El Consejo de Europa publica una alerta sobre la detención de periodistas de El Salto por cubrir la protesta del Prado

La Plataforma de Defensa del Periodismo del Consejo de Europa ha publicado este miércoles una alerta sobre la detención de una periodista de El Salto y de una fotógrafa por documentar una protesta de activistas climáticos en el Museo del Prado. La alerta recoge que el 6 de noviembre de 2022, la colaboradora de El Salto Joanna Giménez y una fotoperiodista fueron detenidas cuando filmaban una manifestación de activistas de Futuro Vegetal en el Museo del Prado de Madrid.

Así,, la alerta relata que las dos documentaron el momento en el que dos activistas pintaron “1,5°C” en la pared del museo, “para llamar la atención sobre los esfuerzos fallidos para limitar el calentamiento global, y luego se pegaron al marco de las pinturas del artista español Francisco Goya, La maja desnuda y La maja vestida”.

“Fue una de las muchas protestas de activistas climáticos en las últimas semanas en un esfuerzo por dar la alarma sobre el calentamiento global antes de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022”, explica la alerta publicada por el Consejo de Europa.

“Según las informaciones”, relata la alerta, “Giménez informó a los guardias de seguridad que acudieron al lugar de que ella era periodista y tenía derecho a filmar e informar sobre un asunto de interés público”. Y añade: “Fue obligada a dejar de grabar, detenida por la Policía Nacional y trasladada a la comisaría de Arganzuela. Estuvo recluida en régimen de incomunicación durante la noche y acusada de daños a la propiedad, daños al patrimonio histórico y alteración del orden público”.

El texto de la alerta prosigue: “La fotoperiodista, cuyo nombre no fue publicado, también fue retenida durante la noche y acusada de los mismos delitos. La policía acusó a ambas trabajadoras de los medios de participar activamente en la protesta, aunque filmaran el incidente y no hicieran ninguna pintada ni se pegaran a los marcos. Si son declarados culpables, podrían afrontar entre seis meses y tres años de prisión o una multa”.

Así, el texto recoge un fragmento del editorial publicado por El Salto: “La detención de los dos periodistas es improcedente porque atenta contra la libertad de información que reciben los ciudadanos y la pluralidad de mensajes que transmiten los medios”.

“Los sindicatos de periodistas españoles también expresaron su preocupación por los arrestos. Las organizaciones internacionales de libertad de prensa criticaron el arresto y exigieron que se retiraran los cargos contra los trabajadores de los medios”, termina la alerta.

En efecto, este lunes se conoció que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid, en funciones de guardia, ha acordado la libertad de los activistas climáticos y las periodistas que informaron de la protesta para “alertar sobre la subida de temperatura mundial” que tuvo lugar el pasado sábado en el Museo del Prado. Los cuatro, tres mujeres y un hombre, fueron detenidos por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su relación con la protesta.

Están investigados por la presunta comisión de un delito contra el patrimonio histórico-artístico del artículo 323 del Código Penal, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los activistas de la organización ambientalista Futuro Vegetal pegaron sus manos a los marcos de los cuadros 'La maja desnuda' y 'La maja vestida', de Francisco de Goya, y las periodistas informaron de la acción para el periódico El Salto. 

Los activistas fueron detenidos el mismo sábado por la Policía Nacional dentro del museo. Las periodistas fueron arrestadas el domingo, según informó el citado medio de comunicación.

 “Las periodistas estaban cubriendo una información de interés público. No consta que haya un acuerdo previo en el que se repartieran diferentes papeles [con los activistas], así que no creo que el caso tenga recorrido”, afirma Marisa Cuerda, catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I de Castelló. “Quien cuenta un hecho noticioso está amparado por la Constitución. Incluso aunque los activistas 'necesiten' de la difusión pública para cumplir sus fines”, añade Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. 

La opinión de los expertos contrasta con la de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), informa Europa Press. “No las han detenido por un acto en el que ejercían la profesión, por lo tanto no podemos hablar de derecho a la información. Que sean periodistas no les da patente para ejecutar cualquier tipo de actuaciones como, en este caso, incívicas. Se han expresado como ciudadanos, no como periodistas, y como ciudadanos tendrán que responder”, declaró el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda.