El desbloqueo de la amnistía: una negociación a tres bandas con la inesperada ayuda del PP

Junts ha votado en contra de la ley de amnistía en el Pleno del Congreso. Sus siete votos, junto con los de PP, Vox, Coalición Canaria y UPN, frenan en seco la tramitación parlamentaria de la norma sobre la que debe pivotar la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Es 30 de enero y la cara del presidente sentado en su escaño de la bancada azul del hemiciclo lo dice todo. Tras muchos meses de negociaciones al límite, de asunción de riesgos y de desgaste político por intentar sacar adelante la norma, el PSOE recibe ese varapalo como un auténtico portazo de Carles Puigdemont que deja la legislatura en punto muerto. 

Sánchez, con gesto de circunstancias, cruza el pasillo y sortea las preguntas de la prensa. Antes de abandonar el Congreso mantiene una breve conversación con su equipo más cercano. Su enfado es ostensible. No está dispuesto a soportar ninguna humillación más después de semanas en las que el independentismo catalán ha hecho gala de la influencia de sus siete diputados para torcer el brazo al Gobierno en votaciones parlamentarias llevadas al límite. 

La orden del presidente es que la negociación se pare en seco durante unos días y que los canales de comunicación establecidos entre los socialistas y los independentistas desde la noche del 23 de julio queden también congelados. En la Moncloa están convencidos de haber llegado todo lo lejos que se podía llegar en esas negociaciones. Y también de haber sido lo suficientemente generosos como para recibir otra respuesta y otro trato de sus interlocutores. 

Santos Cerdán, el secretario de Organización del PSOE y principal negociador con Junts, traslada ese profundo malestar por teléfono a su interlocutor habitual, Jordi Turull, el secretario general de los independentistas. Le dice que la postura de su grupo complica mucho las cosas para el futuro, que ni el presidente del Gobierno ni nadie en su partido entienden su descuelgue, que ellos han cumplido rigurosamente con todo lo pactado y que su voto en contra no hace otra cosa que reforzar los movimientos de la judicatura más conservadora dirigidos a tumbar la amnistía. 

Esa conversación de reproches cruzados da paso a seis largos días de silencio absoluto entre Santos Cerdán y Jordi Turull, algo muy poco habitual desde que el líder del PNV, Andoni Ortuzar, les presentara en un restaurante de Bilbao hace justo un año, en marzo de 2023. Sin adelanto electoral de las generales a la vista y sin ninguna relevancia de los de Puigdemont en la aritmética parlamentaria que sustenta al primer gobierno de coalición, Pedro Sánchez plantea abrir una vía de contacto con ese sector del independentismo tan relevante en Catalunya y con el que no han existido puentes en la última década. 

Con Ortuzar de anfitrión, Cerdán y Turull conectan rápido. Hombres de la máxima confianza de Sánchez y Puigdemont, ambos entablan una relación política con conversaciones habituales. El secretario de Organización del PSOE acude varias veces a Barcelona durante esos meses para verse con el dirigente de Junts. Conversan de la situación en Catalunya, de cómo van las cosas en el Congreso, de los tres años y ocho meses que Turull pasó en la cárcel. Y la relación política deriva en personal. 

Por eso, cuando la izquierda se estrella en las municipales y autonómicas del 28 de mayo y Pedro Sánchez adelanta las generales y luego las urnas convierten a Junts en imprescindible para la gobernabilidad del país, las vías de interlocución entre el PSOE y los de Puigdemont funcionan ya a pleno rendimiento. En la misma noche del 23 de julio, Cerdán y Turull conversan con los resultados en la mano. Y constatan la voluntad de ambas partes de explorar un entendimiento que permita que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. Aunque aún nadie a esas alturas había puesto sobre la mesa la palabra clave, en el equipo del presidente ya sabían de buena tinta que todo pasaba por la amnistía. 

Santos Cerdán comienza entonces un periplo por varios países de Europa para reunirse personalmente con la dirección de Junts al más alto nivel, incluido Carles Puigdemont. Y lleva instrucciones claras de la Moncloa sobre los límites del terreno de juego en el que se puede desarrollar esa delicadísima partida política: ni referéndum ni autodeterminación. Fuera de eso, el PSOE está dispuesto a hablar de todo. La respuesta de Puigdemont es que acepta las reglas del juego para hacer posible la investidura de Sánchez a cambio de una amnistía general a todos los implicados en el procés independentista.

Los socialistas habían recibido mensajes y llamadas del entorno de Puigdemont que habían decidido no contestar

Después de los seis días de incomunicación entre Cerdán y Turull a cuenta de la tramitación parlamentaria de esa amnistía, el PSOE vuelve a mover ficha. Los socialistas habían recibido mensajes y llamadas del entorno de Puigdemont que habían decidido no contestar. Conscientes de que en el propio independentismo empezaban a aumentar las voces de recelo hacia una actitud de Junts que podía poner en riesgo una oportunidad única para dar carpetazo a la situación judicial de cientos de encausados por el procés, los de Pedro Sánchez vuelven a poner sobre la mesa otras dos líneas rojas: de las excepciones a la medida de gracia no pueden desaparecer ni el delito de terrorismo ni tampoco el de traición. 

El equipo de juristas de Junts considera que el redactado de la norma puede dejar fuera a mucha gente. Un convencimiento al que contribuyen los últimos movimientos de la justicia española respecto al caso de Tsunami Democràtic, en base al que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón y el Tribunal Supremo aprecian indicios de un delito de terrorismo por parte de Carles Puigdemont. Y lo mismo en el caso del delito de traición por la conocida “rama rusa” del procés. 

