El Congreso ha aprobado este jueves la reforma de la ley electoral que impedirá que unas hipotéticas terceras elecciones generales se celebren el día de Navidad. El texto, que tendrá que pasar ahora por el Senado, se limita a modificar los puntos estrictamente necesarios de la LOREG para que, en caso de repetición, los plazos se reduzcan una semana. Una reforma que resulta finalmente innecesaria si, como todo apunta, el PSOE permite gobernar a Mariano Rajoy.
El Pleno del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Unidos Podemos, PNV, ERC y Convergència, ha aprobado la reforma para acortar trámites, plazos y gastos en casos de disolución automática de las Cortes por falta de investidura.
La reforma, propiciada por el PP, se limita a regular los procesos de convocatoria de elecciones en caso de falta de investidura. Es decir, las medidas aprobadas solo aplican excepcionalmente cuando se produzcan situaciones como la vivida tras las generales del 20 de diciembre.
Este es el motivo esgrimido por PP, PSOE y Ciudadanos para rechazar otros cambios de calado que pretendían tanto Unidos Podemos y las confluencias como ERC.
Unidos Podemos había presentado 36 enmiendas al texto registrado por el PP. Entre otras cuestiones, incluía la reducción de gastos electorales, los límites a la financiación bancaria del gasto electoral, el mailing conjunto para todos los partidos y la obligatoriedad de los debates electorales televisados.
También pedían derogar el voto rogado para que “los exiliados por razones económicas que no pueden trabajar en nuestro país y se han tenido que ir fuera de España pueda votar y participar”, y ampliar el derecho a votar para los jóvenes entre los 16 y los 18 años, una reclamación compartida con ERC.
Asimismo, Unidos Podemos ha defendido sustituir la fórmula de D'Hont por otra para garantizar una mayor proporcionalidad en la distribución de los diputados e incrementar en 50 los diputados en el Congreso a coste cero y un sistema de mayor proporcionalidad en la representación en el Senado.
El PP, el PSOE y Ciudadanos entienden que ahora no es pertinente hacer reformas en profundidad en la Ley Electoral, una tarea para la que exigen más tiempo, y en esta reforma exprés sólo han añadido un recorte del 30% de las subvenciones por escaño y voto que reciben los partidos, así como una reducción a la mitad del tope de gasto en las campañas para estos procesos electorales reducidos.
En su intervención ante el Pleno, el presidente del grupo, Pablo Iglesias, ha recriminado al PSOE que no haya apoyado ninguna de sus enmiendas y ha lamentado que permita que el sistema siga beneficiando al PP. “Es una obviedad que van a entregar el poder al PP pero evitemos que en el futuro lo tengan tan fácil”, les ha reclamado.
Campaña más corta y menos gastos
La fecha del 25 de diciembre vino determinada por la decisión de convocar el debate de investidura de Mariano Rajoy los pasados 30 y 31 de agosto, ya que es la Constitución la que establece que, pasados dos meses desde la primera votación fallida y si nadie logra superar la investidura, las Cortes quedaran disueltas para celebrar nuevas elecciones. Lo que se plantea es añadir una disposición adicional a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para regular estas elecciones especiales, pero los cambios no se aplicarán al procedimiento ordinario.
El primer cambio es reducir de 54 a 47 días el periodo desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de los comicios, y el grueso del recorte se aplica en la fase de la campaña electoral, que pasa de quince a ocho días de duración.
Y como la campaña es más corta, el coste del proceso electoral será menor. En este sentido, PP, PSOE y Ciudadanos han pactado recortar en un 30 por ciento las subvenciones que el Estado abona a los partidos con representación parlamentaria, que el pasado junio fueron de 21.167,64 euros por escaño en las Cortes, 81 céntimos por voto al Congreso y 32 céntimos por voto al Senado.
Igualmente, los tres partidos han fijado una rebaja del 50% en el tope de gasto que se aplica a los partidos que concurren a las elecciones, que en los últimos comicios fue de 37 céntimos por elector, lo que daba un total de 13,5 millones de euros para aquellos partidos que se presentaban en todas las circunscripciones. Con la rebaja, el PP o el PSOE no podrían gastar más de 6,8 millones.
En otra enmienda, los tres partidos llaman a impulsar un acuerdo para “reducir al máximo” los gastos electorales derivados de la publicidad exterior de carácter comercial, fundamentalmente las vallas publicitarias, y es que el PP ya habían indicado que prefería que el recorte se centrara ahí y no en la contratación de publicidad en medios de comunicación.
Esta reducción de gastos ha sido cuestionada por Aitor Esteban (PNV) y por Joan Tardà (ERC), que sostienen que los grandes partidos pueden soportar el recorte porque siempre van a tener presencia en las televisiones privadas, mientras que ellos se consideran perjudicados y abogan por aplicar a esas cadenas privadas las mismas obligaciones de pluralidad que a RTVE. “Esa pluralidad que quieren aplicar en medios privados, deberían aplicarla en los medios públicos que controlan y que están hechos a su medida”, ha replicado Nacho Prendes, de Ciudadanos.
El PP, el PSOE y el PNV, por su parte, han rechazado las propuestas de Ciudadanos, Unidos Podemos y ERC para, en vez de subvencionar el envío de propaganda electoral a los domicilios, obligar a la Administración a realizar un 'mailing' conjunto con todas las papeletas de las candidaturas que se presentan en cada circunscripción, una idea que intentaron con vistas a los comicios de junio y que los mayoritarios desecharon.
Para agilizar los trámites la reforma prevé prorrogar las mismas juntas electorales provinciales y de zona de los comicios anteriores, se permite a los partidos ratificar sus representantes legales y administradores y se da opción a dar por renovadas las mismas coaliciones que se inscribieron la vez anterior y a aprovechar las candidaturas de la convocatoria precedente. Incluso los partidos extraparlamentarios ya no tendrán que volver a recoger avales porque les sirven los que presentaron la última vez.
La reforma establece además que los contratos que deba firmar el Ministerio del Interior para llevar a cabo el proceso electoral seguirán el procedimiento excepcional reservado para casos “de emergencia”, dada la premura con que deben organizarse los comicios.