“En el PP no entienden que hay que depurar responsabilidades políticas”

La pérdida de la mayoría absoluta que hasta el pasado mayo tenía el PP en la Asamblea de Madrid ha posibilitado la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre la corrupción. Dolores González Pastor, diputada de Ciudadanos, es la encargada de presidirla. La creación de este mecanismo se incluía entre los puntos del acuerdo de investidura entre el partido de Albert Rivera y el Cristina Cifuentes. Pastor recibe a eldiario.es en los pasillos de la Asamblea, donde conversa sobre cómo se ha constituido esta comisión, cuáles son sus objetivos y las trabas y reticencias que se han encontrado para sacarla adelante.

¿Cómo ha sido el proceso para crear la comisión de investigación sobre corrupción en la asamblea de Madrid?

Tortuoso. La comisión se propuso antes de verano, casi inmediatamente después de formarse la Asamblea. Teníamos muy claro que había temas que había que investigar y además hacía muchísimos años que no había una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid, concretamente diez desde la del tamayazo. Hubo mucha resistencia del PP porque incluso hoy, aunque su actitud ha ido cambiando, sigue manteniendo que esto es una causa general y no entiende que hay que depurar responsabilidades políticas independientemente de que haya procesos judiciales. Esto es algo que para la oposición era importante, empezar a hablar de responsabilidades políticas antes de dejar en manos de los jueces la de depurar los casos de corrupción porque entendemos que son procesos distintos.

¿Cuáles han sido las resistencias que se han encontrado?

Hubo mucha oposición por parte del PP, que poco a poco se ha ido relajando hasta encontrarnos en un punto en el que se muestran mucho más colaboradores. Ahora las resistencias vienen por la parte burocrática, administrativa y de agenda de lo que es la Mesa de la Asamblea. La Mesa toma decisiones sobre temas burocráticos, administrativos y también políticos, es decir, sobre lo que va en agenda o no, sobre lo que se admite a trámite o no. Y aquí es cuando casualmente, habiendo el PP relajado su resistencia, se toman decisiones que nos están haciendo difícil consensuar las normas de funcionamiento.

¿A qué se refiere?

Nos ha estado requiriendo una y otra vez el porqué de estos cambios y hablaba de inexactitudes formales sin especificar lo que había que cambiar. De los tres temas más importantes, solo dos se han admitido. Uno es el streaming, una lucha de Ciudadanos para todas las comisiones y que ha contado con el apoyo del resto de grupos. El otro era el formato de comparecencia, que tradicionalmente son muy rígidas, una sucesión de discursos en el que cada uno habla de su libro. La Mesa queríamos hacer algo más dinámico, un formato de pregunta-respuesta más parecido a un diálogo. También han aceptado la posibilidad de que un compareciente acuda más de una vez, algo que estaba prohibido por reglamento.

Otra cuestión que consideramos muy importante y que no ha sido admitida es la digitalización de todas las peticiones de información. Algunos diputados hemos pedido a título personal el acceso a las actas para conocer el contenido de las deliberaciones que han llevado a estas decisiones. Como órgano de gobierno de la Asamblea deberían ser públicas, pero todavía no hemos obtenido respuesta. 

¿Qué casos veremos pasar por la comisión de investigación?

Hemos diferenciado dos etapas que tienen que ver con los periodos parlamentarios, por semestres. Ahora tenemos hasta el final de este ciclo parlamentario, cuatro sesiones, una cada 15 días. A la vuelta de Navidades se abrirá otra distinta. El objetivo era arrancar con uno o dos casos que pudieran empezar a dar una visión de los mecanismos de la corrupción en determinadas áreas de la Comunidad de Madrid. Esa es la razón por la que no hemos abierto con un caso que pudiese ser más sonoro, como Púnica o Arpegio, porque si empezamos con un caso como estos seguramente no pudiéramos haber tenido una visión más o menos completa de a dónde queríamos ir. Por eso estos grandes casos los hemos postergado para después de las vacaciones y hemos buscado dos casos, Ivima (Instituto de Vivienda de Madrid) e ICM (Informática Comunidad de Madrid), que aunque no puedan ser completados en estas sesiones, sí podamos ver un ciclo de comparecientes como para tener una visión más o menos completa, independientemente de que después los podamos retomar.

¿Y después?

Tenemos en cartera Arpegio, cómo se han concedido determinados colegios concertados, partes de la Púnica... En enero haremos una priorización de los temas para el siguiente semestre. Y entre los comparecientes, que serán tres o cuatro por sesión, podremos ver en el caso de Ivima a Fernando Gumucio, socio fundador de Azora, la empresa socia de Goldman Sachs para licitar la compra del lote de viviendas de Ivima y además es el representante y presidente de la sociedad instrumental que se crea prácticamente mientras se estaba adjudicando y formalizando el contrato, Encasa Cibeles, gestora finalmente de las viviendas.

