España no ha cumplido con ninguna de las once medidas propuestas por Europa para luchar contra la corrupción. Cuatro recomendaciones no han sido implementadas y otras siete lo han sido parcialmente. Es la conclusión del informe publicado por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO, en sus siglas en inglés), que ha afirmado que España presenta un nivel del cumplimiento de las recomendaciones “globalmente insatisfactorio”.
El informe aborda la prevención de la corrupción en tres ámbitos: el Congreso de los Diputados (donde dos medidas han sido parcialmente implementadas y otras dos se han obviado), el poder judicial (con el mismo balance que el Parlamento) y la Fiscalía (con tres iniciativas parcialmente instauradas). El Consejo de Europa reconoce que los resultados de las dos elecciones generales en 2015 y 2016 “llevaron a un estancamiento político” y que esto dificultó una “reforma efectiva”, pero alerta que “ese período ya pasó” y que ahora es tiempo de actuar.
Regular los conflictos de intereses en el Parlamento
El GRECO recuerda que, en 2016, el Congreso impulsó una Comisión para la auditoria de la calidad democrática, la lucha contra la corrupción y las reformas institucionales y legales. Además, a raíz de dicha iniciativa, surgió una subcomisión para estudiar la financiación de los partidos políticos (también en el Senado). Sin embargo, la autoridad europea recrimina al Parlamento que no haya modificado su reglamento, a pesar de que ha habido varias iniciativas y de que diversos grupos parlamentarios incluyen en su programa medidas propuestas por el GRECO (como publicar las agendas de los parlamentarios).
Europa cree que “ninguno de los intentos ha tenido éxito hasta la fecha” por la “falta de un apoyo parlamentario unívoco”. Por ello, recomienda que cada cámara parlamentaria “desarrolle y adopte un código de conducta”, incluyendo “la prevención de conflictos de intereses” y los obsequios, entre otros aspectos.
El GRECO también pide que se regule la relación entre diputados y lobbies, un aspecto que España todavía no ha tocado en profundidad a pesar de que ha habido varias iniciativas –una de ellas del PP, que mientras continuaba reuniéndose con grupos de interés. “La propuesta está respaldada por un amplio consenso de los partidos en cuanto a la necesidad de regular el asunto, pero las diferentes facciones políticas difieren en cuanto a la amplitud y profundidad”, explica Europa. Esta ve positivamente que se haya creado un registro público “de carácter obligatorio” en el que deben inscribirse los representantes de los grupos de interés, pero le parece insuficiente.
Por otro lado, el GRECO reconoce los esfuerzos del Parlamento por incrementar la transparencia en su web en relación a las actividades de los diputados, incluida la información relativa a los viajes patrocinados. Pero cree que es necesario tomar más medidas para actualizar las declaraciones de bienes, un aspecto que ha generado mucha polémica por las dificultades del Congreso para verificar que la información otorgada por los diputados es cierta.
Incluso, Europa ve interesante que las declaraciones de bienes de los miembros del Parlamento incluyeran información de sus cónyuges y del resto de familiares que dependan económicamente de ellos por “los riesgos potenciales” de que los diputados cedan a sus allegados sus intereses económicos para eludir la ley.
Valoración de los cambios en el CGPJ
La prevención de la corrupción en el ámbito judicial tiene una valoración semejante a la del Parlamento. El GRECO felicita al Gobierno por incluir, en su plan de reforma del sistema judicial, algunas recomendaciones propuestas por el Consejo de Europa, como el cambio en la designación y funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Europa valora positivamente que España esté planteando que los doce miembros del CGPJ sean escogidos por los jueces, no por los partidos.
El GRECO cree que “las autoridades políticas no deben participar en el proceso de selección” porque así se “aumenta la confianza del público en el sistema judicial”. Sin embargo, el Tribunal Constitucional advirtió de que ese sistema de elección podría reducir la pluralidad del CGPJ porque en la carrera judicial prima la corriente conservadora.
Por otra parte, el Consejo de Europa lamenta que España no haya cambiado la legislación de este órgano judicial para prevenir las influencias externas y “remediar las deficiencias identificadas”.
En relación al criterio de selección de los altos cargos, como los jueces del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, Europa ha señalado “la falta de un desarrollo legislativo para establecer criterios objetivos y requisitos de evaluación” a fin de garantizar que “estos nombramientos no arrojan dudas sobre la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso”. Este aspecto también se está abordando en la actualidad en el Parlamento, pero el GRECO cree que se necesita “una acción más decidida”.
Europa también pide un código de conducta para los jueces, que regule aspectos como los conflictos de intereses, si bien es cierto que España aprobó en 2016 dicho código y que está prevista la creación de una Comisión de Ética Judicial. Aun así, el GRECO dice que la medida está “parcialmente adoptada”. Peor han actuado las autoridades españolas en relación a la extensión del período de prescripción para los procedimientos disciplinarios: para el GRECO, los seis meses de prescripción “se han quedado cortos en la práctica”.
La Fiscalía: la institución que más cumple
En relación a la Fiscalía General, el GRECO reconoce los avances en el método de selección y en el tiempo de permanencia en el cargo, pero recuerda a España que debe mejorar en la autonomía de esta institución, en la transparencia en sus comunicaciones con el Gobierno y en dotarle de una mayor autonomía financiera. Actualmente, el Fiscal General es designado por el Gobierno –se requiere la opinión del CGPJ– y el mandato dura cuatro años. “El modelo actual no difiere mucho de otros vigentes en varios Estados miembros de GRECO”, especifica el organismo.
Más polémico es el apartado en el que las autoridades españolas sostienen a Europa que “no es posible que el Gobierno dicte órdenes o recomendaciones sobre un caso particular al Fiscal General”. “El Gobierno puede simplemente solicitar el inicio de un procedimiento, pero nunca intervenir en una investigación en curso”. Estas declaraciones se producen después de la reprobación del antiguo fiscal –José Manuel Maza– en el Congreso, la salida polémica el ex fiscal Anticorrupción –Manuel Moix, respaldado por Maza– y los audios de Ignacio González y Eduardo Zaplana maniobrando para colocar fiscales afines. Todo ello ha erosionado la institución.
Por último, Europa ha pedido la elaboración de un código de conductas para los fiscales, que España dice estar elaborando. También ha solicitado que se refuerce el sistema disciplinario, un aspecto que las autoridades españolas indican que estará presente en un nuevo estatuto de la Fiscalía.
España tiene un plazo de un año, hasta el 31 de diciembre de 2018, para informar de las acciones llevadas a cabo para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial.