El PP ha lanzado una ofensiva contra el reparto de fondos europeos que ha puesto en marcha el Gobierno. Las comunidades autónomas gobernadas por los de Pablo Casado han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo la ejecución de uno de los programas de empleo, de apenas nueve millones de euros de los 24.190 millones que se han presupuestado. También los ayuntamientos del PP llevarán a la FEMP lo que consideran un trato injusto. Pero los números no son tan claros. Cuatro de las seis regiones que reciben más fondos están gobernadas por el PP. Y las seis que controlan suman el 44,1% de los 11.247 millones de euros ya repartidos entre las autonomías.
Andalucía es la comunidad autónoma más beneficiada hasta ahora en el reparto. La región que preside Juan Manuel Moreno ha recibido 1.921 millones de euros de los fondos europeos. La segunda es Catalunya (1.578 millones), le siguen Madrid (1.213 millones de euros) y Comunitat Valenciana (1.054). La quinta y la sexta son Castilla y León (742 millones) y Galicia (681). De estas seis, salvo Catalunya y la Comunidad Valenciana, el resto están gobernadas por el PP. Más atrás están Murcia (la número 12, con 339 millones) y Ceuta, con algo menos de 20 millones.
En total, las seis administraciones de ámbito autonómico gobernadas por el PP han recibido ya alrededor de 5.000 millones de euros, un 44,1% del total transferido por el Gobierno. El reparto en las primeras autonomías tiene un claro componente poblacional. Las cuatro primeras son también las más pobladas, mientras Galicia y Castilla y León tienen el orden intercambiado. Así, las seis controladas por el PP albergan un 46,3% de los habitantes totales del país.
Pese a estos datos, Casado ha sembrado las dudas sobre la fiabilidad del reparto de fondos y ha insinuado ya en varias ocasiones que el sistema diseñado por el Ejecutivo puede terminar en casos de “corrupción”. La última, este mismo martes en una conferencia que pronunció ante los principales empresarios del sector del turismo, uno de los más necesitados de este dinero. Casado ha reclamado insistentemente participar en el diseño del plan de reparto de los fondos con la creación de una autoridad independiente en la que tenga cabida el capital privado.
Ante esa ofensiva, el PSOE ha elevado el tono contra Casado, al que acusa de estar en el “boicot” a los fondos europeos. “Cree el ladrón que todos son de su condición”, expresó este lunes el portavoz, Felipe Sicilia, por las dudas que está sembrando el PP sobre el reparto de los fondos que supondrán una inyección de 140.000 millones en transferencias y préstamos en los próximos años.
El Gobierno asegura, además, que el control por parte de Bruselas es “exhaustivo” y que está establecido en el propio mecanismo el plan en tres niveles: un sistema informático con el que la Comisión Europea puede monitorizar en tiempo real las licitaciones, los servicios jurídicos del Estado y las auditorías. Además, en Moncloa recuerdan que los criterios de reparto de los fondos se han aprobado por unanimidad en 59 conferencias sectoriales en las que están representadas las comunidades autónomas.
Críticas al reparto de las comunidades del PSOE
La queja del PP no se queda en el ámbito autonómico. Una parte del dinero que reciben las regiones se destina a su vez a sufragar determinados planes de los ayuntamientos. La denuncia que hacen los alcaldes del PP es que en las comunidades que gobierna el PSOE sus administraciones locales reciben menos fondos de los que les correspondería. Algo que, dicen, no pasa a la inversa.
El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha sido uno de los más activos en la denuncia, que ha centrado en una convocatoria de apoyo al sector comercial (dotado con 103 millones) y otra sobre turismo (660 millones).
En la primera, siempre según los datos del PP, 53 administraciones locales del PSOE han recibido fondos por tan solo 23 de su partido. Por su parte, de los 67 proyectos de las comunidades del Partido Popular, un total de 22 son pilotados por el PSOE. En dinero contante y sonante, las administraciones del PSOE han recibido 49,7 millones y las del PP, 31,8. En cuanto a los fondos para turismo, de 52 proyectos que recibirán fondos de las comunidades gobernadas por el PSOE, seis son de municipios del PP.
Los datos pormenorizados del resto de programas no están desglosados por partidos, pero estos dos ejemplos son suficientes para el PP, que, además de recurrir a los tribunales, llevará lo que considera un agravio a las instituciones. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, recordó, por su parte, que el consistorio de la capital es, con 11,25 millones de euros, el mayor beneficiario de la partida de los 103,2 millones de euros destinados a ayudas para el fortalecimiento de la actividad comercial en zonas de gran afluencia turística y que el PP denuncia que ha ido a parar en gran medida a los ayuntamientos socialistas.
El resultado de las elecciones de 2019 supuso que 2.829 ayuntamientos cuenten con un gobierno municipal encabezado por el PP, por 2.780 con un alcalde del PSOE. Las cifras cambian de forma notable al referirse a su población. Atendiendo a ese factor, los socialistas dirigen los gobiernos municipales de 19.584.052 españoles frente a los 12.820.119 liderados por el Partido Popular.
Los nueve millones de la disputa
El principal caballo de batalla para el PP es, por ahora en los tribunales, el reparto de los nueve millones correspondientes a un programa de empleo para colectivos vulnerables que el Gobierno ha distribuido para proyectos piloto de cuatro comunidades. En total, se van a destinar 320 millones para hacer esos planes de inserción laboral, de los que 300 se han repartido ya en la conferencia sectorial con el acuerdo de las autonomías y se reservaron 20 para proyectos piloto, es decir, aún quedan once millones por repartir. Fuentes gubernamentales apuntan a que se podrán elegir “nuevas relevantes e interesantes” que planteen las comunidades o “escalar” los que actualmente han sido designados.
El Gobierno sostiene que en el reparto de esos nueve millones iniciales han pesado las “experiencias” en cuanto a esos proyectos de inserción laboral, la capacidad de ejecución de las autonomías y se ha tenido en cuenta la “diversidad” de sus respectivos mercados de trabajo. Así, en Extremadura tiene un mayor peso el sector agrario; en Comunidad Valenciana, el turístico; en Euskadi se ha buscado el perfil más industrial y en Navarra el proyecto está destinado a una zona despoblada del Pirineo, según explican fuentes gubernamentales. Lo que admiten en el Gobierno es que no son públicos los criterios de evaluación del comité técnico en el que se sustenta esa decisión.
Esas fuentes reconocen que la Comisión Europea se ha interesado por la polémica suscitada por el PP: “El nivel de preocupación por las noticias y demandas judiciales es cero. En España, los jueces decidirán y lo respetaremos; pero la preocupación de la Comisión Europea es cero. Saben que no ha habido ningún fondo que se haya malversado, se están cumpliendo todos los hitos y objetivos”.
En el Ejecutivo muestran, además, su perplejidad por que el PP haya puesto en el disparadero el programa de empleo frente a otros similares, como el del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión, con el que se repartirán 109 millones entre las comunidades para políticas vinculadas con el Ingreso Mínimo Vital y cuyo procedimiento es similar: “El impulso de proyectos pilotos con administraciones y entidades sociales (...) que permitirá difundir las prácticas que hayan tenido mejores resultados”, según recogió el departamento de José Luis Escrivá. Galicia o el Ayuntamiento de Madrid están entre los principales receptores de esos fondos.