Los delitos de odio y el aborto llegan al Congreso en plena escalada de la agresividad de la extrema derecha

Dos ámbitos que generan una gran polarización política, los delitos de odio y el aborto, llegan esta semana al Congreso de los Diputados en medio de la crispación que ha provocado en las últimas semanas la escalada de agresividad, homofobia y racismo de la extrema derecha, con el beneplácito del Partido Popular, que gobierna en Andalucía, la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia gracias al apoyo de Vox.

El líder de la formación ultra, Santiago Abascal, elevó aún más el tono en la Cámara Baja el pasado miércoles y aseguró que las personas migrantes son los “enemigos de España” o que el Gobierno pretende “amordazar a los españoles mientras están con los enemigos de los españoles, que son los que asaltan las fronteras”.

Un día después, el jueves, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid –una de las regiones donde, según las cifras oficiales, más se han incrementado las agresiones homófobas en los últimos años–, aseguró que “la homofobia está en la cabeza de la izquierda” y se comprometió a cambiar las leyes que protegen al colectivo LGTBI tal y como le ha reclamado Vox, cuyos votos fueron necesarios para que fuera investida presidenta.

La escalada de oprobios contra inmigrantes y personas LGTBI por parte de la extrema derecha se agravó el fin de semana, durante la manifestación nazi que recorrió el barrio madrileño de Chueca –una de las zonas de referencia de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales– con proclamas que exigían la salida de los “maricas” de la ciudad o que gritaban “fuera sidosos de Madrid” y otras consignas contra las personas migrantes.

El silencio de Ayuso

El terremoto político generado por esta marcha que aterrorizó a los vecinos del centro de la capital forzó que este lunes la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, que fue quien autorizó la manifestación, pidiera perdón al colectivo LGTBI y reconociera haber sido “engañada” por los convocantes, entre los que estaban varios grupos neonazis. En su solicitud de autorización, estos colectivos señalaron que la protesta iba a ser “contra la Agenda 2030 del Gobierno”, pero finalmente se convirtió en un constante enaltecimiento del nazismo, el racismo y la homofobia.

El Gobierno ha recurrido la manifestación ante la Fiscalía, que ya está investigando los posibles delitos de odio que se pudieran haber cometido. Por contra, la máxima autoridad de Madrid, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso –en el poder gracias a sendos acuerdos con la extrema derecha de Vox–, ha evitado condenar la intolerancia expresada sin tapujos en las calles, y que cuando ha sido denunciada por colectivos u otros partidos políticos ha considerado que se estaba “atacando” a los madrileños.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida sí se manifestó en cambio mostrando su “condena total y absoluta” a lo que ocurrió en Chueca y tildando de “bárbaros e indeseables” a los homófobos. Además, Almeida apoyó la actuación de la delegada del Gobierno y defendió el “derecho de manifestación”, mientras Ayuso guardó silencio tres días después de la marcha y dejó la condena en manos de su consejero de Justicia, Enrique López.

Vox, por su parte, trata de culpar de la manifestación al Gobierno con argumentos enrevesados como que los manifestantes provienen de la “cloaca socialista”, como dijo el domingo el propio Abascal, o que entre los que asistieron se vio alguna “camiseta con el Club de la Lucha, un proyecto que organiza El Pirracas, uno de esos ultrillas y bucaneros que parece que formaba parte de la guardia de seguridad del señor [Pablo] Iglesias”, como denunció este lunes Jorge Buxadé.

Este escenario de crispación promulgada por los sectores más extremistas de la derecha se trasladará previsiblemente este martes al Congreso de los Diputados que la pasada semana, la primera del curso político con pleno, ya estuvo cargada de descalificaciones y ataques por parte de PP y Vox contra el Gobierno de coalición. Todo ello pese a las constantes llamadas a rebajar el tono y a buscar entendimientos que realizó la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, en la sesión del lunes.

