El debate sobre si los diputados nacionales o autonómicos, y los senadores deben cobrar los complementos salariales y las dietas que reciben en épocas en las que oficialmente no hay actividad parlamentaria, ha vuelto a reabrirse. Esta vez a través de una propuesta que Podemos ha presentado en el Parlamento de Andalucía y que no ha prosperado.
Hace unos días, la portavoz de la formación morada,Teresa Rodríguez, denunciaba en un vídeo que la Mesa del parlamento andaluz había rechazado incluir en uno de los últimos plenos de este mes de julio una proposición de ley de su grupo para la reforma del reglamento de la Cámara. Bajo el lema “privilegios 0”, los de Iglesias proponían que los diputados no puedan cobrar en agosto, mes inhábil a afectos parlamentarios, sin justificación las dietas que tienen asignadas.
En la misma propuesta, Podemos defendía que estas indemnizaciones para el alojamiento, manutención y desplazamiento de sus señorías no eran necesarias y denunciaban que solo era una manera de “garantizarse los sobresueldos de agosto”. EL PSOE, el PP y Ciudadanos se negaron a incluir ese debate en el pleno.
Teresa Rodríguez no se calló y consideró “una vergüenza” que se mantengan unas dietas en agosto que en algunos casos “pueden superar los 2.500 euros”, mientras aseguraba que su grupo seguirá peleando por que acaben “privilegios de los representantes públicos”.
En el Parlamento de Aragón, Podemos también impulsó el pasado mes de febrero una iniciativa para controlar el cobro de las dietas. Desde el 1 de marzo los diputados autonómicos han empezado a fichar para justificar las indemnizaciones por desplazamiento que cobran en atención a su labor parlamentaria y de acuerdo a su lugar de residencia. La medida, partió de la presidenta de las Cortes, Violeta Barba, de Podemos.
En el caso de los meses inhábiles, es decir, no comprendidos en periodo de sesiones, se ha establecido que es necesario justificar 17 días de asistencia, de los que al menos cinco serán de trabajo presencial en las Cortes, tal y como acordaron la Mesa de las Cortes y la Junta de Portavoces.
Las Cortes sigue pagando los complementos aunque no haya actividad
Aragón es un caso excepcional porque en ningún otro parlamento se ha implantado ninguna medida similar. Mucho menos en el Congreso y en el Senado en donde los 350 diputados y los 266 senadores cobran íntegramente sus salarios básicos (2.800 euros), más las asignaciones correspondientes para manutención por ser de la circunscripción de Madrid (870 euros) o de otra provincia (1.800)
A estas cantidades la mayoría de ellos suma los correspondientes complementos y gastos de representación y/o de libre disposición por ser o bien portavoces o portavoces adjuntos, o miembros de las Mesas del Congreso o de las numerosas Comisiones tanto legislativas permanentes y no permanente que hay en las Cámaras. Haya o no haya actividad parlamentaria, estas partidas complementarias - que oscilan entre los 800 y los 1.500 euros y son adicionales al sueldo y a la asignación por manutención- se les abonan durante todo el tiempo que dure la legislatura. Tanto a los que en periodos no hábiles forman parte de la Diputación Permanente como a los que no forman parte de este órgano que sustituye a los plenos.
Como desveló eldiario.es en julio de 2016, ambas Cámaras se gastaron en los dos meses que duró el ínterin desde la disolución de las Cortes hasta que se reanudó la nueva legislatura, más de 5,5 millones de euros en pagar sueldos.
Ningún grupo ha presentado una propuesta para que se reforme el reglamento para el control de esas dietas y asignaciones, ni mucho menos para eliminarlas o reducirlas en periodos de vacaciones parlamentarias. A algunos de los grupos les incomoda el debate.
El PP y Ciudadanos esgrimen que en agosto no se paraliza el Congreso y que suele haber reuniones de la Diputación Permanente, puede haber algún pleno y hay comisiones que van a seguir trabajando.
Para ser rigurosos, en marzo de 2015 ERC presentó en el Congreso una moción sobre transparencia en la que se hacía referencia a los sueldos y las dietas, que fue defendida por el portavoz del grupo republicano, Joan Tardà.
“Nosotros postulamos que se defina claramente qué es una dieta, que vaya vinculada a una factura, que tenga un tope máximo y que esté avalada por la institución que la paga, es decir, que no se puedan pagar dietas genéricas de 120 euros al día, por ejemplo, sino que la institución pague la comida o la cena estableciendo un tope máximo por ella”, manifestó en el pleno. La moción no prosperó.
