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El Congreso llega al nido de la policía política con los testimonios de Pino y Fuentes Gago

Eugenio Pino, con gorra, a la derecha de Fernández Díaz

Pedro Águeda

El Congreso de los Diputados tendrá este miércoles enfrente al artífice de la policía política, el comisario principal Eugenio Pino, el policía al que el PP entregó todo el poder en el Cuerpo y organizó una estructura secreta con la que investigó a la oposición durante cuatro años. Primero, y sobre todo, a políticos sospechosos de corrupción porque estaban embarcados en el proceso soberanista catalán. Luego, a Podemos, la fuerza emergente de la izquierda y su nunca demostrada financiación irregular. Por el camino, aunque se conoció en último lugar, al PSOE, el principal partido de la oposición, con informes que revisaban los dos casos más polémicos durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: la investigación del 11-M y el caso Faisán.

Antes que él, comparecerá en la comisión sobre la utilización partidista de la Policía su mano derecha, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. De acuerdo al manual con el que se ha manejado toda la policía política, Fuentes Gago aparecía como una cosa, pero ejercía de otra. En teoría era el jefe de Gabinete de Pino, director adjunto operativo. En la práctica, viajaba a Barcelona y Suiza a buscar fuentes dispuestas a declarar contra los políticos del proceso, como Daniel de Alfonso, el director de la Oficina Antifraude que protagoniza la reunión grabada al ministro del Interior por sus subordinados. Fuentes Gago es el policía que mostró a De Alfonso en su móvil el pantallazo de la falsa cuenta de Trias en Suiza.

Para que Pino y Fuentes Gago comparezcan en la comisión de investigación ha debido producirse un vuelco en el primer partido de la oposición. El nulo interés del PP y Ciudadanos por la investigación de la policía política recibía en el caso de la declaración de los policías un apoyo que las bloqueaba, el de la gestora del PSOE. El aparato socialista esgrimía razones de Estado para no apoyar sus declaraciones cuando son los únicos que pueden aclarar de quién recibían órdenes. Por encima de Pino, solo había políticos.

La victoria interna de Pedro Sánchez ha provocado un giro de 180 grados. Ahora el PSOE solo rechaza que se llame a José Manuel Villarejo, el comisario que trabajó durante varios gobiernos socialistas y que utiliza su nueva estrategia de sobrexposición mediática para atacar sin pruebas a sus enemigos, incluida Margarita Robles, la secretaria de Estado que le despojó de sus atribuciones hace veinte años.

Estas son áreas de sombra del entramado que dirigieron Pino y Fuentes Gago y las principales incógnitas que aún flotan de los cuatro años a las órdenes de Jorge Fernández Díaz.

1. La justificación

La justificaciónEugenio Pino ha reaccionado a los interrogatorios sobre su mandato de dos formas distintas. Como hizo en una entrevista a El Mundo, asumiendo ciertas investigaciones y revelando otras, para presumir: “Hemos hecho un gran servicio al Estado”. Ante los jueces -ya ha declarado en tres ocasiones y tiene pendiente una más en septiembre- se ha mostrado más huidizo, ha salido en defensa de sus subordinados y ha padecido mala memoria.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata le acusa de mentir ante él y ha enviado la causa del pendrive de los Pujol a un magistrado de Madrid, quien ha imputado al exdirector adjunto operativo.

Ante los diputados, Pino tendrá la oportunidad de defender su tesis de que el CNP, una policía judicial según la describe la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986, puede desarrollar investigaciones como las desplegadas contra la oposición en su época, sin control judicial y con naturaleza prospectiva.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal pone límites a las investigaciones prospectivas de policía. Esto es, que salga “a pescar”. Su artículo 284 establece que “inmediatamente que los funcionarios de Policía judicial tuvieren conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención”. Diversa jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 49/1999, 253/2006 y 197/2009) y del Supremo refuerza esta limitación.

2. Operación Cataluña

Pino asegura que la Policía desplegó una intensa actividad en Cataluña porque a la Dirección Adjunta Operativa que él mandaba, un nombre con poca difusión fuera de ambientes policiales y periodísticos, llegaban de forma voluntaria multitud de informaciones sobre corrupción en esa comunidad autónoma.

