El Congreso pide recuperar la Justicia Universal para reabrir casos como el genocidio del Tíbet
El Congreso ha aprobado hoy una Proposición no de Ley que pide al Gobierno que recupere la Justicia Universal, recortada por el PP en 2014, para que los tribunales puedan volver a investigar crímenes en otros países y se reabran casos como el asesinato de José Couso o el genocidio del Tíbet. La propuesta de Unidos Podemos ha salido adelante en la Comisión de Justicia con la única oposición del PP.
El PP reformó la Justicia Universal en el año 2014, estableciendo unos límites a la acción de los jueces que prácticamente le imposibilitaba aplicar este principio. El resultado fue que numerosas causas abiertas por los magistrados españoles por crímenes cometidos en otros países tuvieron que cerrarse debido a la nueva legislación.
Entre las causas a las que afectó la reforma, que contó con el rechazo frontal de oposición, jueces y fiscales, estuvo la investigación del asesinato del cámara José Couso por parte de tropas estadounidenses en Irak, la investigación del asalto a la Flotilla de la Libertad por parte de Israel, o los genocidios del Sáhara o el Tíbet.
El portavoz de Unidos Podemos, Jaume Moya, ha citado esta investigación, que afectaba a a dos expresidentes y seis antiguos altos cargos del gobierno Chino, como la razón por la que el PP acabó con la Justicia Universal. El juez Ismael Moreno llegó a ordenar la detención de varios líderes chinos por torturas y crímenes de lesa humanidad.
Moya ha acusado a los populares de “sumisión a gobiernos extranjeros” por impulsar una reforma que archivó la investigación de un genocidio que “acabó con la vida de un millón doscientosmil tibetanos por la represión china”. Ha citado también el archivo del asesinato de Couso como una de las consecuencias de la reforma.
El PSOE ha apoyado la iniciativa después de que Unidos Podemos renunciase a pedir que también se anulase la reforma que hizo este partido. La diputada socialista Soraya Rodríguez ha lamentado que el PP acabase con una legislación que había puesto a España “a la cabeza del ejercicio de la defensa de los derechos humanos”.
En su caso, ha hecho especial hincapié en la dificultad de perseguir crímenes como la pederastia o la mutilación genital, porque la actual redacción de la ley exige tantos requisitos que lo hace imposible.
Por parte de Ciudadanos, Marcial Gómez ha criticado especialmente la exigencia de que los investigados tengan que residir en España para poder actuar contra ellos, porque este punto supone “una gran limitación” cuando se habla de delitos cometidos en otros países.
El resto de los grupos ha coincido en criticar la reforma y en mostrar su apoyo a recuperar la redacción anterior de la ley de Justicia Universal. Todos salvo el PP, cuyo portavoz, Leopoldo Barreda, ha acusado al resto de portavoces de argumentar “con medias verdades”.
Según Barreda, derogar la reforma del PP supone “volver a la inseguridad jurídica”, “apartarnos de las regulaciones de los países de nuestro entorno”, y lo que ha considerado más grave, “volver a destinar los recursos de la Justicia a casos que sólo conducen a la frustración”.
La aprobación de esta iniciativa por parte de la Comisión de Justicia allana el camino a otra propuesta, esta ya con rango de ley. El PNV ha registrado una Proposición de Ley sobre este mismo asunto para la que esperan el apoyo del resto de grupos, y que se debatirá en las próximas semanas.