En el PSOE afirman que no tienen posición sobre un debate que no está sobre la mesa. Fuentes del grupo parlamentario que lidera ahora Margarita Robles aseguran que desconocen la iniciativa de Podemos en Andalucía y que no tienen nada que comentar al respecto.
En Unidos Podemos recuerdan que desde que llegaron al Congreso “hemos promovido distintos mecanismos de control de las retribuciones de los diputados y diputadas, con el objetivo de mejorar la transparencia y la eficiencia de esta institución”. En concreto -afirman fuentes del grupo confederal- “tras una propuesta nuestra, los participantes en viajes oficiales deben presentar factura de los gastos y no cobrar las dietas completas”.
“Así mismo -añaden- nos posicionamos en contra de la subida de salarios de los diputados y diputadas y a favor de la subida salarial de los trabajadores/as del Congreso. Seguimos trabajando en propuestas en este sentido que estamos orgullosos de vincular nuestros sueldos al nivel de vida de la gente de nuestro país. Por eso, desde que comenzamos nuestra andadura, los representantes públicos de Podemos cobran tres salarios mínimos interprofesionales y donan el resto”, concluyen.
Su confluencia valenciana, Compromís, reconoce que “el reglamento de la Cámara está muy desfasado en muchas cosas y hay que actualizarlo. Fuentes del grupo que dirige Joan Baldoví adelantan que están ”valorando regular de forma más racional los recursos del Congreso y de hacer más efectivos los periodos de sesiones“.
Ciudadanos, por su parte, se limita a afirmar que esos complementos que cobran sus señorías por ostentar cargos en las Cámaras “es una parte de sus sueldos” y defienden que se sigan cobrando en agosto o en los periodos inhábiles, “al igual que el jefe de sección de un diario sigue cobrando ese plus cuando está de vacaciones”. Fuentes del grupo de Rivera no ven extraño que se perciban dietas cuando “la actividad de las comisiones continúa y muchas van a seguir abiertas”.
De la misma opinión es el PP, grupo que siempre ha defendido que los parlamentarios deben tener un salario “digno”. No obstante, entienden que se está mejorando mucho en cuanto a transparencia mientras ponen como ejemplo ese límite en las dietas en los viajes internacionales que acordó la Mesa hace unos meses.
Ha habido avances pero sigue la opacidad
Aunque es cierto en los últimos años ha habido avances en transparencia y control, la opacidad en todo lo que afecta a las asignaciones reales de sus señorías -es decir lo que ingresa en total cada uno en función de sus cargos- sigue siendo la gran asignatura pendiente de las Cámaras.
A principios de 2013 hubo un amago de dar ese paso adelante, pero el entonces presidente de la Cámara, Jesús Posada, aseguró que obligar a cada diputado a publicar sus nóminas en la web del Congreso tenía “difícil encaje legal” y así también se lo hizo notar por carta a UPyD, grupo impulsor de la iniciativa en la Mesa del Congreso.
Otro asunto son las dietas de los gastos en viajes, que tampoco deben justificar con facturas. Ni el Congreso ni el Senado da detalles de estos desplazamientos. Simplemente se limitan a publicar trimestralmente en sus web los gastos globales generados por todos los grupos -a veces con notable retraso- .
En un reciente informe, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) amonesta a ambas Cámaras por no publicar de forma individualizada el gasto en viajes realizado por cada parlamentario. Según el informe, los portales de transparencia de las cámaras legislativas deberían incluir “quiénes son” los representantes que viajan y también “el coste de los desplazamientos”.
Solo en 2016, el coste de los desplazamientos por España de sus señorías superó los 4,6 millones de euros, sin incluir gastos de gestión, cambios o cancelaciones. En meses como agosto, aunque la actividad de ambas Cámaras es escasa, los diputados y senadores siguen viajando y gastando su tarjeta en taxis, aprovisionada con 3.000 euros anuales, que tampoco deben justificar. Pero el Congreso ni el Senado tampoco dan detalles de estos gastos individualizados en taxis.
De hecho, el año pasado eldiario.es solicitó a ambas Cámaras datos de cada diputado, durante la legislatura X, es decir, desde 2011 hasta 2015, pero rechazaron ofrecer información.
Pese a ello, se logró saber que en 2015, los representantes de ambas cámaras gastaron más de 766.000 euros en taxis. Esto supone una media de 1.250 euros por cada uno de los 350 diputados y 266 senadores que forman el poder legislativo. Sin embargo,se continúa sin saber cuánto se ha gastado cada uno de ellos ya que, según las Cámaras, no es de “interés público” revelar el gasto en este tipo de transporte a cargo del presupuesto del Congreso y el Senado.