El descalabro electoral de Vox frena el 'lawfare' de la extrema derecha

La debacle electoral de Vox este 23J afecta a la línea de flotación de la estrategia de la ultraderecha en las instituciones. El resultado obtenido este domingo, que ha otorgado a los de Santiago Abascal 33 diputados, les impide presentar en esta legislatura –en el caso de que salga adelante– recursos de inconstitucionalidad en solitario y mociones de censura. Para poder acudir al Tribunal Constitucional, un grupo parlamentario necesita el apoyo de 50 diputados. Tampoco le salen las cuentas para exigir responsabilidades políticas al futuro Gobierno en sede parlamentaria, necesita para ello 35 representantes, según el reglamento del Congreso.

En sus notas de prensa, en las que Vox informa de sus éxitos judiciales pero oculta cuando sus recursos se inadmiten o desestiman, la formación ultraderechista actualiza al peso el número de recursos que ha presentado ante el Tribunal Constitucional gracias a los 52 diputados que obtuvo hace cuatro años: van 47, según sus propias cuentas.

De ese casi medio centenar de recursos presentados en amparo, cuatro han supuesto los triunfos que el partido de Santiago Abascal ha convertido en una de sus mejores bazas electorales. Los dos más sonados llegaron durante la pandemia, cuando un Constitucional partido en varios trozos dio la razón a la ultraderecha y declaró la ilegalidad de los dos estados de alarma que usó el Gobierno para combatir el avance del coronavirus.

Otra sentencia se puso del lado de Vox cuando denunció el cierre del Congreso en las primeras semanas de estado de alarma en 2020. También cosechó victorias judiciales del partido de Abascal en amparo por medidas que, en el caso del confinamiento y el cierre de la cámara baja, ellos mismos habían pedido. El líder de la ultraderecha llegó a presumir de haber sido el primer político en pedir el confinamiento que posteriormente recurrió. Su cuarta victoria llegó tras recurrir la reforma que facilitó la inclusión de Pablo Iglesias en la comisión delegada que supervisa el Centro Nacional de Inteligencia.

A partir de ahí, el impulso judicial de Vox en el Tribunal Constitucional cuenta con una docena de fracasos sonados que el partido no difunde. El pleno o las distintas secciones han rechazado, por ejemplo, sus quejas contra la 'ley Celáa' de Educación, la ley de eutanasia, la suspensión de los desahucios durante la pandemia, el nuevo impuesto de plusvalía o la reforma del Código Civil que permite suspender el régimen de visitas a padres acusados de maltrato.

El legado judicial de Vox

La hiperactividad judicial de Vox mientras ha tenido más de 50 diputados en el Congreso seguirá coleando durante años en los despachos del Tribunal Constitucional. El pleno tiene todavía pendiente de estudio más de una docena de recursos de la formación ultraderechista que ya han sido admitidos a trámite y que cuestionan algunas de las leyes más relevantes de esta legislatura que acaba de terminar.

Algunas de ellas son leyes y normas con carácter social. Por ejemplo la conocida como 'ley Rhodes' de protección de la infancia cuyo concepto de “parentalidad positiva” es cuestionado por Vox. La ultraderecha también recurrió junto con el PP la ley trans y la última reforma de la ley del aborto por eliminar la exigencia de autorización paterna para que las menores de 16 y 17 años puedan abortar junto con la reforma penal que castiga el acoso a mujeres en las clínicas abortistas. El recurso de Vox contra la gestión del ingreso mínimo vital en País Vasco y Navarra también está pendiente de sentencia junto con la ley educativa de Balears.

Varios recursos trascendentes de Vox en materia penal también esperan su turno en la mesa de los magistrados del Tribunal Constitucional. Por ejemplo su recurso contra la eliminación del delito de sedición o el que presentó contra la reforma del 'solo sí es sí'. La reciente Ley de Memoria Democrática también está entre las normas recurridas por el partido ultraderechista junto con la reforma laboral, los decretos de ahorro energético, la reforma que facilitó la renovación del Tribunal Constitucional y la que impide al Consejo General del Poder Judicial seguir haciendo nombramientos mientras tenga el mandato caducado.

Fuentes del tribunal de garantías explican que estos recursos no decaen aunque ahora el grupo parlamentario de Vox esté muy por debajo del mínimo de 50 diputados necesario para poder presentar estos recursos. La agenda del Constitucional, por tanto, estará parcialmente marcada por los recursos de la ultraderecha, como mínimo, durante un año más aunque la formación de Santiago Abascal ya no pueda acudir a su registro de la calle Domenico Scarlatti para judicializar su oposición política al Gobierno.

A lo largo de la campaña, en Vox eran conscientes de que las urnas podían depararles un escenario como el actual. Temían que un resultado por debajo de los 35 diputados inhabilitase la que ha sido una de sus estrategias en esta última legislatura. Y así ha sido. En estos cuatro años, la formación de ultraderecha ha alardeado del elevado número de iniciativas que han presentado ante el Tribunal Constitucional. Macarena Olona reconoció, cuando todavía formaba parte del aparato del partido, la relevancia que tenían para su formación estas medidas. “Nunca pudimos imaginarnos la importancia que tendría nuestra capacidad, con más de 50 diputados, de presentar recursos de inconstitucionalidad”, apuntó en su primer año como diputada. 

La hiperactividad judicial de Vox no estalló en esta última legislatura. Durante sus años de irrelevancia electoral, el equipo de Abascal ya agitaba los juzgados. En 2017, Javier Ortega Smith explicaba a esta redacción que contaban con un ejército de 19 abogados. En esa actividad frenética que emprendió la ultraderecha, el ex secretario general del partido y su compañero de bancada, el diputado Pedro Fernández, llegaron a ejercer la acusación popular en el juicio del procés. 

Con la irrupción en el Congreso de los 52 diputados que obtuvo hace cuatro años, Vox estaba legitimado para presentar recursos de inconstitucionalidad contra estatutos de autonomía, leyes, disposiciones normativas, tratados internacionales y reglamentos de Cortes Generales. Ahora el equipo jurídico del partido de Abascal tendrá que buscar una nueva estrategia para intentar bloquear las leyes que apruebe el Ejecutivo.   

Se despide también de las mociones de censura, tras impulsar las dos que se han presentado en esta legislatura en contra del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que no le daban los números para que saliese adelante. Tanto la liderada por el economista Ramón Tamames como la defendida por el propio Santiago Abascal fracasaron. Obtuvieron únicamente los apoyos de su propio partido. La más reciente contó también con el voto del diputado tránsfuga de Ciudadanos Pablo Cambronero.

Esta medida generaba más desconcierto en la derecha que en el equipo de Gobierno al que se aspiraba a censurar. Esta confusión se evidenció en que el PP no se posicionó de la misma forma en cada una de las mociones. En la impulsada por Abascal, los populares votaron en contra con un durísimo discurso de Pablo Casado contra él. Ya en la siguiente, el PP de Alberto Núñez Feijóo bajó el tono y optó por abstenerse.