El Constitucional obliga a Puigdemont a entregarse si quiere ser investido
Tras horas de intensa negociación el Tribunal Constitucional ha decidido permitir la investidura de Carles Puigdemont con condiciones y sin pronunciarse sobre la petición de suspensión que había recibido del Gobierno. El tribunal ha dictado una medida cautelar que limita las opciones del candidato de Junts per Catalunya. Puigdemont tendrá que cumplir una serie de requisitos para que esa sesión se desarrolle en los términos previstos por el independentismo: aparecer en el pleno de investidura y hacerlo con autorización judicial.
En otras palabras, la advertencia del tribunal obliga a Puigdemont a entregarse a la justicia para poder reclamar su derecho a participar en la investidura prevista para el próximo martes. Una vez en España, la decisión sería responsabilidad del juez Pablo Llarena, que lleva la causa en el Tribunal Supremo. En cualquier otra condición, el pleno de investidura quedaría suspendido, según el acuerdo del TC.
En su auto, el TC es muy claro sobre las opciones del candidato de Junts per Catalunya al que prohíbe la investidura presencial, si no precede de una autorización judicial. Si Puigdemont consigue aparecer en el Parlament por sus medios, su nombramiento tampoco tendría efecto legal.
Con su decisión, el tribunal sortea el laberinto creado por el Gobierno tras su petición de suspender el pleno de investidura. La propuesta de Moncloa contaba con tres informes desfavorables: el del Consejo de Estado, el de los letrados del Constitucional y la ponencia elaborada por el ponente designado por el propio tribunal. El TC ha decidido no resolver sobre la petición de Moncloa, a la espera de que las partes se pronuncien en un plazo de diez días. Con la decisión, el Gobierno salva la cara y la Policía ve su cómo su trabajo se simplifica.
Sin que hubiera recibido preguntas específicas sobre ello, el TC acuerda: “No podrá celebrarse el debate y la votación de la investidura de Carles Puigdemont a través de medios telemáticos ni por sustitución de otro parlamentario. No podrá procederse a la investidura del candidato sin la pertinente autorización judicial, aunque comparezca personalmente en la cámara”.
Las medidas adoptadas obligan a Puigdemont a entregarse ante la justicia si pretende ser investido. Además, se impide la delegación de voto para cualquier parlamentario en busca y captura.
El Constitucional ha afrontado dividido la decisión sobre la suspensión del pleno de investidura en el que Puigdemont pretendía recibir los votos para retornar a la presidencia de la Generalitat. El informe de los letrados del TC ha propuesto no admitir a trámite el recurso del Gobierno. Lo mismo opinaba el ponente designado por reparto, Juan Antonio Xiol Ríos, señalado en el bloque progresista del tribunal. Finalmente no ha habido decisión sobre ese punto.
Los magistrados del alto tribunal han debatido durante horas si el recurso del Gobierno merecía ser admitido a trámite. La propuesta de Moncloa pedía la suspensión de la sesión de investidura a todos los efectos. El TC ha evitado decidir sobre esa petición.
No hay precedente sobre una reunión como la que este sábado ha convocado el Constitucional. Las admisiones a trámite de recursos del Gobierno son tradicionalmente asuntos que se despachan en cuestión de minutos y tras comprobar que todos los requisitos han sido satisfechos. El TC ha tardado todo el día sábado en la discusión del asunto fundamental: dar o no luz verde al pleno de investidura.
Finalmente la decisión es favorable a la investidura pero para beneficiarse de ella, Puigemont tendrá que entregarse.
