La Comisión de Justicia del Congreso aprueba los cambios en la ley de amnistía

La Comisión de Justicia del Congreso ha dado luz verde al dictamen de la ley de amnistía. Tras el acuerdo anunciado entre el PSOE, Junts y ERC, la tramitación parlamentaria de la medida de gracia sigue adelante y será definitivamente aprobada en Pleno extraordinario el próximo jueves 14 de marzo. Los únicos votos en contra han sido los de los grupos parlamentarios de PP y Vox.

El texto ya recoge oficialmente, por tanto, las modificaciones introducidas como fruto de la negociación entre los socialistas, los republicanos y los de Carles Puigdemont en las últimas semanas. Unos cambios que se centran en referenciar los delitos de terrorismo y traición al derecho comunitario e internacional y excluir las menciones al Código Penal, y que además diferencian también en el tipo penal de la malversación el enriquecimiento personal del desvío de dinero para actos relacionados con el procés.

Después de que Junts tumbara en Pleno la votación de la ley por considerar que el anterior redactado no reunía todas las garantías necesarias para que líderes independentistas como Carles Puigdemont o Marta Rovira pudieran acogerse a la amnistía, los casos que no quedarán amparados por la futura norma han sido el meollo de las negociaciones durante los últimos meses. Y más concretamente, las exclusiones relacionados con los delitos de terrorismo.

En la redacción final, tanto el terrorismo como la traición siguen apareciendo en la ley como delitos no amnistiables en determinados supuestos, algo que Junts rechazaba de plano hasta el momento. Tras los pasos dados por el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y el Tribunal Supremo, que decidió abrir una causa por terrorismo contra Carles Puigdemont en el caso Tsunami Democràtic, la solución plasmada por el PSOE y Junts en la enmienda registrada este jueves consiste en eliminar las referencias al ordenamiento jurídico español para hacerlo, directamente, al europeo y al internacional.

Antes de la Comisión, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha defendido este jueves en el Congreso el acuerdo alcanzado entre el PSOE, Junts y ERC para desbloquear la ley de amnistía como una buena noticia que “pone fin a una década de fracaso colectivo” y abre paso a una etapa de “diálogo, de hacer política dentro de las instituciones y de la Constitución”. 

Bolaños no ha querido pronunciarse sobre si los cambios introducidos en el texto garantizan que dirigentes como el expresident, Carles Puigdemont, puedan beneficiarse de la norma. “No responderé sobre ninguna persona concreta, son los jueces los que tienen que pronunciarse. La voluntad de todos los que hemos acordado esta ley es que todas las personas implicadas en el procés independentista queden amnistiadas, todas”, ha dicho.

Desde ERC, la portavoz parlamentario Teresa Jordá también ha celebrado el impulso definitivo a la ley de amnistía, aunque ha lamentado “haber perdido un mes y medio”. En opinión de los republicanos, “la ley ya era una ley robusta y sólida y con toda la seguridad jurídica, y que acogía a todas las personas que considerábamos que tenían que amnistiarse. Y hoy decimos lo mismo”.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reivindicado la decisión de su partido de no apoyar la proposición de ley de amnistía el pasado 30 de enero, porque esto ha permitido que, “ahora así”, se haya pactado con el PSOE y ERC una norma “integral, para todo el mundo y de aplicación inmediata”. “Ahora los jueces tienen que elegir si aplicar la ley o prevaricar”, ha añadido.

“Cuando Junts vota no es porque tenemos motivos para votar que no. Igualmente, cuando Junts vota sí es porque tiene motivos para votar que sí. Y cuando hay que tomar decisiones que son difíciles, que son complicadas, pero que son necesarias, también lo hacemos”, ha enfatizado.

En declaraciones en el Congreso, la diputada independentista ha hecho hincapié en que esta norma se tiene que aplicar, con lo que, si algún juez pretende no hacerlo, estará “prevaricando”. Nogueras ha puesto en valor los cambios introducidos en materia de terrorismo, traición y malversación. “Esta ley, a diferencia de la del 30 de enero, corta de raíz la posibilidad de que la cúpula judicial española siga avanzando en sus fabulaciones. Un terrorista no es aquella persona que ejerce su derecho a la manifestación”, ha remarcado.