“Si hay que etiquetar de alguna manera este debate es que es un marrón”. Nadie podría haber descrito mejor que el diputado canario Pedro Quevedo el reto que tiene por delante la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para articular un nuevo sistema de financiación autonómica. El vigente, que data de 2009, está caducado desde hace siete años. El Gobierno se ha comprometido a presentar en noviembre un borrador con los nuevos principios de reparto para las autonomías de régimen común (todas a excepción de Euskadi y Navarra). Mientras tanto se va incrementando la presión que ejerce cada uno de los bloques de comunidades. Es uno de los pocos temas transversales en los que la batalla no depende del color político: PP y PSOE están de acuerdo o no en función de los territorios.
El sistema de financiación autonómica establece el reparto de los recursos para la prestación de los servicios públicos como la sanidad, la educación o la dependencia, que suponen el grueso de la inversión del Estado y que son competencias transferidas. El modelo es enrevesado y el debate lo protagonizan intereses territoriales. A pesar del clima de crispación política que lleva a la falta de entendimiento entre los dos grandes partidos prácticamente en todo, en la batalla de la financiación surgen alianzas inesperadas.
El Gobierno es consciente, además, de la complejidad para sacar adelante un nuevo sistema para el que necesita no solo el apoyo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, sino la mayoría absoluta del Congreso. Por eso, Montero reclamó el otro día a los “partidos generalistas” una posición común. “No vale que cada uno, dependiendo del lugar donde viaja, vaya trasladando cosas diametralmente opuestas a las que dice cuando viaja hacia otra parte de España”, avisó.
El debate divide a España en tres grandes bloques, según reconoció la propia ministra. Por un lado, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón –con características similares por despoblación, envejecimiento o extensión– reclaman que esos criterios tengan un mayor peso a la hora de definir los principios del reparto. “En el Paseo de la Castellana pueden vivir 100.000 personas, que son las mismas que en toda la serranía de Cuenca, y dar los servicios en ese territorio sale mucho más caro”, expresa un dirigente manchego. Lo que quieren esos territorios es que el sistema se base en el “coste efectivo” de la prestación de los servicios públicos.
Las comunidades 'ricas' como Madrid, Catalunya o Baleares son más partidarias del principio de ordinalidad, es decir, que el reparto se haga en función del número de ciudadanos y que haya un mayor porcentaje de cesión del IRPF por parte del Estado. En un camino intermedio están la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia, que apuestan por el concepto de “población ajustada”, es decir, que pese el criterio poblacional con determinados ajustes –envejecimiento, población joven para necesidades educativas o dispersión–, pero abogan por eliminar los fondos que han lastrado la financiación en esos territorios con el denominado statu quo por el que se impide que el nuevo sistema perjudique a las comunidades con respecto a los repartos anteriores y que, según explica Juan Pérez, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, hacen que se “desvirtúe” el reparto en base a las “necesidades”.
Alianza cruzada Comunitat Valenciana - Andalucía
El presidente que más ha insistido en la necesidad de cambiar el modelo de financiación autonómica ha sido Ximo Puig, cuya región es la más perjudicada por el actual modelo. En competencia directa con Compromís por la bandera de la lucha contra la infrafinanciación, el presidente valenciano ha iniciado una ronda de contactos con los homólogos con los que tiene demandas similares. Intentó sin mucho éxito hacer un frente común con el catalán, Pere Aragonès, y lo que más escoció en las filas socialistas fue su alianza con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
El PSOE no ha superado el trauma de haber perdido Andalucía por primera vez tras 37 años ininterrumpidos de poder y el temor es que Juan Espadas no lo recupere en los próximos comicios. De ahí que Puig mantuviera una reunión con el líder del PSOE andaluz tras su encuentro oficial con Moreno. Los socialistas reivindican que fue precisamente el Gobierno andaluz en manos de Susana Díaz el que impulsó la primera propuesta autonómica de reforma del modelo de financiación que se elevó al Ministerio de Hacienda, que entonces pilotaba Cristóbal Montoro.
Tanto Puig como Moreno sitúan su alianza en el plano institucional y no en un “frente” contra otros territorios. El primero sostiene que cada valenciano recibe unos 200 euros menos que la media nacional y el segundo, que la cifra es de 110 en el caso de los andaluces. Además de cambiar el sistema, abogaron por crear un fondo transitorio de compensación hasta que se ponga en marcha. Puig ha planteado incluso que se compense de alguna forma el efecto capitalidad de Madrid.
La 'España vacía' suma sus reivindicaciones
Frente a ese bloque de comunidades –más pobladas– están las de la 'España vacía' o más rural, que han reactivado un grupo que ya en 2018 suscribió una declaración institucional en la que reclamaban un “sistema de nivelación total” para garantizar fondos para la prestación de los servicios públicos en igualdad de condiciones. Entonces Sánchez había revuelto al PSOE al reconocer que no habría un nuevo sistema esa legislatura.
La intención ahora es repetir ese encuentro en Santiago en el mes de octubre, a las puertas de que Montero ponga sobre la mesa la propuesta de nuevo sistema. A la cumbre auspiciada por Alberto Núñez Feijóo (PP) asistirán presidentes socialistas como Javier Lambán o Emiliano García-Page, al igual que ocurrió hace tres años.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que se reunió recientemente con Puig y Moreno, provocó malestar en las filas socialistas en su visita a Valencia al asegurar que la prioridad ahora mismo son los presupuestos. “Las manifestaciones que parten de una posición que trata de llevar a un enfrentamiento entre los territorios y los ciudadanos o planteamientos de enfrentamiento entre partidos no sirven para este tipo de cuestiones. Este tipo de cuestiones y negociaciones tienen que abordarse con esta perspectiva constructiva porque no lleva a nada bueno un planteamiento que crea bloques o que trata de generar brechas”, expresó Calviño, que aseguró que Montero presentará una propuesta de criterio de población ajustada.
Mientras se acerca ese momento, los bloques se han ido rearmando para la batalla que no será sencilla por lo enrevesado del sistema y los distintos intereses territoriales. En el caso de los socialistas, la tensión ha ido en aumento a medida que se acerca la presentación de la propuesta e incluso hay un par de federaciones que quieren sacar el asunto en el 40º Congreso, entre ellas la valenciana –que aún la tiene que definir– y la balear, que quiere abordar el problema de la sobrepoblación en las islas. La ponencia elaborada por Ferraz habla de la necesidad de reformar el sistema y, sobre todo, hace hincapié en el reto demográfico de la 'España vaciada'.
“No es un tema de partido. No va a haber una posición de partido, porque no nos vamos a poner de acuerdo”, admiten fuentes próximas a un presidente socialista. En el Gobierno son conscientes de la presión y tratan de repartirla con el PP. “¿Puede el Partido Popular conciliar la posición de Andalucía y de Madrid? Son dos comunidades autónomas que están gobernadas por la misma formación política y que defienden modelos radicalmente distintos. ¿Cuál va a ser la votación o la posición del Partido Popular? Quizá, en este caso, la señora Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid está más alineada con la posición de los partidos catalanes que con la que puede tener, por ejemplo, Andalucía o Galicia”, dijo Montero en la tribuna del Congreso. Encontrar un nuevo sistema de financiación autonómica es uno de los grandes retos de Sánchez en el plano territorial más allá del conflicto catalán y el reto demográfico.