En el PSOE no tienen dudas de que todas las complejidades que ha afrontado la negociación de la amnistía han estado atravesadas por una especie de juego de acción-reacción. Una partida de ajedrez entre las maniobras de la Justicia y las posiciones de Junts.

Los equipos jurídicos de ambos partidos se emplearon a fondo en una maratón de conversaciones para encontrar una solución que no llegaba. Puigdemont trasladó personalmente a la dirección del PSOE que estaba dispuesto a asumir el riesgo de quedarse fuera de la amnistía si él era el único caso, pero que jamás apoyaría una versión de la norma que, según sus cálculos, podría dejar sin el beneficio de la medida de gracia a entre 200 y 300 encausados.

Una cita en Barcelona

Los días pasan y, ante el absoluto bloqueo, el PSOE promueve la prórroga de la Comisión de Justicia que debe volver a emitir el dictamen de la propuesta de ley una vez esta ha sido rechazada por el Pleno. Junts muestra mucho interés en que los equipos técnicos paren unos días las negociaciones para dejar paso a un encuentro a nivel político que pueda ayudar al desbloqueo. El PSOE acepta y la cita se produce en Barcelona. 

A la interlocución directa de Turull y Cerdán se suman en esa reunión en Barcelona Míriam Nogueras, la portavoz parlamentaria independentista, y Félix Bolaños, otro de los hombres de mayor confianza del presidente del Gobierno, encargado de las negociaciones con ERC, y la persona que tiene la última palabra sobre el contenido técnico de la ley como ministro de Justicia. Pero la cita, según coinciden todas las partes, va muy mal. 

La cuenta atrás en el Congreso para el desbloqueo de la norma hace aflorar los nervios en el PSOE. Hay entre los socialistas quien empieza a deslizar una crítica: que hasta ahora se había sido “muy blando” en las negociaciones con Junts y que había que apretar. Y defienden, de hecho, reanudar la tramitación de la ley con el texto tal y como está porque los de Puigdemont “no pueden votar que no”.

Desde el equipo negociador de los socialistas, donde conocen mejor que nadie a sus interlocutores, se da, sin embargo, la voz de alerta: con Junts no valdrán los órdagos y, si quieren contar con sus siete votos, hará falta introducir modificaciones en el texto por muy limitadas que sean. 

Varias veces de forma presencial fuera de España y casi a diario por videoconferencia —un formato en el que Jordi Turull llega a participar incluso desde el hospital en el que se recupera de un infarto—, Cerdán y el equipo de negociadores del PSOE intensifican los contactos para sellar un acuerdo político sobre el que los juristas, a posteriori, puedan concretar una solución legislativa. Se implica en esa parte política hasta José Luis Rodríguez Zapatero, que contacta con todos los actores implicados para intentar influir en que todo acabe bien.

Según coinciden todas las partes implicadas, la salida definitiva del laberinto la señala, sorpresivamente, el PP

Hace dos semanas el acuerdo político, por fin, se cierra. El PSOE y Junts se comprometen formalmente a que habrá ley de amnistía y se delimitan los marcos en que pueden introducirse modificaciones. Solo queda rematar un texto con correcciones quirúrgicas en los términos empleados para contentar a todas las partes. En esa tesitura, hay quien hasta propone recurrir a un diccionario de sinónimos en busca de las palabras que susciten un mayor consenso. 

Según coinciden todas las partes implicadas, la salida definitiva del laberinto la señala, sorpresivamente, el PP. Porque con el informe de la Comisión de Venecia a la que los de Feijóo apelaron para intentar hacer descarrilar la ley de amnistía, Junts y ERC ven el cielo abierto.  

Consideran los independentistas que el órgano consultivo del Consejo de Europa viene a tumbar todos los argumentos esgrimidos por la derecha política y judicial. “Ese informe asegura que no hay problemas de separación de poderes y que los jueces, por tanto, están obligados a aplicar la ley en favor de su aplicación efectiva”, exponen fuentes de Junts, que ven además en el dictamen la oportunidad perfecta para referenciar las exclusiones por terrorismo o traición al derecho comunitario e internacional en detrimento del Código Penal español, a su juicio más abierto a la interpretación de los jueces respecto a estos tipos penales. 

Con todo encauzado, en el remate de la negociación surge un último cortocircuito. Las discrepancias entre Junts y ERC, sin interlocución alguna entre ellos desde hace mucho tiempo, son negociadas a través de los intermediarios socialistas, convirtiéndose Félix Bolaños y Santos Cerdán en meros mensajeros de las demandas de una y otra formación independentista en ese punto de las conversaciones.

Desde el PSOE plantean entonces una solución atrevida: que Junts y ERC prueben a hablar directamente entre ellos, a ver qué pasa. Y que, cuando alcancen un punto de encuentro, se lo trasladen al Partido Socialista. Recién salido del hospital, Jordi Turull llama a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que permanece en Ginebra. Según ambas formaciones, se pusieron de acuerdo muy rápido gracias, en gran medida, al mencionado informe sobre la amnistía realizado por la Comisión de Venecia a petición del Partido Popular. 

“El día que el PP pidió el dictamen a la Comisión de Venecia nos vino dios a ver y no lo sabíamos”, ironiza una de las personas de más peso en el Gobierno de Pedro Sánchez. El jueves, la Comisión de Justicia desbloqueó definitivamente la proposición de ley de amnistía que será refrendada, esta vez sí, por el Pleno el próximo 14 de marzo para despejar de paso los nubarrones que se ceñían sobre la legislatura. Y la próxima parada, los Presupuestos Generales del Estado, está cada vez más cerca.