Allí envió Pino a la Unidad de Asuntos Internos para que, fuera de cualquiera de sus competencias, investigara sobre el terreno la supuesta corrupción de políticos catalanes, como declaró en sede judicial el comisario Villarejo, también implicado en esas maniobras.

Eugenio Pino ha llegado a presumir de que la Policía poseía información de dónde se iban a poner las urnas del referéndum del 9 de noviembre, a pesar de que esa función en absoluto corresponde a una policía judicial. La estructura secreta elaboró continuamente “informes de inteligencia”, sin firma ni sello, cuyas superlativas afirmaciones sobre corruptelas no llegaban nunca a un juzgado, pero sí eran publicadas coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

Uno de sus subordinados, Bonifacio Díaz Sevillano, reveló ante el juez De la Mata que en la oficina que compartía junto a Fuentes Gago había un disco duro externo donde se almacenaba toda la información que les llegaba y en la que trabajaban. Pino les ordenó destruirlo, añadió. ¿Qué escondía en realidad ese disco duro? ¿Por qué deshacerse de él? ¿Hay alguna copia de su contenido?

3. El dinero

Esas labores de “inteligencia” que realizó la brigada política costaban dinero: la retribución a fuentes de información, viajes al extranjero -como el que sirvió para traer la información falsa de la cuenta de Trias-, dietas… Para ello, la Dirección Adjunta Operativa se dotó de un presupuesto, vía fondos reservados, que nunca antes había tenido.

¿Cuánto dinero recibió la DAO? ¿Cómo se justificó ese dinero? ¿Cuánto costó la información de la falsa cuenta de Trias? ¿Y las de los Pujol en Andorra? ¿Recibió más dinero la DAO en fondos reservados que las estructuras policiales que luchan contra el terrorismo o el crimen organizado?

4. Las órdenes

¿Quién es la X de la Operación Cataluña? ¿De dónde procede la orden de investigar a la oposición política con la Policía e investigaciones prospectivas cuyo resultado debía ser entregado a determinados medios de comunicación?

Fernández Díaz reconoce ese ‘modus operandi’ con la prensa en las grabaciones con De Alfonso, pero ¿fue una idea de Fernández Díaz? Actuaba el ministro del Interior por su cuenta? ¿Lo desconocía Rajoy? ¿Y la vicepresidenta, de la que depende el Centro Nacional de Inteligencia?

5. Podemos

El Ministerio del Interior reeditó con Podemos la estrategia en Cataluña. En plena negociación tras las elecciones de diciembre de 2015, dos diarios digitales publicaron el contenido del P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un pseudoinforme policial, repleto de apreciaciones personales sobre el líder de la formación política y con conclusiones sobre la presunta financiación irregular del partido que fueron rechazadas de plano por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que en sendas resoluciones despreciaron el contenido del informe.

Se conoce que el informe salió de la Dirección Adjunta Operativa con destino a la UDEF. Esta, advertida por las resoluciones de los tribunales, remitió una copia al Tribunal de Cuentas. ¿Quién redactó el informe Podemos? ¿Por qué se decidió investigar al partido de Iglesias? ¿Quién filtró su contenido a esos dos medios en plenas negociaciones entre partidos para formar gobierno?

6. La recompensa

El comisario Pino se jubiló el pasado verano, no sin antes recibir la Medalla de Plata al Mérito Policial, pensionada. Fuentes Gago, por su parte, fue enviado por Pino meses antes de su jubilación a la embajada de España en La Haya, la ciudad a la que el director adjunto operativo ya había destinado a la mujer de éste un tiempo antes. Cada integrante de la pareja gana más de 10.000 euros brutos mensuales destinados en la misma ciudad, un hecho inédito en la Policía.

La recompensa por el trabajo prestado sigue dando frutos a día de hoy para Fuentes Gago, a quien el Estado habrá tenido que sufragar el viaje desde Holanda para comparecer ante la Comisión de Interior del Congreso. También lo hacía cuando Pino lo envió al destino en La Haya, pero seguía desplazándose continuamente a Madrid para cumplir con los encargos delicados de su jefe.

Fuentes Gago fue presidente del Sindicato Profesional de Policía y se reincorporó a un puesto en la policía judicial de Santander, del que rápidamente fue reclamado por Pino tras su nombramiento. El inspector jefe había contribuido con fuerza a que éste se produjera a través de sus contactos en el Partido Popular.

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