayuntamiento de Guapimirim les dio un ultimátum de cinco días para presentar soluciones de urgencia a los problemas de falta de suministro, así como un “cronograma de inversiones a corto y medio plazo”. De nada sirvió. El mal funcionamiento de la red de agua continuó, hasta que en los primeros días de 2019 los grifos secos de la población de Guapimirim en pleno verano tropical saltaron a la televisión.

Una de las primeras apariciones públicas de Wilson Witzel, recién elegido gobernador, fue precisamente desde esa localidad, señalando con vehemencia a Emissão y su filial, Fontes da Serra, por estar “incumpliendo el contrato”. El gobernador les acusó también de falta de mantenimiento: “Deberían mantener los filtros limpios, deberían invertir en mejoras en las condiciones del abastecimiento de agua”.