El Congreso rechaza paralizar la venta de armas a Arabia Saudí aunque pide más control sobre su uso final

El Congreso ha vuelto a rechazar este martes paralizar las exportaciones de armas a Arabia Saudí. La comisión de Defensa de la cámara ha tumbado una Proposición no de Ley (PNL) que pedía aumentar los controles sobre el armamento que exporta España y cesar las ventas a la monarquía saudí hasta que estos se implanten, con el objetivo de confirmar que las armas españolas no se utilizan en el conflicto de Yemen o se reexportan sin autorización. Unidos Podemos, ERC y Compromís han votado a favor, con PP y PSOE en contra. Ciudadanos y el PNV se han abstenido.

La PNL fue presentada por Compromís (integrado en el grupo mixto) en abril, antes de la salida a la luz del caso de Jamal Khashoggi, presuntamente descuartizado en el consulado de Arabia Saudí en Estambul (Turquía) por sicarios enviados por su corona. No obstante, ha tomado nueva relevancia a raíz de éste y la posterior de decisión de Alemania de vetar las exportaciones al país árabe hasta que se aclaren las hechos que rodean el presunto asesinato del periodista.

Marta Sorlí, portavoz del partido valenciano, ha condenado la actuación de Arabia Saudí y ha pedido al resto de grupos que apoyen su inciativa para paralizar el comercio de armas con el país ya que, además, este encabeza la campaña de bombardeos sobre Yemen que han provocado “la mayor catástrofe humanitaria que atraviesa el mundo en este momento”.

“Esto no es algo que diga Compromís, sino que es algo que dice la ONU, Amnistía Internacional y la propia ministra de Defensa, aunque luego la portavoz del Gobierno la corrija diciendo que las bombas [que vende España] matan pero poco”, ha manifestado Sorlí.

Desde Unidos Podemos se ha propuesto que en casos como el de Navantia y la fabricación de cinco corbetas para Arabia Saudí –por el que la empresa pública ingresará 1.800 millones de euros– sea el Estado el que asegure la carga de trabajo. De esta manera, cuando la actuación de un país con el que se haya firmado un contrato de exportación haga imposible finalizar la venta sin violar la ley española (que prohíbe la venta de armas a países en conflicto o que violen los derechos humanos), los morados piden que el Gobierno asuma la responsabilidad de buscar un nuevo comprador para el material y, de no encontrarlo, efectúe un encargo propio equivalente o se quede con las armas con el fin de no perjudicar a los trabajadores y la industria.

El PSOE ha desestimado esa posibilidad, negando que el Gobierno pueda actuar de ese modo. Sobre el uso de armamento español en conflictos abiertos, el diputado socialista Antonio Gutiérrez Limones ha explicado que “a raíz del golpe de Estado que tuvo lugar en Yemen en 2014 y la intervención de la liga árabe en ese país, se reforzaron las garantías de uso final en las exportaciones a Arabia Saudí, Emiratos Árabes y Qatar. No se tiene ningún conocimiento de que hayan tenido ningún otro uso que el autorizado”.

Además, ha recordado que Naciones Unidas no ha activado ningún embargo de armas sobre los países que integran dicha coalición, una medida que sí mantiene activa contra Corea del Norte, Sudán o el propio Yemen.

Mientras se desarrollaba este debate en la comisión de Defensa, fuera el PDeCAT ha presentado otra iniciativa para paralizar de inmediato las ventas a Arabia Saudí a raíz del caso de Khashoggi. De salir adelante, será el Pleno del Congreso el que deberá posicionarse sobre el asunto. Este miércoles será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que explique en el Pleno la posición de España en relación con el comercio de armamento con la monarquía absolutista.

Más controles sobre el uso final de las armas

Los portavoces de PP, PSOE y Ciudadanos se han mostrado reacios a impulsar una resolución que mencione específicamente a Arabia Saudí hasta que concluya la investigación del presunto asesinato de Khasoggi y la comunidad internacional adopte una posición oficial con respecto al caso y a la venta de armamento. “No se puede jugar con el pan de la gente”, ha expresado la popular María José García-Pelayo.

Estos tres grupos han recalcado la importancia de la industria de defensa en el empleo, en la política de seguridad española y en la inversión en I+D+i. Piden al Gobierno que no ponga en riesgo los contratos firmados y su consiguiente carga de trabajo antes de que las instituciones internacionales a las que pertenece España determinen el cese de las exportaciones a un país en concreto. Es la misma posición que habían adoptado en el pasado cuando la posible paralización de las exportaciones a Arabia Saudí se ha llevado a votación en la comisión de Defensa.

No obstante, sí se han aprobado medidas destinadas a mejorar la transparencia de las autorizaciones de venta de armas. La comisión de Defensa ha pedido al Gobierno que suministre información a sus diputados sobre las decisiones de la junta interministerial encargada de aprobar estas exportaciones, cuyas actas son material clasificado. También que la dote de mecanismos y los recursos necesarios para que sea capaz de verificar que los países con los que comercia España cumplen las cláusulas de no reexportación del material.

En este sentido, el PSOE ha informado de que el borrador del protocolo a seguir para controlar el armamento español una vez que este llega a su destino está terminado y lo someterá a votación próximamente. El anterior Gobierno, liderado por Mariano Rajoy, confesó a eldiario.es que no existía tal protocolo a pesar de que la ley de comercio de armas que exigía su creación se aprobó en 2007.