“¿Para qué sirve un Gobierno que deja tirados a los más desfavorecidos: a las niñas tuteladas del Gobierno de Baleares que fueron prostituidas y se niegan a investigarlo, a la menor abusada por el marido de [la vicepresidenta de la Generalitat valenciana] Mónica Oltra mientras el Gobierno socialista valenciano lo ocultaba, a un niño de una indultada por usted que ocultaba agresiones sexuales?”, le preguntó el líder del Partido Popular, Pablo Casado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una de las últimas sesiones de control al Ejecutivo. El líder de la oposición tomó como referencia al auto de un juez plagado de omisiones y medias verdades que denegó el indulto a Juana Rivas apuntando a unos supuestos abusos no probados en ninguna instancia judicial y que la Guardia Civil ha descartado.
“Tanta chorrada de niñes y de huelga de juguetes y de bollos y dibujos en euskera [sic] pero usted deja desprotegidos a los menores y, además, con su despilfarro les quita la educación y el futuro de las pensiones”, prosiguió Casado antes de cerrar parafraseando unas palabras que dirigió el propio Sánchez a Rajoy durante una visita a las inundaciones de Zaragoza en 2015: “¿Qué coño tiene que pasar para que usted asuma alguna responsabilidad?”
En esa misma sesión, que las derechas quisieron centrar en el caso de la familia de Canet de Mar (Barcelona) que pidió que su hija recibiese clases en castellano –demanda que le fue concedida el pasado 23 de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la conocida cuota del 25%–, y que ha denunciado haber sido por ello víctima de acoso y amenazas, Vox sostuvo que “la izquierda radical catalana no tiene ningún interés cinegético pero se encarniza en la caza con un niño, con el miserable apoyo de los dirigentes de la Generalitat y la pasividad del Gobierno”.
“Todos ustedes son padres y ni siquiera un niño de cinco años les conmueve”, les dijo el diputado de la extrema derecha Julio Utrilla a las bancadas de PSOE, Unidas Podemos y las fuerzas independentistas. “Hoy no caben las medias tintas, o se está con la libertad y la ley o la opresión y la delincuencia. Elijan bando”, les pedía. “O con el niño y su familia o con los nazis que les señalan y les acosan. Seguro que algunos de ustedes tirarán de demagogia barata para acusarnos de atacar la convivencia. Eso mismo decían en los guetos judíos los colaboracionistas con los nazis. No os rebeléis que tomarán represalias”, añadía, tratando de hacer una analogía con la II Guerra Mundial. Ese mismo discurso fue comprado por el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz, quien aseguró que “tras las aberraciones que se produjeron en el siglo XX”, los independentistas “cambiaron la raza por la lengua para disimular, con el objetivo de depurar la sociedad catalana”.
La larga batalla que desde 2018 mantienen las tres derechas –PP, Vox y Ciudadanos– por intentar atraer al electorado más conservador ha multiplicado los decibelios en el Congreso. Las actas de las sesiones son una retahíla de descalificaciones hacia el Gobierno y el resto de las fuerzas del Parlamento en medio de una escalada que no tiene muchos precedentes en la historia de la institución. Las derechas pugnan por atraer los focos de los medios y las redes sociales a base de barbaridades, ataques de trazo grueso o directamente mentiras desde el atril, las tribunas y la sala de prensa del Congreso de los Diputados.
En la últimas semanas, los acuerdos alcanzados por el Gobierno con fuerzas nacionalistas e independentistas, que le permitieron aprobar los Presupuestos Generales del Estado con una amplia mayoría de 188 diputados, han incrementado el ruido pero la estrategia viene de muy atrás. Desde el inicio de la legislatura, PP, Vox y Ciudadanos han considerado al Ejecutivo como “ilegítimo” por sus acuerdos parlamentarios con PNV –con quien también había pactado el PP de Rajoy y Aznar– pero sobre todo con ERC y EH Bildu.
España, dictadura en la que los terroristas campan a sus anchas
Tanto Casado como Abascal y en menor medida Arrimadas presentan a España como una dictadura, donde terroristas y enemigos del Estado no solo campan a sus anchas sino que se hacen fuertes en las instituciones para castigar al autodenominado “constitucionalismo”. ETA, Venezuela, Cuba o una supuesta falta de libertades son los mantras que repiten desde el inicio de la legislatura, y han vuelto a utilizarse por estos partidos para atacar a Pedro Sánchez y sus ministros.
“Usted, señor Marlaska le regala la derogación de la ley de seguridad ciudadana al conjunto de la extrema izquierda de esta Cámara, a esos que dicen sentir emoción cuando ven patear a un policía en el suelo, a esas ministras que dicen alegremente que la Policía es de extrema derecha, a esos que envían a sus gorilas a apedrear a ciudadanos que asisten a los actos de Vox, a esos que durante años hicieron del crimen su profesión y hoy son los socios preferentes de este Gobierno, a esos ministros comunistas con cartera en el Consejo que se atreven sistemáticamente a jalear cualquier forma de terrorismo callejero, y, en definitiva, a una chusma violenta que sigue pretendiendo algún día poder quemar vivo a un policía”.
