Junto a Ignacio González, los agentes de la Guardia Civil ha detenido este miércoles a algunos de los exdirectivos del Canal de Isabel II en el marco de la Operación Lezo. Entre ellos su anterior director general, Adrián Martín, al que la presidenta regional Cristina Cifuentes destituyó para colocar en su lugar a Rafael Prieto, que ya ha declarado como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que dirige la investigación.
Los agentes han llevado a los detenidos a la Comandancia de la Guardia Civil. Además de González, su hermano Pablo, directivo de Mercasa, y su cuñado José Juan Caballero están los antiguos gestores de la empresa pública que gestionaba el agua de la Comunidad de Madrid.
Entre los detenidos está la ex directora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, que ha pasado la noche en los calabozos junto con el resto detenidos. Richmond está casada con el consejero delegado de Indra, Javier de Andrés, cuyo nombre también está salpicado por las irregularidades del Canal.
El juez Velasco, que instruye también el caso Púnica, acusa a De Andrés de colaborar en la simulación de pagos a los empresarios de la trama corrupta a través del Canal. Un antiguo trabajador de la Agencia de Comunicación de la Comunidad de Madrid (ICM) relató al magistrado su papel en este caso y el del exconsejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria.
Según explicó en su declaración, Salvador Victoria llamó por teléfono a De Andrés para que Indra pagase la deuda que la Comunidad de Madrid tenía con Alejandro de Pedro, el conseguidor de la Púnica encargado de los trabajos de reputación online. De Pedro llevaba meses reclamándole ese pago, que ascendía a 10.000 euros.
En los calabozos está también Clarisa Guerra, secretaria de Edmundo Rodríguez Sobrino, el responsable del Canal en América Latina, que también ha sido detenido este miércoles como una de las piezas centrales de la operación.
Según fuentes de la investigación, tres detenidos han quedado en libertad tras los registros. La operación ha incluido detenciones en Colombia y Brasil, los países en los que el Canal llevaba a cabo los negocios ahora investigados.
Entre ellos está Diego García Arias, implicado en la compra por parte de Inassa de la empresa Emissao. Según la documentación entregada por el Gobierno regional a la Fiscalía, el Canal pagó en esa transacción 21 millones de euros por una empresa brasileña que en realidad costaba solo cinco.