La crisis del coronavirus se judicializa: de los permisos del 8M a las denuncias por la falta de material sanitario

La respuesta política a la crisis sanitaria provocada por la expansión del coronavirus comienza a judicializarse. Mientras una jueza de Madrid ha abierto ya una causa para investigar si hubo delito en la autorización de la manifestación del 8M y otros 76 eventos multitudinarios cuando se supone que había constancia oficial del riesgo de propagación del virus, son varias las organizaciones de profesionales del ámbito de la salud que han acudido a los tribunales para exigir material con el que protegerse. También se están poniendo en marcha las primeras plataformas de afectados que estudian posibles demandas, especialmente en relación a fallecimientos en residencias de mayores y posibles negligencias en hospitales.

Además, el mismo abogado que propició la investigación sobre los permisos de las citadas 77 manifestaciones ha presentado una denuncia en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El escrito, sobre cuya admisión a trámite todavía no se ha pronunciado el alto tribunal, atribuye al jefe del Ejecutivo los delitos de prevaricación y lesiones imprudentes. El letrado Víctor Valladares cuestiona que se permitiera la celebración de reuniones masivas después del 2 de marzo, fecha en la que el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), la agencia de salud pública comunitaria, calificó de entre moderado y elevado el riesgo de una expansión generalizada del virus en los países de la UE.

Las delegaciones del Gobierno en las diferentes comunidades autónomas son los órganos a los que se comunican las manifestaciones o reuniones que se celebran en la vía publica y los que tienen la potestad de prohibirlas si existen razones fundadas para ello. De ahí que el letrado señale como último responsable de la celebración de esas movilizaciones al jefe del Ejecutivo. No obstante, el único responsable político sobre el que hasta el momento se han abierto diligencias es el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco.

Entre otras actuaciones, la jueza que ha abierto esa causa contra Franco, Carmen Rodríguez-Medel, ha solicitado a la Guardia Civil, en funciones de policía judicial, que investigue qué “curso” se dio al citado informe del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC). En concreto, qué órgano lo recibió oficialmente, qué difusión se hizo de él entre las autoridades y si se remitió a la Delegación del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Falta de material de protección

En paralelo, profesionales sanitarios han recurrido a los tribunales para exigir material con el que protegerse del virus. Juzgados de Madrid, Salamanca, Segovia o León han acordado las medidas cautelarísimas solicitadas por diferentes colectivos de para que las consejerías de Sanidad competentes en cada territorio provean de manera urgente de batas impermeables, mascarillas, gafas de protección y contenedores de residuos a centros sanitarios públicos y privados.

En cambio, el Supremo rechazó obligar a hacer lo mismo al Ministerio de Sanidad al considerar que el departamento está desplegando “toda suerte de iniciativas” para abastecer de ese material a los sanitarios. En este caso había formulado la petición la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que pertenecen más de 50.000 facultativos y que es la mayor organización sindical en el sector.

Los juzgados que sí están aceptando estas peticiones esgrimen argumentaciones similares. Por ejemplo, la jueza de lo Social de Madrid que acordó las medidas cautelarísimas solicitadas por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) y dio 24 horas a la Comunidad de Madrid para poner a disposición de los sanitarios de ese material subraya en su auto que la administración empleadora tiene la obligación de dotar a sus profesionales de los “medios preventivos” necesarios para que realicen su trabajo “en las mínimas condiciones de seguridad”.

La jueza de de Salamanca, por su parte, recuerda “la obligación legal de las empresas”, y también de la Administración, “de proteger a los trabajadores, lo que lleva consigo la de dotarles de los medios preventivos necesarios para que puedan realizar su trabajo, en las mínimas condiciones de seguridad”, informa Europa Press. También el Tribunal Superior de Justicia de Madrid requirió este viernes al Ministerio del Interior que dote de material de protección a los policías, aunque no fijó un plazo.

Julián Ezquerra, secretario general de Amyts, reconoce que es “complicado” proceder a la ejecución de esas resoluciones si no hay material sanitario disponible en el mercado. Pero sí cree que son importantes de cara a posibles “reclamaciones” en caso de que algún profesional sufriera “secuelas” o “falleciera”, pues reconocen que la Administración tiene la obligación de dotarles de medios de protección.

Los profesionales son conscientes de que la urgencia por encontrar material sanitario está poniendo a prueba al Gobierno, las comunidades autónomas y la red comercial. Según publicó eldiario.es, las administraciones tratan a la desesperada de comprar protecciones para el personal sanitario en un mercado global donde pujan todos los países y crece la especulación. Mientras tanto, España es uno de los países con mayor porcentaje de profesionales sanitarios infectados. La última cifra difundida este viernes por el Ministerio de Sanidad eleva la cifra a 9.444.

Plataformas de afectados

Por otro lado, se están creando también los primeros colectivos de afectados por la pandemia que se plantean acciones en los tribunales. El despacho Lex Abogacía, especializado en derecho sanitario y negligencias médicas, ha impulsado la denominada Plataforma de Afectados por el Coronavirus. El subdirector de bufete, Gabriel González Tirado, explica a eldiario.es que por el momento están estudiando las consultas recibidas, recopilando información y cerciorándose de cuáles son las circunstancias de cada caso de cara a plantear posibles demandas de manera “técnica” y siempre que se considere que son “viables”.

González Tirado descarta en principio la vía penal y asegura que desde su despacho se centrarán en demandas por la vía contencioso-administrativa si es contra la Administración o por la vía civil si se detectan negligencias en centros privados, dos jurisdicciones que están ahora mismo paralizadas por el estado de alarma. “Habrá que ver cada caso con tiempo, no nos queremos precipitar”, señala. Este abogado asegura haber recibido hasta el momento alrededor de tres centenares de consultas especialmente en relación a fallecimientos en residencias de mayores y posibles negligencias en hospitales y admite que el fin último de estas posibles demandas será buscar una indemnización para los afectados.