En estos términos intervino el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro el pasado 1 de diciembre durante una pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska sobre la 'ley mordaza'. En la sesión se pudo escuchar a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, asegurar que “España lidera la miseria” en Europa, o al de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, afirmar que “los sindicatos ya no representan a los trabajadores” y que, a la clase obrera, “solo le queda Vox”.
Esta misma semana, con motivo de la celebración del acto por el 43º aniversario de la Carta Magna, Pablo Casado afirmó que “Sánchez es el que más ha atacado la Constitución en los últimos 40 años”. Y Macarena Olona, de Vox, tildó de “insulto para los españoles y para la democracia” la presencia del Gobierno en el acto que tuvo lugar en el Congreso.
En el Pleno del 30 de noviembre, el debate sobre la toma en consideración de una Proposición de Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo, presentada por Ciudadanos, y que fue ampliamente rechazada por la Cámara Baja, volvía a dar pie a las derechas para desplegar esa estrategia contra el Gobierno. Guillermo Díaz, defensor de la iniciativa por parte del partido de Inés Arrimadas, aseguró que existe por parte de la Moncloa una “cirugía estética para borrar a ETA” y el Gobierno trata de “someter” a la sociedad española a una “lobotomía moral”.
Para Ciudadanos, “Bildu es el heredero de ETA”. “El verdadero precio de los Presupuestos es éste: ETA no existió”, afirmó Díaz, para sostener después que el Ejecutivo “pacta con asesinos”. “Alguien ha descolgado el teléfono”, añadió, tratando de relacionar el comunicado de los presos de ETA de ese mismo lunes, en el que anunciaron su pretensión de poner fin a los homenajes públicos a los reclusos que salgan de prisión, con su proposición de ley. “Traemos una ley para prohibir los homenajes a asesinos y el PSOE llama a los asesinos para que no organicen homenajes públicos”, dijo. En ese momento, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le llamó la atención, pidiéndole no insultar a ningún miembro del Congreso.
Pero, a renglón seguido, se expresaba en términos similares el diputado del PP Jaime Mateu, víctima del terrorismo, que calificó de “miseria humana” a los partidos del Gobierno. “Todavía en este hemiciclo hay un hedor irrespirable porque los Presupuestos se han aprobado con el voto de los herederos de ETA”, añadió. “Para mí ustedes tienen las manos manchadas de sangre”, aseguró, por su parte, el diputado de Vox Antonio Salvá.
Una semana antes, en la que el Pleno del Congreso estuvo centrado en el debate de los Presupuestos, los 32 diputados del PP que intervinieron durante la sesión siguieron al dedillo los argumentarios internos enviados por la dirección de Pablo Casado, que pide atacar constantemente al Ejecutivo en plena batalla interna con las representantes del ala más radical del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la diputada y exportavoz parlamentaria, Cayetana Álvarez de Toledo. Según esa tesis, una amplia mayoría del Congreso está tomada por delincuentes o cómplices de ellos.
El lunes 22 de noviembre, nada más iniciarse el Pleno presupuestario, el diputado popular Víctor Píriz habló de los “tics autoritarios” de una coalición de Gobierno que suma, entre PSOE y Unidas Podemos, 155 escaños en el Parlamento y que, por tanto, está obligada a tejer alianzas y ceder en las negociaciones. Pese al acuerdo de Presupuestos para el año próximo que augura una legislatura completa al Gobierno de Sánchez, Píriz hizo su particular diagnóstico. Ve un Ejecutivo que está “acabado” y “arrugado” cuyas políticas “solo traen pobreza y miseria” y que está “comprometido con el radicalismo”. Los Presupuestos, para el diputado popular, son un “trampantojo de las verdaderas intenciones dictatoriales” del Gobierno, que pacta con quienes “no condenan el terrorismo”, en alusión a EH Bildu, y con los que “quieren destruir España”, refiriéndose al resto de fuerzas independentistas.
En esa misma sesión, otro diputado del PP, Tomás Cabezón, aseguró que la principal “seña de identidad” del Gobierno es el “autoritarismo” y que sus políticas son “propias de regímenes dictatoriales”. Se trata, según él, de un Gobierno “tramposo” e “hipócrita”.
Edmundo Bal: “El Gobierno no tiene corazón”
También en el Pleno de hace tres semanas el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, aseguró que “el Gobierno no tiene ni corazón ni vergüenza” y su compañera de filas, María Muñoz Vidal, sostuvo que el de Pedro Sánchez es un Ejecutivo “autocratista” que ha perpetrado un “atropello democrático” por tratar de asegurarse los apoyos para aprobar los Presupuestos. Sergio Sayas, de UPN, afirmó, por su parte, que el Gobierno es una “mentira” y un “insulto a la democracia” e Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, afirmó que, por culpa de Sánchez y los suyos, España vive su “peor momento”, con “una crisis económica gravísima”.
