Él era miembro de la Policía Nacional en la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid. Su pareja y su cuñada eran abogadas especialistas en extranjería. Y su compinche era una funcionaria del Estado adscrita al mismo departamento. Entre los cuatro, según la Justicia, consiguieron el desembolso de miles de euros de una veintena de personas migrantes a cambio de falsificar para ellos los permisos de residencia o de regreso que necesitaban. Algunas personas que pagaron por esa documentación también se sentaron en el banquillo pero fueron finalmente absueltos después de que los jueces determinasen que ellos pensaban que sus documentos “habían sido legalmente tramitados” y otros aceptaron una condena tras un acuerdo con la Fiscalía.
Los hechos, según la sentencia del Tribunal Supremo a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron en Madrid entre 2006 y 2008. El funcionario de Policía Nacional estaba destinado como jefe de mantenimiento de informática en la Brigada Provincial de Extranjería y su entonces pareja, abogada especializada en extranjería, se dedicaba entre otras cosas a conseguir permisos de residencia o regreso para ciudadanos extranjeros. Ella recibía los encargos y él, desde la Brigada, era el encargado de hacer los trámites saltándose los pasos del procedimiento y conseguir los papeles. Su hermana, también abogada especializada en asuntos de extranjería, hizo por su parte varios encargos similares.
Unos papeles en los que el policía estampaba la firma escaneada del Comisario Jefe sin que él supiera nada. La cuarta integrante del grupo era una funcionaria del Estado, auxiliar administrativo, destinada en la Brigada Provincial de Extranjería que también gestionaba el fichero Adexttra –el registro central de extranjeros– de manera fraudulenta para poder obtener estos documentos saltándose varios trámites: no tenían ni visado ni el informe policial preceptivo ni tampoco una resolución favorable o desfavorable de la Delegación del Gobierno.
Toda esta falsificación de documentos no era altruista. Las abogadas cobraban a sus clientes por estas gestiones ilegales cantidades que en uno de los casos alcanzaron los 10.000 euros desembolsados. En total la sentencia declara probado en firme que entre los cuatro tramitaron de manera irregular más de veinte permisos de residencia o regreso entre 2006 y 2008 y que cobraron cantidades que, sumadas, casi alcanzan los 20.000 euros en total. Los investigadores pusieron la lupa sobre más operaciones con distintos abogados pero la Justicia no ha encontrado pruebas de que fueran ilegales.
Una veintena de personas se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid y varios llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la entrada en prisión mientras otras personas fueron absueltas finalmente en primera instancia. Ahora ha sido el Tribunal Supremo el que ha sentenciado en firme el caso y ha confirmado las condenas de los cabecillas del grupo: dos años y dos meses de cárcel para el funcionario de Policía Nacional, un año y un mes para la abogada, un año y siete meses para su hermana y tres años y un mes para la otra funcionaria de Extranjería que participó en las falsificaciones e irregularidades.
La sala de lo penal del Tribunal Supremo, con el magistrado Pablo Llarena como ponente, ha ratificado sus condenas que en los cuatro casos incluyen inhabilitación para ejercer un cargo público o como abogada, además de multas que oscilan entre los 270 y los 1.350 euros. El policía y la funcionaria son condenados por un delito continuado de falsedad en documentos oficiales en concurso con otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros mientras que las abogadas son consideradas cooperadoras necesarias de estos delitos. Algunas de las personas que pagaban, razona la sentencia, pensaban que “los documentos eran auténticos y veraces y habían sido legalmente tramitados”. La causa arrancó en 2007 y ha tardado catorce años en ser sentenciada en firme, lo que se traduce en una atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas.
Cambio de contraseñas
Tanto el policía como la abogada han reconocido su participación en los hechos aunque tanto él como su cuñada y la otra funcionaria condenada llevaron su caso hasta el Tribunal Supremo. Los magistrados de lo penal, con el apoyo de la Fiscalía, rechazan todos sus argumentos y entienden que han sido condenados con pruebas suficientes y que, además, sus condenas de cárcel han sido correctamente calculadas e impuestas. En el caso del funcionario policial, por ejemplo, los jueces explican que la Audiencia de Madrid no fue más allá de la acusación de la Fiscalía a la hora de condenarle.
Tanto la otra funcionaria como la abogada denunciaban también que habían sido condenadas sin pruebas suficientes. Los jueces contestan a la primera que casi todos los implicados han reconocido los hechos y rechazan su versión: que ella no sabía nada y que el policía utilizó sus claves para entrar en el programa de gestión de estos asuntos sin su conocimiento.
Los magistrados entienden que eso no es viable teniendo en cuenta que cada 20 días los trabajadores del departamento tenían que cambiar sus claves de acceso, para lo que necesariamente tenían que conocer la clave anterior. En estas circunstancias, dice el Supremo o fue ella quien introdujo las modificaciones fraudulentas en los expedientes o fue ella quien dio sus claves al policía “para que se abordaran las alteraciones que él mismo ha reconocido haber realizado”, pero en ningún caso sucedió a sus espaldas. Además, recuerdan los jueces que los hechos han sido reconocidos por sus compinches: “No solo por la abogada que los impulsó, sino por el técnico informático que introdujo muchos de los datos falsos, así como por los extranjeros que fueron indebidamente favorecidos, quienes admitieron no cumplir los requisitos legales”.
Una respuesta similar a la que recibe del Supremo una de las abogadas condenadas. Alegaba la ausencia de pruebas de cargo contra ella y los jueces recuerdan que varias de las personas que pagaron reconocieron que ella fue quien hizo las gestiones a cambio de miles de euros. Para los magistrados “el relato de hechos probados proclama que la recurrente, conocedora de que sus clientes carecían de los requisitos para obtener la autorización de residencia, facilitó al funcionario de Extranjería la identidad de estas personas, y obtuvo para ellos los documentos falseados emitidos a su nombre”.
Casos similares
La sentencia firme a la que ha tenido acceso este diario no es la única que declara probado que miembros de la Policía Nacional se han dedicado a hacer gestiones ilegales a cambio de dinero para ciudadanos. Tal y como reveló elDiario.es hace unas semanas, un antiguo inspector jefe de la Policía Nacional destinado en Carabanchel ha sido condenado en firme a pagar una multa de 3.900 euros por hacer consultas ilegales en bases de datos policiales sobre los antecedentes de las personas que pagaban. Una de las consultas sobre antecedentes penales y órdenes de búsqueda y captura se hizo a petición de un estafador condenado en Francia, que quería saber si podía renovar el pasaporte en una comisaría sin ser detenido.
Otro caso similar fue juzgado en Barcelona hace ahora un año. Un subinspector de Policía Nacional destinado como jefe de Extranjería en Terrassa fue acusado de cobrar cantidades de entre 7.000 y 10.000 euros a migrantes a cambio de gestionar y obtener su permiso de residencia en nuestro país. En algunos casos, confeccionó según la Fiscalía que sus clientes habían sido víctimas de una red de tráfico ilegal de personas para facilitar la residencia. Finalmente fue condenado a 8 años de prisión.