Cuba, frente a Hungría o Colombia: los difíciles equilibrios de Casado en política internacional

Las protestas ciudadanas contra el Gobierno cubano que tuvieron lugar en las calles del país caribeño el pasado 11 de julio se han convertido en la última arma arrojadiza del Partido Popular contra el Ejecutivo español. Prácticamente desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la dirección de Pablo Casado ha tratado de vincular al Gobierno progresista con Cuba y Venezuela, acusándole de querer instaurar una “dictadura” en España a través de un “cambio de régimen” similar al del “sistema bolivariano del siglo XXI”. Y ese es también su principal objetivo tras las protestas iniciadas hace dos semanas en las calles de las principales ciudades cubanas.

“Señor Sánchez, repita conmigo: Cuba es una dictadura. No pasa nada por decirlo. Es lo mismo que haría cualquier demócrata”, insistió el líder del PP la pasada semana, a pesar de que el propio presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo aseguraran públicamente que “es evidente que Cuba no es una democracia”. Según la teoría de Casado, que se ha reunido en varias ocasiones tanto con exiliados cubanos como con venezolanos, son los ministros de Unidas Podemos los que no dejarían a Sánchez ser más contundente contra el castrismo, porque esos miembros del Ejecutivo “reivindican a Cuba como paraíso democrático”.

La denuncia de la vulneración de derechos humanos en la isla caribeña y, sobre todo, en Venezuela, es una obsesión para la dirección del Partido Popular que, sin embargo, evidencia su doble discurso y sus equilibrios en política internacional al callar y negarse a censurar otras violaciones de derechos, como las leyes homófobas del Gobierno húngaro de Víktor Orbán, socio de los populares españoles, o los duros episodios de violencia policial vividos en los últimos meses en Colombia, presidida por el derechista Iván Duque, amigo del propio Casado.

El pasado día 8, el Parlamento Europeo reclamó que la Comisión no aprobara el acceso de Hungría a los planes de recuperación pospandemia, de los que le corresponden en torno a 7.000 millones de euros, hasta que se constate que el presupuesto de la Unión no vaya a “contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales” en aquel país. Se trató de una resolución que fue aprobada por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, en la que la Eurocámara reclamó también a Bruselas acciones legales “inmediatas” respecto a la ley que vincula la homosexualidad con la pedofilia y prohíbe hablar de la identidad sexual en escuelas y medios de comunicación, tal y como finalmente sucedió la semana pasada.

La mayoría del Partido Popular Europeo votó a favor de las sanciones, pero la dirección de Casado dio la orden a sus eurodiputados de abstenerse, evitando así censurar la homofobia de su socio húngaro. 12 de los 13 parlamentarios españoles en la Cámara comunitaria siguieron la consigna de Génova 13 y solo Esteban González Pons, vicepresidente del grupo popular europeo, votó a favor. El argumento de la dirección del PP es que esas sanciones podrían perjudicar a la población húngara, aunque en realidad los populares españoles siempre han evitado respaldar cualquier iniciativa en contra de Orbán y ha llegado a apoyarle mientras el dirigente se codeaba con la extrema derecha europea.

La amistad entre Casado, Aznar, Duque y Uribe

Frente a las más de 200 iniciativas parlamentarias y alusiones públicas sobre Venezuela, y ahora sobre Cuba, el PP ha decidido además obviar el conflicto colombiano tras el estallido de la violencia callejera el pasado mes de mayo por la durísima represión ejercida por el Gobierno contra los manifestantes que protestan contra sus políticas tras un año de Duque en el Ejecutivo, y la violencia policial que, según distintos organismos internacionales, como Amnistía Internacional, ha provocado allí varios asesinatos.

Este silencio de los populares españoles ante lo que está ocurriendo en Colombia se explica por la relación estrecha entre Casado y el propio Iván Duque, así como con el principal valedor del mismo, el expresidente colombiano y amigo personal del expresidente español José María Aznar –padrino político del actual presidente de los populares–, Álvaro Uribe. Casado ha tildado a Duque como “un amigo y aliado de España, defensor de la libertad y la democracia frente al totalitarismo de Maduro, que ha provocado la huida de un millón de refugiados venezolanos a territorio colombiano”.

Casado también evidenció su deslealtad con el Estado en materia internacional el pasado mayo, ante la crisis migratoria vivida en Ceuta. El líder del PP responsabilizó al Gobierno de la entrada masiva de jóvenes a la ciudad autónoma por la apertura de las fronteras por parte de Marruecos. Y lo hizo, paradójicamente, tan solo una semana después de reunirse con partidos marroquíes que defienden la anexión de Ceuta y Melilla a espaldas de Moncloa.

