El caso que desnudó al comisario Villarejo resurge en un momento crítico para la cúpula de Interior con el Partido Popular
Quedaban dos años para su jubilación como policía y el espacio de sombra en el que se había movido durante cuatro décadas comenzó a agujerearse con continuos haces de luz. Fue en el otoño de 2014 cuando el comisario José Manuel Villarejo empezó a asomar en las crónicas periodísticas con su nombre y apellido y no con las filtraciones anónimas que había utilizado a su antojo durante cuatro décadas. El policía aparecía relacionado con Francisco Nicolás Gómez Iglesias, 'El Pequeño Nicolás', en una investigación del Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía. Después vendría el caso de la doctora Pinto, la grabación a Ignacio González y la Operación Tándem, por la que permanece en prisión desde hace un año acusado de liderar una organización criminal.
Este martes, la jueza del caso del Pequeño Nicolás ha concluido la investigación de una de sus piezas separadas y ha propuesto juzgar por revelación de secretos a Villarejo; su esposa, Gemma Alcalá; y a un periodista que trabajaba para ella, Carlos Mier. Les acusa de grabar de forma ilegal una reunión de policías y agentes del CNI el 20 de octubre de 2014, a los seis días de la detención del joven, y cuyo contenido acabó en los medios.
El Pequeño Nicolás se hacía pasar por espía al servicio del Gobierno y en su frenética actividad había contactado con Javier de la Rosa, al que grabó hablando de un supuesto abogado llamado Manuel Villar, una de las identidades falsas que el Ministerio del Interior facilitaba al comisario Villarejo, quien se había acercado al empresario catalán en busca de información comprometedora de los Pujol.
El comisario Villarejo siempre ha sostenido que su antiguo compañero de la denominada brigada 'política' Marcelino Martín-Blas, jefe de Asuntos Internos en la época del PP, le perseguía fruto de una enemistad personal, a pesar de que juntos habían viajado frecuentemente a Catalunya a buscar información comprometedora de políticos vinculados al proceso soberanista por orden de la Dirección de la Policía. Así lo soltó ante el primer juez del caso Nicolás en su declaración como imputado. Fue el 6 de julio de 2016. A partir de esa declaración, las maniobras policiales contra el proceso soberanista fueron bautizadas como 'Operación Catalunya'.
“Hemos comido, hemos viajado juntos… Tenga en cuenta que en el tema de Cataluña yo me encargaba fundamentalmente de investigar delitos, a la familia Pujol, etc, etc… y él se encargaba de apoyar en algunas citas y algunas historias, y en otras de captar fuentes, como el señor éste que ha salido ahora con las grabaciones estas del ministro, que era una fuente que decía él que tal (en referencia a Daniel de Alfonso, el exdirector de Antifrau)…”, afirma el policía ante la sorpresa de la abogada del Estado, que expresa su convencimiento de que la investigación de los Pujol era de la UDEF, en funciones de Policía Judicial (ver vídeo que encabeza la información).
En amplia contradicción con la Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el comisario responde: “Se ha judicializado por la UDEF, que son los que están aportando y trabajando la información que nosotros previamente hemos aportado. Aunque le moleste mucho al CNI, la Policía también tiene un estatus de responsables de inteligencia que somos los que nos encargamos de captar información y esa información luego la pasamos, si es judicializable, a las unidades que la trabajan”.
La guerra de comisarios
El Ministerio del Interior de la época intentó zanjar la disputa entre comisarios destituyendo a Martín-Blas, a pesar de ser éste un mando vinculado históricamente al Partido Popular. El juez del caso Nicolás, Arturo Zamarriego, blindó al cesado colocándole al frente de una comisión judicial que solo respondería ante él. Luego se supo lo que se traían entre manos, una pieza separada del caso Nicolás que investigaba a Villarejo y su supuesto intento de sabotear la causa con la connivencia y protección de la cúpula policial del momento y del Ministerio del Interior.
