Cargos de la empresa de construcción OHL aparecen en varias grabaciones organizando el dinero que usarán para sobornar a cargos públicos a cambio de adjudicaciones. En la investigación constan al menos una decena de políticos que recibieron esos pagos.
Los audios, publicados por la Cadena Ser, fueron grabados por el exdirectivo de OHL Paulino Hernández, y ya se han incorporado a la investigación abierta en la Audiencia Nacional, en una de las piezas separadas del caso Lezo.
En una de ellas, otro exdirectivo de OHL, Felicísimo Ramos, cuenta el dinero que van a pagar a un funcionario a cambio de que facilite una licitación pública. Ese funcionario es Abelardo Genaro, exgerente de GIASA, la empresa pública andaluza para la gestión de las infraestructuras. En total, 85.000 euros que distribuyen, según explica en otro audio, en tres entregas: un tercio a la tramitación, otro tercio a la aprobación y el tercero al cobro.
En otra de las grabaciones efectuada en abril de 2009, Hernández -cuya casa fue registrada por agentes de la UCO, que descubrieron las grabaciones- habla con con el exdirector del puerto de Melilla, y que fue miembro de la ejecutiva del PP en la ciudad autónoma, José Luis Almazán.
Almazán critica que OHL haya elevado el coste de una obra pública hasta un 30% y pide que, para apaciguar los ánimos de sus jefes, la empresa aporte 400.000 euros al partido para afrontar las elecciones europeas. “Pero no nos pasemos ya, José Luis, en el sentido de que has visto cómo están los números”, corte Hernández. “Yo soy un equilibrista que necesita dar un cierto gusto a todo el mundo”, responde Almazán.
Hernández acaba por aceptar las peticiones del político del PP -“Agilizalo para que no me estén dando más el coñazo”, dice Almazán- pero le pide que no pida más cosa: “Ya no discutas más”.
Tanto Almazán como Genaro han sido citados por la Audiencia Nacional junto al exdirector del puerto de Cádiz, Albino Pardo. OHL, que mantiene que los directivos imputados ya no forman parte de la empresa, está siendo investigada por el presunto pago de un total de 40 millones de euros a políticos.