La actuación del jefe de la oposición ante la crisis diplomática, tratando de desacreditar la política exterior del Gobierno, se pareció mucho a la mantenida por el PP hace tan solo unos meses en Bruselas, cuando la Unión Europea debatía allí acerca de los fondos que iban a ser destinados para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, y de los que finalmente correspondieron a España 140.000 millones. A finales de septiembre, el líder 'popular' se reunió con los embajadores en Madrid de todos los socios europeos para mostrarles su desconfianza en el Ejecutivo para gestionar esos millones del fondo de recuperación.

Ofensiva contra España en Bruselas

En pleno proceso de negociación del reglamento para el reparto de los fondos, cuando estaba en juego qué condicionalidades se iban a terminar de exigir, España encabezaba los datos de contagios en la UE –era la conocida como segunda ola de la COVID– y era uno de los países más afectados por el descalabro económico de la pandemia –en términos de paro y caída del PIB–, el líder del PP agitó el fantasma de la desconfianza hacia el Gobierno entre los 27 países de la Unión. Casado reclamó entonces una autoridad por encima de los ministros para gestionar los fondos, alimentando esas sospechas contra el Ejecutivo, que mantiene aún hoy en día.

Por esas mismas fechas, la jefa de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, la exministra Dolors Montserrat, envió un informe con el membrete de los populares europeos junto con una carta firmada de su puño y letra al comisario de Justicia, el belga Didier Reynders, en el que cuestionó el Estado de derecho en España y acusó al Gobierno de querer “encubrir cifras que colocan a España entre los países con el mayor número de muertes en términos relativos”.

Casado y su equipo también han tratado de erosionar la imagen de España en el exterior por el bloqueo de la renovación del Poder Judicial, a pesar de que, en realidad, ha sido el propio PP el que ha mantenido ese bloqueo desde 2018, levantándose de la mesa de negociación con el Gobierno hasta en tres ocasiones en los últimos meses –la última de ellas, en febrero–, cuando estaban a punto de cerrar un acuerdo. En noviembre, llegó a asegurar en el Congreso que la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos en el Congreso –que fue finalmente retirada en abril, por las reticencias de la Comisión Europea– para reducir la mayoría parlamentaria necesaria para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y limitarla a una mayoría absoluta –ahora son necesarios tres quintos– iba a condicionar la llegada a España de los fondos de recuperación.

A toda esa estrategia de desprestigio internacional del Gobierno se suma la obsesión del PP de vincular al Ejecutivo, al que tildan de “socialcomunista”, con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, por la coalición del PSOE con Unidas Podemos –partido al que intentan relacionar con el chavismo–, para restarle legitimidad democrática. Durante la campaña electoral madrileña, de mayo Casado volvió a compararse con la oposición venezolana, algunos de cuyos dirigentes están encarcelados.

El inicio del “populismo” en España

Aprovechando un acto junto al líder opositor venezolano Leopoldo López, exiliado en España y protegido durante meses en la embajada española en Caracas –durante el mandato de Sánchez–, Casado dijo que desde el Gobierno “se habla de expropiar viviendas, de fijar precios de alquileres con viviendas privadas, de expropiar medios de comunicación, expropiar empresas y hacer una especie de plan quinquenal sobre el modelo productivo y se habla de impuestos confiscatorios”. En su opinión, el “populismo” suele empezar “corrompiendo normas no escritas de la democracia” como a su juicio ocurre en España con el intento de “acabar con las mayorías constitucionales o del Consejo de Europa en la elección de los jueces”. “Sólo desde las ideas liberales podremos salir de los momentos oscuros en los que este virus, el de la pandemia, y este virus, el del populismo, ataca a nuestro Estado de derecho, nuestras sociedades libres”, dijo. 

Este tipo de discursos han sido una constante en los últimos dos años. Casado nunca ha escatimado en descalificaciones contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, al que ha llamado “social comunista”, “populista”, “bolivariano”, “dictatorial” y hasta “filoetarra”, por sus supuestos vínculos con Maduro. “El objetivo del PP es defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece arriesgar la vida. Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos, eso es lo que haremos la oposición en España, y estoy seguro que eso es lo que harán la inmensa mayoría de españoles cuando tengan la oportunidad de elegir”, llegó a proclamar el líder de los populares en diciembre.