Cristina Cifuentes ya ha visto cómo uno de sus diputados dimitía por corrupción, a otros dos les ha salpicado el caso Púnica y este martes, el juez que investiga los negocios de Gürtel en Arganda del Rey ha señalado a una cuarta parlamentaria. Aunque no está imputada por su condición de aforada, el juez le invita a declarar voluntariamente como investigada. Según el código ético que la presidenta de la Comunidad de Madrid firmó con Ciudadanos, debería dimitir si es imputada, pero desde el PP defienden que aún no se ha llegado a esa situación.
La diputada es María José Aguado. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha emitido un auto en el que, por su condición de aforada, le ofrece la posibilidad de que declare voluntariamente como investigada, es decir, imputada. Lo hace por su etapa en el Ayuntamiento de Arganda del Rey, para que dé explicaciones por el fraccionamiento de contratos de unas olimpiadas escolares. Si no fuese aforada, el juez le habría imputado por delitos de prevaricación y fraude a la administración pública.
Aguado tiene 30 días para acudir a declarar como investigada, y si decide aceptar la oferta del juez, debería ir a la Audiencia Nacional ya como exdiputada. El acuerdo de investidura que firmaron PP y Ciudadanos obliga a la dimisión de aquellos parlamentarios imputados por corrupción, y si Aguado no lo está es solo por su propia condición de diputada.
Sin embargo, desde el grupo parlamentario popular argumentan que “aún no se ha llegado a ese escenario”. Afirman que De la Mata no tiene competencias para investigar a Aguado, y que tan solo podría ofrecerle declarar como testigo. Pero el auto es claro en este punto: “Declarar como investigada por los delitos de prevaricación y fraude a las administraciones públicas”.
Desde el PP de Madrid dicen que no se tomará ninguna decisión hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) asuma el caso, le tome declaración y decida si mantiene la imputación. Además, advierten de que habrá que ver si los delitos que se le atribuyen son corrupción, que es el requisito incluido en el acuerdo con Ciudadanos.
Cifuentes ya ha perdido a un diputado por esa cláusula del pacto con Ciudadanos. Daniel Ortiz tuvo que dejar libre su asiento en la Asamblea de Madrid cuando el TSJM le imputó por haber cobrado una mordida de 240.000 euros. La Justicia investiga si esa mordida la pagó Cofely, una de las empresas centrales de la trama Púnica, a cambio de un contrato de 75 millones en Móstoles.
Dos diputados salpicados por Púnica
La sombra de corrupción que hizo dimitir a Ortiz y que ahora llega a Aguado, amenaza también a otros dos parlamentarios del PP madrileño. Bartolomé González y Jaime González Taboada se han visto salpicados por la trama Púnica.
Sobre el primero existe un informe de la Guardia Civil que confirma lo que el cabecilla de la trama, David Marjaliza, declaró ante el juez. Ese documento acredita que González recibió 60.000 euros de la misma empresa que habría pagado a Ortiz, y también por manipular un concurso público a su favor.
A pesar de las acusaciones y del informe de la Guardia Civil, González continúa como diputado en la Asamblea de Madrid. Cifuentes no le ha defendido públicamente, no ha pasado de pedir respeto a la presunción de inocencia y ha insistido en que confía en que dimitirá si finalmente es imputado.
A quien sí ha defendido la presidenta regional es a González Taboada, su consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Marjaliza declaró que había cobrado comisiones de las empresas que optaban al plan Prisma, un fondo regional de inversiones. El cabecilla de la trama dijo que el consejero de Cifuentes era el que “mangoneaba” con las adjudicaciones del presupuesto.
Pero Cifuentes siempre ha insistido en que confía en su honradez y que por eso le mantiene en el Gobierno regional. Además, restó importancia a las palabras de Marjaliza y las enmarcó dentro de la estrategia de defensa de “un presunto delincuente”.
Hay quien, en el Gobierno de Cifuentes, ha decidido adelantarse a la línea que marca el pacto con Ciudadanos y no esperar a la imputación. El director general de Industria de la Comunidad de Madrid, Carlos López Jimeno, dimitió el pasado 20 de octubre después de que el sumario de Púnica le implicara en el amaño de un contrato.