La investigación de la estafa de las preferentes en la Audiencia Nacional ha dado este martes un vuelcon con la decisión del juez Fernando Andreu de requerir a Bankia parte de los correos electrónicos que envió y recibió Miguel Blesa en su dirección corporativa en 2009, año en que fue ideado y comercializado el producto. Andreu acota la medida a los correos electrónicos intercambiados por el presidente de Caja Madrid con los miembros de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración y, dentro de estos, solo a los que aludan a las preferentes.
La incorporación de los correos de Blesa es una aspiración de las acusaciones desde que contenido trascendió en los medios. Un importante número de mensajes, incluidos algunos en los que se trataban las preferentes, fueron publicados por eldiario.es, que los obtuvo de una fuente anónima a través del Partido X. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción, el juez Andreu y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se negaron a incorporarlos a la causa. Alegaban que era una prueba nula obtenida de forma irregular por el juez Elpidio José Silva durante su investigación a Blesa.
Pero la Fiscalía y la Sala de lo Penal, al tiempo que rechazaban incorporar la prueba, advertían de la posibilidad de que las acusaciones establecieran en una nueva petición un criterio de criba. Las acusaciones defendían que, a pesar de que la prueba fue obtenida de forma irregular, podía ser solicitada de nuevo a la fuente original, en este caso Bankia. El despacho Jausas, que representa a una pareja de preferentistas catalanes, volvió a solicitar este verano los correos, limitándose a los recibidos y enviados entre el 1 de enero de 2009 y el 30 de julio 2012, fecha de la salida a bolsa de la entidad.
En un auto dictado hoy, Andreu afirma que “puede constituir un valioso acervo en las presentes diligencias dirigido a determinar la naturaleza y circunstancias en que ocurrieron los hechos investigados, unos hechos cuya gravedad, trascendencia social y económica son de tal importancia que justifican la medida adoptada”. Hace siete meses, el juez rechazó su incorporación a la causa.
El magistrado blinda la intimidad de Blesa al acordar el secreto de las actuaciones. Los correos serán examinados por el juez y, en su caso, por el fiscal, bajo la fe de la secretaria judicial y dándose oportunidad al querellado de estar presente junto a sus abogados.
Una dirección corporativa
Otro de los argumentos de las acusaciones consitía en requerir los correos porque habían sido enviados desde una dirección de correo corporativo y eso, según las normas internas de la entidad, hacía a Caja Madrid -ahora Bankia- poseedora de los mismos. El juez dice ahora que la medida se adopta “teniendo en cuenta que nos encontramos ante un correo corporativo, esto es, un instrumento que se facilita a los trabajadores de la entidad para desarrollar su trabajo, y que las comunicaciones que se interesan son únicamente las mantenidas entre los miembros de la comisión ejecutiva y del consejo de administración con el presidente de la entidad”.
Andreu ha adoptado esta decisión después de que la Fiscalía Anticorrupción no se opusiera a la diligencia de acuerdo con los nuevos criterios propuestos por la acusación particular. En su escrito, Anticorrupción advertía de que los correos podrían no estar ya alojados en el servidor de Bankia. Sin embargo, la entidad fue autorizada en abril por una juez de Madrid a realizar una copia de los mismos.