El consejero delegado de Repsol ve “discriminatorio” el impuesto a las energéticas y anima a subir el IRPF a las rentas altas

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, asegura que el impuesto al beneficio extraordinario de las empresas de energía es discriminatorio y “grava a las empresas por partida doble”. En un artículo publicado por el diario El País este domingo, el empresario afirma que las instituciones terminarán por cerrar el camino a la iniciativa del Gobierno y le pide que sean “valientes” y suban el IRPF y “graven al que tiene dinero”. 

El consejero defiende que Repsol ha invertido 14.000 millones de euros desde 2008 en mejorar el sistema de refino y desarrollar el empleo industrial en España. Según Imaz, el impuesto planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez es “un impuesto disfrazado que no va contra los ricos” sino contra la actividad empresarial. “Va a dañar la capacidad de inversión de las empresas para transformarse. Va a dañar el empleo industrial”. 

El empresario añade que si el Gobierno realmente quiere aprobar un impuesto “para los que ganan mucho”, que sean “valientes” y “suban el IRPF y las rentas de capital y graven al que tiene dinero”. “Que nadie se equivoque. Creo en los impuestos. Pago mis impuestos con gusto”, escribe Imaz. “Creo en un IRPF alto para los que más ganan, y en un impuesto elevado para las rentas de capital”.

Imaz añade que, durante la pandemia, Repsol perdió más de 7.000 millones de euros y que los resultados acumulados desde entonces, “incluidos los supuestos beneficios extraordinarios de 2022”, no han compensado una pérdida que califica de “brutal”. 

Para el consejero delegado el Gobierno ha abordado su estrategia para gravar los beneficios de las energéticas “con una legalidad cuestionable” y critica que no haya optado por tramitar un proyecto de ley así como solicitar opiniones a órganos externos. Según Imaz, este método hubiera dejado “en evidencia” la discriminación de “un impuesto encubierto que grava a las empresas por partida doble”.

El PSOE y Unidas Podemos registraron el pasado mes de julio una proposición de ley para aprobar un gravamen del 1,2% a los ingresos de las grandes compañías eléctricas y que se aplicará en 2023 y 2024 para los resultados de 2022 y 2023.