La actual jueza del caso, María Pilar Martínez Gamo, ha concluido la instrucción haciendo suya la tesis de los investigadores, según la cual Villarejo instaló un software en el teléfono de Martín-Blas que permitía convertir el terminal en una grabadora con tan solo llamar a ese número. De esto último se habría encargado el periodista, que en aquel momento trabajaba en Información Sensible, la web que dirigía la mujer de Villarejo.
La decisión llega apenas unos días después de que otro juez de Plaza de Castilla propusiera juzgar al jefe directo de Villarejo en esa época, el comisario Eugenio Pino, y a otro miembro de la brigada política, por intentar introducir información robada a Jordi Pujol Ferrusola en la causa por corrupción que investiga la Audiencia Nacional. Y ocurre también cuando dos jueces del citado tribunal especial, el de la caja B y el de la Operación Tándem o caso Villarejo, han solicitado al Ministerio del Interior información de los fondos reservados con los que trabajó esa policía política entre 2012 y 2016.
La magistrada Martínez Gamo 'heredó' el caso del Pequeño Nicolás cuando su compañero Arturo Zamarriego ascendió a la Audiencia Provincial. En contra de lo que ha ocurrido, todo hacía presagiar que la magistrada archivaría la causa contra Villarejo, su mujer y el periodista. Entre sus primeras decisiones estuvo poner fin a la comisión judicial de Martín-Blas y archivar una parte de su investigación, la que apuntaba al exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino; su mano derecha, José Ángel Fuentes Gago; y varios periodistas, entre ellos Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta -en El Mundo en la época de la grabación- como cooperadores en la operación para reventar la causa. Los medios a los que se había filtrado la grabación exponían la tesis de que en ella policías y agentes del CNI hablaban de continuar de forma ilegal con las escuchas al Pequeño Nicolás, un extremo éste descartado por el juez.
El rastreo de las llamadas en Interior
La comision judicial había obtenido de Zamarriego el permiso para rastrear las llamadas de los implicados durante los dos meses posteriores a la detención del Pequeño Nicolás. El resultado de aquel trabajo supuso hace dos años el preludio de la tormenta que se avecina ahora sobre los antiguos responsables del Ministerio del Interior, una vez que Villarejo aguarda en prisión que sean desencriptadas las grabaciones que se le incautaron y a la espera de que el actual Ministerio entregue al juez de la caja B el expediente de la Operación Kitchen, el pago al chófer de la familia Bárcenas para que robara documentos sobre la financiación irregular del PP.
Con ese rastreo telefónico se pudo acreditar, por ejemplo, que el número dos de Interior en el Gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, tenía un trato directo y constante con dos comisarios a los que no correspondía por su destino tratar con el secretario de Estado de Seguridad. Se trata del propio Villarejo y de Enrique García Castaño, 'El Gordo', imputados ambos por pertenencia a organización criminal en las investigaciones actuales de la Audiencia Nacional.
“Se significa que desde la detención de Francisco Nicolás hasta la primera publicación que aparece en los medios de comunicación, el comisario Villarejo Pérez realiza y recibe numerosas llamadas desde su teléfono 619.xxx.xxx a teléfonos oficiales, llamando especial atención dos llamadas el día de la detención de Francisco Nicolás, día 14/10/2014, con el secretario de Estado de Seguridad D. Francisco Martínez Vázquez”, recoge el informe policial incorporado a la causa que instruye la jueza Pilar Martínez Gamo. Como desveló eldiario.es, el propio Martín-Blas, cuya Unidad de Asuntos Internos estuvo implicada en las investigaciones en Catalunya, guardaba el contacto de Martínez en su móvil como 'Paco Bomba'.
A pesar de que la jueza no ve motivos para imputar a otro comisario o cargo de Interior que no sea Villarejo, en su auto escribe que si el comisario supo que se iba a producir la reunión que luego presuntamente grabaría de forma ilícita fue por su “vinculación” con Pino, el policía que el Partido Popular puso a dirigir el Cuerpo, por debajo de Ignacio Cosidó, y que organizó y dirigió la estructura que albergó la policía política.