También se va a llamar a Pablo Cavero, exconsejero de Vivienda, y a Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid. Ambos son llamados a raíza de las declaraciones de Ana Gomendio y Juan Van-Halen, exdirectores gerentes de Ivima, que dijeron que determinadas cuestiones de cómo se formalizaba este contrato eran instrucciones directas de sus jefes. También pasarán Francisco Carmena Lozano, presidente de la mesa de contratación de Ivima.

¿Comparecerán los dos últimos presidentes de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Esperanza Aguirre?

González, este próximo día 20 de noviembre exclusivamente por el caso de Ivima. Hubo una queja del PP porque pensaba que era demasiado pronto para que viniera y que además ellos preferían que viniera al final de todo el proceso para contestar por todas las cuestiones. Esto al resto de portavoces y a la mayoría de la mesa nos parecía un poco absurdo, porque un presidente de Gobierno toma decisiones muy importantes en momentos distintos, sobre casos distintos y con equipos e implicados distintos. Que venga el 20 de noviembre no significa que no tenga que volver a venir en un futuro. Ese es uno de los motivos por lo que solicitamos que un compareciente pudiese venir más de una vez. Se van a investigar las dos últimas legislaturas, de 2007 a 2015, y los dos presidentes de la Comunidad han sido ellos.

¿No llegará hasta el tamayazo que llevó a Esperanza Aguirre a la presidencia?

Ya hubo una comisión que trató ese tema. Hemos pedido las actas para entender cómo fue el funcionamiento. El tamayazo queda fuera en el horizonte temporal que nos hemos marcado. Hemos arrancado con 2007 porque es cuando salta el caso Gürtel. Y hay que resaltar que esta es la primera comisión de investigación en Madrid que no se da bajo un gobierno con mayoría absoluta.

Han pedido las actas de la comisión sobre el tamayazo. ¿Si encontrasen deficiencias se plantearían retomarla?

La verdad es que no se han planteado, pero por una razón: los casos de corrupción que han venido detrás son tan brutales que había que acotar de algún modo para que la comisión tuviese utilidad. Además, nadie ha solicitado que esa comisión de investigación se debiera repetir. Nos preocupaban dos cosas. Que se pudiese interpretar como una especie de linchamiento o circo mediático, y no, todos estábamos de acuerdo en hacer algo serio. La otra cuestión es que se nos fuera de las manos y por abarcar mucho, se diluyese. Para una vez que tenemos la oportunidad de hacer una comisión no teledirigida por una mayoría absoluta queremos que sea útil y acotada. 

Algunos responsables políticos de estos casos siguen ocupando cargos dentro de su partido. En caso de que se depuren responsabilidades políticas, ¿cuáles le van a pedir al PP, al que han aupado al gobierno de la CAM?

No es el objetivo de la comisión llegar a definir delitos, ni acusar ni imponer penas, que para eso está la justicia. Debemos señalar quiénes son malos políticos, quién ha realizado mala praxis con el objetivo de evidenciar que no son dignos de la función política y generar una censura entre sus propios compañeros de profesión sobre qué personas son las más adecuadas para manejar presupuestos públicos, adjudicar contratos públicos, etc.

¿Si Cristina Cifuentes preside el PP de Madrid le exigirían que depurase responsabilidades en su propio partido?

Hay dos temas: las cuestiones internas de un partido político y otro, que es la que a nosotros nos preocupa, que es cuando un partido gobierna, qué equipo de gobierno y qué perfiles son con los que cuenta. Es ahí donde se gestiona lo público. Es verdad que los partidos tienen una responsabilidad social y pública, pero de momento nosotros no nos metemos en cómo gestiona cada uno su partido, porque cada uno tiene que ser responsable ante la sociedad. En el acuerdo de investidura hay 20 o 21 puntos relacionados con regeneración y transparencia, de los cuales unos cuantos tienen que ver muy explícitamente con la dignidad política, la dedicación exclusiva, que no haya imputados... El foco lo vamos a poner sobre cualquier político que ejerza la responsabilidad de gobierno.

¿Puede el resultado de esta comisión de investigación provocar que Ciudadanos le retire el apoyo a Cifuentes?

Dentro de los puntos del acuerdo de investidura hay uno muy claro y es que cualquier imputado debe entregar su acta y abandonar cualquier función de gobierno que ocupe. Y eso lo decide un juez. No es objetivo de esta comisión hacer juicios paralelos, sino señalar responsabilidades políticas en cuanto a quiénes tomaron malas decisiones y por qué. Y el segundo, para que esta comisión transcienda y no quede circunscrito a un determinado periodo de tiempo, cómo han funcionado determinados patrones y determinados mecanismos de corrupción para poner los medios y que no vuelva a ocurrir. Y eso es lo que va a hacer que una comisión de investigación sea útil dentro de 20 años.