El Constitucional aparcó la decisión sobre el recurso del Gobierno tras constatar la división en el tribunal
El Constitucional decidió aparcar su decisión sobre el recurso presentado por el Gobierno tras comprobar que las posturas a favor y en contra estaban equilibradas y anunciaban una imagen de división: seis magistrados contra cinco. Tras constatar el enfrentamiento, las dos esferas ideológicas iniciaron un proceso de negociación que finalmente fraguó con la decisión de aparcar el pronunciamiento sobre el recurso, pero aplicando las medidas cautelares que, de facto, harán muy complicada la investidura de Carles Puigdemont.
El tramo matutino de la inédita sesión que este sábado celebró el Constitucional, se ocupó con la exposición del ponente designado por reparto, el progresista Juan Antonio Xiol Ríos. En su exposición, Xiol apostó por no admitir a trámite el recurso presentado por la Abogacía del Estado con el argumento de que era prematuro y contaba con el informe en contra del Consejo de Estado y de los propios letrados del Constitucional.
Tras una pausa para el almuerzo, los magistrados iniciaron el debate propiamente dicho. En ese momento se constató la dificultad para encontrar un acuerdo, si el asunto del debate se centraba en el recurso del Gobierno. En ese punto, empezaron a caer los ofrecimientos de pacto: “aparcar” el examen sobre el recurso presentado y buscar la imposición de medidas cautelares para que la investidura de Puigdemont no se pudiera producir sin orden judicial, tal y como aseguran a eldiario.es fuentes del tribunal.
La idea que finalmente se plasmó en el auto que el TC ha terminado de pulir este lunes, corrió a cargo de otro magistrado asociado al sector progresista: Fernando Valdés. Su propuesta obligaba a Puigdemont a entregarse ante las autoridades y solicitar autorización judicial como paso previo a insistir en su intención de ser investido. Con ese nuevo plan, el TC pasó del enfrentamiento a la unanimidad.
El presidente del Constitucional, Juan José González Rivas, no tuvo un papel fundamental en la toma de esa decisión. En ejercicio de su cargo se limitó a explicar al inicio que la convocatoria se había producido en sábado con la intención de dar una respuesta urgente al recurso para que el Parlament conociera la postura del tribunal con el máximo tiempo posible y para evitar “sobresaltos” de última hora.
González Rivas sí usó su turno de posición como el resto de los magistrados, en el que se decantó por la admisión a trámite del recurso del Gobierno. “Durante el resto del debate estuvo en silencio”, aseguran las mismas fuentes.
Tras la sentencia del Estatut, el Constitucional se ha conjurado para abordar todos los asuntos relativos a Catalunya desde la unanimidad y sin mostrar el mínimo signo de disenso. Aquella sentencia fue la última en la que el TC mostró disparidad de criterios con la emisión de votos particulares, dimensionados por el ámbito independentista, disconforme con la sentencia adoptada.
Para evitar una situación similar, el Constitucional ha apostado esta vez por una solución imaginativa: no pronunciarse sobre el recurso a debate, pero dictar medidas cautelares en el sentido deseado por el Gobierno.
El recurso presentado por el propio Puigdemont ante el Constitucional ha servido a los magistrados como excusa perfecta para su patada a seguir. Al conceder 10 días a las partes para pronunciarse sobre el recurso de Moncloa, el tribunal evita abordar el fondo del asunto que les ha llevado a trabajar durante la mañana y tarde de un sábado, hecho inédito en la historia del tribunal.
