Pedro Sánchez no abandonó la lucha contra el independentismo en la última reunión del Consejo de Ministros antes de las elecciones. El Gobierno vuelve a presentar dos incidentes de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional por la decisión de la Mesa del Parlament de tramitar una iniciativa de la CUP en defensa de la autodeterminación que, a juicio del Ejecutivo, contraviene sentencias dictadas por el alto tribunal.
Los incidentes de ejecución de sentencia conllevan, de ser aceptados por el Constitucional, la suspensión automática de las iniciativas recurridas. Además, el Gobierno persigue que el tribunal dé traslado de manera automática a la Fiscalía por incumplimiento de la legalidad por parte de la Mesa del Parlament, que ya ha sido advertida por el Constitucional de que está desobedeciendo su doctrina.
En esta ocasión, el Consejo de Ministros eleva al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlament de admitir a trámite el 29 de octubre una iniciativa de la CUP que propone que el Pleno exprese su voluntad de “ejercer de forma concreta el derecho a la autodeterminación” y “respetar la voluntad del pueblo catalán”. El Gobierno también quiere impugnar el posterior rechazo de los recursos de reconsideración de Ciudadanos, PSC y PP contra esa iniciativa con otro incidente de ejecución de sentencia.
“Vuelve a plantear el derecho a la autodeterminación que ya ha sido declarado inconstitucional en dos sentencias del Tribunal Constitucional. Desoye dos providencias del Constitucional dictadas el 10 y el 16 de octubre en las que el Constitucional ya anuló resoluciones”, ha explicado la portavoz, Isabel Celaá.
“El Gobierno considera que el presidente del Parlament, el secretario general y los miembros de la Mesa tenían pleno conocimiento de que, con su acuerdo, estaban incumpliendo resoluciones adoptadas por el Constitucional”, ha agregado Celaá, qye ha considerado que las fuerzas independentistas buscan con esta moción “manifestar su intención de continuar el proceso intentando la independencia de Catalunya”.
Además de anular la iniciativa, el Gobierno pide Constitucional que advierta al presidente del Parlament, Roger Torrent i Ramió, al secretario general, Xavier Muro i Bas, y a los miembros de la Mesa, Josep Costa i Rosselló, Joan García González, Eusebi Campdepadrós i Pucurul, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez Sánchez y Adriana Delgado i Herreros, de las posibles responsabilidades penales que pueda suponer “ignorar o eludir la suspensión acordada, y de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir” las sentencias del tribunal.
Preguntado por si esta iniciativa era tan urgente como para llevarla a cabo antes de las elecciones, al igual que el decreto ley aprobado la semana pasada contra la “república digital”, el ministro Luis Planas, que ostenta las funciones de Política Territorial, ha evitado responder concretamente y se ha limitado a dar la explicación técnica de la decisión.
Sobre los posibles disturbios ante la convocatoria de Tsunami Democràtic en la jornada de reflexión, Celaá ha dicho que “la preocupación es una garantía subjetiva” pero se ha mostrado convencida de que la “jornada transcurrirá como debe en una jornada electoral”.
“El Gobierno es responsable al igual que el de la Generalitat tiene que acudir al cumplimiento de su deber que no es otro sino garantizar el normal ejercicio de voto el día electoral. Para ello ha previsto todos los dispositivos necesarios para garantizar ese ejercicio adecuado del voto”, ha rematado.
La portavoz ha dicho que el despliegue de efectivos policiales para las elecciones del 10N es similar al de hace seis meses. No obstante, ha evitado decir cuántos agentes están desplegados en Catalunya y se ha limitado a decir que es un dispositivo “adecuado para que el ejercicio del voto se haga con total garantía”.