En la misma línea se manifestaron en las sesiones del martes 23 de noviembre, miércoles 24 y jueves 25. El PP sostuvo que los Presupuestos “son todo mentira” en “el peor momento de la historia democrática”, asegurando que los fondos europeos de los que dispone el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias de la pandemia “irán a regímenes dictatoriales”. Desde Ciudadanos, el diputado Guillermo Díaz acusó a Sánchez de “instalar la carcoma en las instituciones” o de tratar de afirmar que “ETA no existió” y, por parte de Vox, Francisco Contreras apuntó que “el PSOE actual se está podemizando y asumiendo la visión de la historia de Podemos según la cual la Transición fue la continuación del franquismo por otros medios”.
La crispación sin límites que las derechas han instalado en el Parlamento llegó a su punto más alto el 24 de noviembre, cuando el diputado socialista Odón Elorza mostró su hartazgo por la permanente utilización del terrorismo y, en una encendida intervención en la que recordó a varios de sus compañeros de partido asesinados por ETA, les espetó: “No sean tan miserables, dejen ya en paz el terrorismo de ETA. ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas. Ya está bien. Aquí lo que hay es franquistas y unas derechas de vocación golpista”.
A continuación tomó la palabra el diputado de Vox Juan Luis Steegman quien dedicó a Elorza, que vivió amenazado por ETA durante sus más de 13 años como alcalde de San Sebastián y perdió a numerosos compañeros de partido en asesinatos de la banda, las siguientes palabras: “El 21 de noviembre del año 2000 fue asesinado por ETA el primer ministro de Sanidad socialista, Ernest Lluch. Lo han conmemorado ustedes [en alusión a la bancada del PSOE] pactando estos Presupuestos con los herederos de sus asesinos. Sé que esto le molesta al señor Elorza, y yo entiendo esa transferencia del remordimiento al resentimiento y no hacia uno mismo sino a los demás, pero quizá necesita una ayuda profesional”.
Casado habla de una “España quebrada” al borde “de una dictadura”
Los exabruptos de la extrema derecha, sus exageraciones y falsedades, se han convertido en una constante en esta legislatura. En octubre, la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, llegó a equiparar el freno a la actividad de la Cámara Baja durante la pandemia con el golpe de Estado del general Tejero de 1981. El pasado 20 de octubre la diputada de Vox se dirigió así a la presidenta del Congreso: “La han condenado por haber secuestrado el Congreso durante más de un mes vulnerando las funciones de control de esta Cámara. Y aquí siguen, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Atrás queda esa España en la que 17 horas de secuestro del Congreso se castigaban con 30 años de prisión”. Para demostrar que su discurso no tenía nada de improvisado, Olona lo refrendó con este tuit: “En 1981 Tejero secuestró el Congreso durante 17 horas y fue condenado a 30 años de cárcel. En 2020 se ha secuestrado el Congreso durante 1 mes y no llena portadas ni van a asumirse responsabilidades. No te abandonaremos, España”.
Olona, abogada del Estado en excedencia y a quien Unidas Podemos pide sancionar por haber incumplido el reglamento del Congreso al publicar una foto mofándose de otros diputados, obvió en esas duras intervenciones el escrito que su propio grupo dirigió a la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, nada más iniciarse la emergencia sanitaria, solicitándole el cierre total del Parlamento, una clausura que nunca se produjo pese a las acusaciones de golpismo lanzadas desde Vox.
En una de sus últimas intervenciones, Olona acabó llamando a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, “fea” y “fashionaria”, el calificativo que suele usar el locutor Federico Jiménez Losantos para referirse a la líder de Podemos.
Desde el PP, su máximo líder, Pablo Casado, dibuja en el Congreso una “España quebrada” que está “al borde de una dictadura constitucional”, mientras la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, considera que Sánchez “es capaz de reventar la transición española con tal de mantenerse en Moncloa”.
Lejos de la primera fila, diputados de PP, Vox y Ciudadanos que, antes de su paso por la política, ejercieron en profesiones tan importantes como las de jueces, abogados del Estado o empresarios, ahora utilizan el altavoz del Congreso para insultar, gritar e interrumpir a los demás partidos. Al Gobierno lo tildan públicamente de “socialcomunista” y, en ocasiones, de “proetarra”. Sus exabruptos tratan de desestabilizar los debates y elevar la bronca siempre cuando intervienen parlamentarios del bloque de la investidura o miembros del Ejecutivo.
Todos ellos contribuyen a que la XIV Legislatura viva un ambiente de crispación continuo, mientras las encuestas evidencian el desapego de la ciudadanía hacia una política que las derechas consideran como un campo de guerra sin límites siempre que no están en el Gobierno.