Demandas que se presentan y retiran hasta dar con el juez adecuado: las maniobras contra la exhumación de Franco

El proceso para sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos incluye una obra en la basílica para mover una losa de granito de 1.500 kilos. El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial concedió el permiso y ahí empezó una acción coordinada de decenas de demandas judiciales presentadas por los juzgados de todo Madrid para intentar encontrar un atajo legal que retrasase la exhumación.

Uno de esos magistrados que recibió esos escritos, José Yusti Bastarreche, que se había pronunciado públicamente contra las leyes de memoria, decidió aceptar el recurso que pivotaba sobre un informe arquitectónico encargado por la Fundación Francisco Franco. En su polémico auto para frenar la exhumación el magistrado escribía: “debajo de la basílica hay partes huecas, se supone que ejecutadas correctamente, pero el movimiento de la losa de piedra [...] puede desestabilizar el conjunto”. Es decir, esa obra menor para retirar la lápida podría deshacer el puzle y hundir el mausoleo. Es la frase que ha servido para anular el informe municipal que daba permiso para los trabajos. 

Logrado ese éxito, las mismas demandas que habían sido rechazadas en todos los demás juzgados de lo contencioso-administrativo se fueron retirando, también de forma coordinada. Es un nuevo paso en la estrategia diseñada para impedir la retirada de los restos del dictador: que ese juez famoso por su oposición a la Ley de Memoria Histórica y el único que ha tomado la decisión de frenar el proceso, se quede todos los procedimientos iniciados en los juzgados de Madrid.

Este es el último escollo que ha encontrado la iniciativa para sacar a Franco del Valle de los Caídos desde que se inició con una proposición no de ley en abril de 2017. La presentó el PSOE y logró el apoyo de 198 diputados. PP y ERC se abstuvieron. El PP se negó a desarrollar la iniciativa, pero el Gobierno del PSOE la convirtió en una de sus prioridades tras la moción de censura.

Poco después de llegar al poder, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto para la exhumación que se convalidó en el Congreso a mediados de septiembre. Desde entonces, la familia del dictador ha iniciado una batalla en distintos ámbitos para impedirlo. Presentó alegaciones administrativas a la decisión del Gobierno -que le fueron rechazadas- y han amenazado con llevar los restos del dictador a la Catedral de la Almudena, lo que provocó que el Gobierno pidiese la intervención del Vaticano para evitarlo.

En el plano judicial, la familia del dictador ha intentado que el Tribunal Supremo aceptase paralizar el procedimiento. El Alto Tribunal descartó aplicar las medidas cautelares que le solicitaron pero admitió a trámite el recurso y tendrá la última palabra sobre la exhumación de Franco.

Con esa vía paralizada, a finales de febrero se presentaron en los juzgados madrileños decenas de demandas para paralizar la exhumación. Estaban firmadas por personas distintas pero su redacción era calcada. Todos los escritos hacían referencia a un informe encargado por la Fundación Francisco Franco los arquitectos José Ismael de la Barba y Enrique Porto, este último ex director de Urbanismo con Esperanza Aguirre.

El hecho de que sean particulares es una de las claves de la estrategia judicial ya que al ser un asunto urbanístico, la ley permite personarse a cualquier persona ya que la acción es pública. En otros asuntos jurisdiccionales, la personación se limita a los afectados directamente, como pueden ser la familia Franco o la Abadía del Valle. 

El juez José Yusty Bastarreche fue el único que plasmó en un auto los argumentos del informe y se mostró a favor de paralizar la licencia urbanística. “No se aprecia especial urgencia en la exhumación del que fue Jefe del Estado”, escribió el magistrado, que alertó también sobre los supuestos: “Se trata de remover unas losas de mármol, que a su vez tapan una losa de granito de, al parecer, 2.000 kilos de peso, y no hace falta ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero ni maestro de obras para percatarse de que ello es de por sí es algo complicado, difícil de manejar, y por tanto peligroso”.

La estrategia de demandas masivas buscaba que algún juez admitiese el recurso, pero se eligió en concreto el juzgado de Bastarreche porque este juez ya se había significado contra la Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno de José Luis Zapatero. En una revista académica escribió que la norma había suscitado “una de las más enconadas y agrias polémicas de carácter político en España en la que se creían superados los fantasmas de la Guerra Civil” y dijo que “representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil”.

Una vez que este juez ha aceptado la demanda, el resto de particulares que las presentaron en masa -en ocasiones varias en un mismo juzgado- las han retirado. Como publicó eldiario.es, a siete juzgados han llegado ya escritos calcados, firmados por el mismo abogado y procurador, para desistir de los procedimientos. En algunos de ellos, los magistrados se habían manifestado ya en contra de admitir los argumentos de la Fundación Francisco Franco.

Uno de los juzgados que ya había rechazado la demanda fue el número 13. El demandante que lo interpuso lo ha retirado, y en este caso ese movimiento tiene un especial significado: el 13 fue el primer juzgado que se pronunció, así que por las normas de reparto tendría que ser en el que se unificase el proceso.

Sin embargo, la decisión última de quién se queda con el procedimiento la tendrá la Audiencia Provincial. El Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial ha pedido que se unifique todo. “Esto lleva su tiempo porque hay que dar traslado a las partes y guardar unos plazos”, advirtieron. Hay un argumento de peso para que quien unifique criterio lo haga a favor de llevar a cabo la exhumación: la Subdirección General de Inspección y Disciplina Urbanística de la Comunidad de Madrid avaló las obras y no vio impedimento legal ninguno para hacerlo.

A la espera de que se resuelva esta vía judicial, la familia ya ha comunicado al Gobierno que llevará al Supremo el acuerdo que adoptó el pasado 19 de febrero para la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos y que además va a pedir su suspensión cautelar hasta que el tribunal resuelva.

El Gobierno tiene claro que todos esos movimientos son una estrategia planificada que busca parar la exhumación por cualquier medio. “La familia de Franco ha decidido mantener un pulso al Congreso, al Gobierno legítimo de España y a la democracia” dijo en una entrevista con eldiario.es.