Vox ve una estrategia de Moncloa para ilegalizarlo

Los choques están asegurados al abordarse en el pleno una proposición de ley del PSOE que busca penar con cárcel el acoso a las mujeres en las puertas de las clínicas que interrumpen embarazos, en alusión a las concentraciones respaldada tanto por Vox como por sectores del PP. También por otra propuesta que se debatirá en la sesión de este martes presentada por el partido de Santiago Abascal que, en medio de las críticas por alentar con su discurso la xenofobia y la homofobia en las calles, trata de culpar de los delitos de odio al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

La extrema derecha defenderá una moción consecuencia de interpelación “sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar la banalización de los delitos de odio”. El objetivo de la iniciativa, que ya expuso la diputada de Vox Macarena Olona la pasada semana durante el pleno, es tratar de acusar al Ejecutivo de vincular a su partido con el crecimiento de las agresiones de odio registradas por los organismos oficiales para “intentar ilegalizarlo”.

Lo que reivindica el partido de Abascal es que pese a sus proclamas acusando a los migrantes de ser “enemigos de España”, de tildar al colectivo LGTBI de “lobby”, pidiendo que la celebración del Orgullo se realizara fuera del centro de Madrid o, directamente, avalando las terapias de curación de la homosexualidad, Vox no tiene ninguna responsabilidad en el auge de los ataques homófobos, sino que todo responde a una estrategia de Moncloa para ilegalizar al partido en base a la ley de partidos.

A este debate agrio y al previsible cruce de acusaciones precederá la discusión sobre la proposición de ley del PSOE que plantea una reforma del Código Penal para añadir un nuevo artículo por el que se castigue con “la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días” a todo aquel que “hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta”. Impedir estas protestas fue una de las medidas consensuadas por PSOE y Unidas Podemos en su acuerdo de coalición.

El PP lleva su reforma del CGPJ

Fuentes del Congreso dan por hecho que la iniciativa saldrá adelante con el apoyo de los socios parlamentarios del Gobierno, pero también auguran un fuerte rechazo por parte de las derechas de Vox y también del PP, que en el pasado se han aliado con las tesis de las organizaciones antiabortistas, y que previsiblemente rechazarán que se prohíban las concentraciones frente a las clínicas ya que las consideran como parte del ejercicio de la libertad de expresión.

Este mismo domingo, y ante la inminencia del debate, la portavoz adjunta de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ya vaticinó su oposición frontal a la medida. Esta semana se debate en el Congreso la ley del PSOE que convierte en delito rezar en las proximidades de las clínicas abortistas. El Gobierno de la muerte no quiere que la vida de un niño tenga una última oportunidad. Tendrán enfrente a Vox“, advertía ella en un tuit.

La propuesta de reformar el Código Penal para sancionar por el acoso a mujeres y profesionales en el entorno de las clínicas la presentó el PSOE en solitario, a pesar de que es una de las cuestiones en las que está trabajando el Ministerio de Igualdad que pilota Irene Montero en la reforma integral de la ley del aborto que pretende tener lista a finales de año. “El Ministerio de Igualdad ha anunciado en numerosas ocasiones que no se puede permitir el acoso a las mujeres en las clínicas de interrupción del embarazo y que en este sentido se incluirían medidas en la próxima reforma de la ley”, aseguran desde ese departamento. Desde el grupo socialista afirman que la iniciativa se registró en “sintonía” con su socio de Gobierno y que decidieron hacerlo para agilizar el cambio normativo ante los casos que se repiten constantemente.

El debate sobre la propuesta del PSOE será solo el aperitivo del que se producirá en los próximos meses ante la reforma integral de la ley del aborto que prepara el Gobierno de coalición, en este caso el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, y que pretende flexibilizar los supuestos en los que será legal recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres.

En el pleno de esta semana también se debatirá una proposición de ley del PP para “reforzar la independencia judicial” que incluye la última condición que ha puesto la dirección de Pablo Casado al Gobierno para levantar el bloqueo de más de 1.000 días al que han sometido los populares a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Lo que pide el PP es cambiar el sistema de elección en ese órgano para que los vocales de procedencia judicial los elijan directamente los jueces, una iniciativa que nunca puso en marcha el partido mientras estuvo en el Gobierno.