El Congreso de los Diputados ha desbloqueado este martes la constitución de la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, conocida comúnmente como la comisión de secretos oficiales, que lleva sin reunirse tres años por los vetos cruzados entre los grupos a la hora de votar su composición. Hasta ahora era necesario que la entrada de los distintos grupos fuese aprobada por tres quintos –210 diputados– de la Cámara Baja.
Pero la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ateniéndose al artículo 32.2 del Reglamento de la Cámara, ha presentado esta mañana ante la Mesa y la Junta de Portavoces una resolución para reducir el requisito a una mayoría absoluta. Una vez concluido el Pleno de este martes se han reunido de nuevo ambos órganos para votar acerca del cambio del reglamento, que ha salido adelante por la mayoría que ostentan en ambos el Gobierno y los socios que le apoyan, aunque con el voto en contra de PP, Vox y Ciudadanos
El Gobierno podrá cumplir así con uno de los compromisos adquiridos el domingo por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con la Generalitat de Catalunya, para incluir en la citada comisión a los partidos que conforman el Govern catalán, ERC y Junts, así como otros partidos vetados por la derecha, como EH Bildu. Y todo ello a raíz de la polémica generada por la información hecha pública por los investigadores de Citizen Lab acerca del espionaje a 66 dirigentes independentistas a través del sistema Pegasus que solo pueden adquirir los gobiernos.
“La Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados debería haberse constituido desde el inicio de la legislatura”, ha recordado Batet en una comparecencia ante los medios. “Es por tanto una anomalía democrática que dos años y medio después del inicio de la misma, la comisión no se haya podido constituir por falta de los acuerdos necesarios”, ha recalcado. Su “voluntad”, ha dicho, “ha sido conseguir que esta constitución pudiera llevarse a cabo”, y para ello se ha reunido con varios grupos, aunque ha constatado la imposibilidad de conformar la comisión.
Batet ha recordado la Resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004 que “establece, en primer lugar, que el Gobierno facilitará la información recabada” en materia de secretos oficiales “a un diputado por cada Grupo Parlamentario”, por lo que “prevé la representación de todos los grupos parlamentarios” en la comisión. También ha dicho la presidenta del Congreso que “la regulación actual es fruto de la clara voluntad de que todos los grupos parlamentarios cuente con un diputado que pueda acceder a la información clasificada como secreta”.
“En este momento, los vetos de diferentes grupos parlamentarios impiden constituir la Comisión de Gastos Reservados, al incumplir ese mandato fundamental de la resolución. En consecuencia, el Parlamento no puede asumir el control de los secretos oficiales y de los gastos reservados, dejando así sin efecto el mandato constitucional de control de la actividad del Gobierno, lo cual creo que debe ser una prioridad: el Parlamento está para controlar al Gobierno”, ha añadido.
Con todo, “con el ánimo de superar el bloqueo actual, hacer posible el cumplimiento de las funciones constitucionales del Congreso y a la vez mantener el principio fundamental de la normativa actual de acceso de todos los grupos parlamentarios con el que se llevaron a cabo las resoluciones anteriores”, Batet ha justificado la “propuesta de nueva resolución para recabar el parecer favorable, de modo que la elección de los representantes de los grupos parlamentarios para formar parte de la misma pase a ser por mayoría absoluta”.
“Se trata de una modificación coherente con las modificaciones anteriores, movidas todas ellas por la finalidad de garantizar el pluralismo político de la Cámara, el principio de representación y el principio de participación, con clara voluntad de que todos los grupos parlamentarios tuvieran representación en dicha Comisión. Se trata, en fin, de conciliar, de un lado, la exigencia de que sea el Pleno el que elija los diputados habilitados para acceder a la información clasificada mediante una mayoría cualificada y, por otro lado, el que cada Grupo Parlamentario cuente con un diputado”, ha concluido
Ante la “imposibilidad” del acuerdo
Fuentes de la Presidencia del Congreso han explicado a elDiario.es que el cambio del reglamento se promulga por parte de Batet “ante la imposibilidad de que haya acuerdo” entre los grupos para lograr esos tres quintos necesarios para aprobar los integrantes de la comisión de secretos oficiales.
La modificación, insisten, se realiza en base al artículo 32.2 del reglamento, que establece que “corresponde al Presidente cumplir y hacer cumplir el Reglamento, interpretándolo en los casos de duda y supliéndolo en los de omisión”. “Cuando en el ejercicio de esta función supletoria se propusiera dictar una resolución de carácter general, deberá mediar el parecer favorable de la Mesa y de la Junta de Portavoces”, apunta el texto.