Mario Conde se reencuentra con su historia. El exbanquero ha sido detenido este lunes por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusado de blanqueo de capitales y otros delitos, informaron a eldiario.es fuentes próximas a la investigación. La Fiscalía Anticorrupción cifra en 13 los millones blanqueados desde 1999. Unos fondos que provenían del saqueo de Banesto, por el que fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo.
La operación, llamada Fénix, ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado también ha instado a la detención de otras siete personas. Dos de los arrestados son hijos del propio Conde: Mario y Alejandra. También figuran detenidos Fernando Guasch Vega-Penichet, marido de Alejandra; Francisco Javier de la Vega Jiménez, Francisco de Asís Cuesta Moreno (vinculado a Conde desde los años noventa) y María Cristina Fernández Álvarez.
Para llevar a cabo estos movimientos de dinero, Conde diseñó un sistema de facturación ficticio a través de la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, según datos de la investigación. El exbanquero repatriaba el dinero por medio de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo. Las sociedades utilizadas para ello siempre estaban a nombre de terceras personas.
La investigación también comprende delitos contra la Administración Pública, insolvencia punible y organización criminal y ha sido desarrollada por la Guardia Civil. La UCO continúa practicando varios registros en Madrid y otras localidades, entre ellos el del chalet de Conde en la calle Triana, en el distrito madrileño de Chamartín.
Los investigadores creen que en el centro de la trama se sitúa la empresa Hogar y Cosmética Española. El consejo de administración de la compañía es un reflejo del “entramado familiar” al que apuntan la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Su presidente es Mario Conde. Por debajo de él, como consejeros, su hija Alejandra, el marido de ésta y otro de los detenidos, Francisco de Asís Cuesta.
La fiscal encargada de investigar el caso es Elena Lorente, al frente de las pesquisas sobre los negocios privados de Rodrigo Rato. Lorente acusa a Conde y otras 14 personas de los delitos antes mencionados, al que añade fraude de ejecución -de las condenas contra el exbanquero- y ocho delitos contra la Hacienda Pública.
La querella, según informa la Fiscalía, tiene su origen en una comunicación del Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), recibida el pasado septiembre de 2014, por la que se incoaron unas Diligencias de Investigación en esta Fiscalía, según Europa Press.
Las diligencias fiscales han permitido la recopilación de numerosa documentación en este tiempo, y se ha contado también con los informes elaborados por las Unidades de Guardia Civil (UCO), y Agencia Tributaria adscritas a esta Fiscalía.
Anticorrupción tiene indicios de que una parte importante de los fondos desaparecidos y no recuperados, según la querella del Ministerio Público, ha sido “blanqueada” desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros.
Declive y condena
A partir de 1994 Mario Conde tuvo que hacer frente a varios procesos judiciales relacionados con lo que se denominó caso Banesto. En el primero de los casos a los que se enfrentó, el juicio Argentia-Trust, fue condenado en marzo de 1997 a seis años de prisión por apropiación indebida y falsedad en documento mercantil, por retirar de Banesto 3,6 millones de euros (600 millones de pesetas), que en un primer momento fueron ingresados en una cuenta suiza de la sociedad Argentia Trust (una compañía fantasma de Conde); el Tribunal consideró en su sentencia que Conde dispuso de bienes del Banco que le correspondía administrar sin dar ninguna respuesta apropiada y coherente sobre su uso.
El 31 de marzo de 2001 la Audiencia Nacional le condenó a catorce años por los delitos de estafa y apropiación indebida por el caso Banesto, y le obligó a devolver 7.200 millones de pesetas a la entidad bancaria. Las defensas recurrieron al Supremo, y Conde evitó la cárcel con una fianza de 500 millones de pesetas, informa Europa Press.
El 29 de julio de 2002 el Tribunal Supremo aumentó las penas, siendo condenado a 20 años de cárcel. Además, Conde, junto a otros directivos del Banco, fue condenado a pagar a Banesto 7.200 millones de pesetas (43,27 millones de euros). Cumplió su condena en la cárcel de Alcalá-Meco. A partir de 2005 obtuvo el tercer grado de régimen penitenciario, que le autorizaba a solamente dormir en la cárcel.
El 9 de octubre de 2012, durante el transcurso de la campaña electoral autonómica gallega, en la que Conde se presentaba como candidato al Parlamento de Galicia por Sociedad Civil y Democracia (SCD), la Audiencia Nacional, por medio del juez Fernando Grande-Marlaska, ordenó el embargo de cinco fincas situadas en diferentes lugares de España que, según el juez, le pertenecían, en ejecución de la sentencia del año 2000 del Caso Banesto.