El tribunal rechaza que Elpidio Silva tenga que pagar el abogado de Díaz Ferrán en el caso Blesa
El tribunal que condenó a Elpidio José Silva ha rechazado la pretensión de Gerardo Díaz Ferrán de que el exjuez abonara los honorarios de su abogado mientras instruyó el denominado caso Blesa. Silva fue condenado a 17 años y medio de inhabilitación y a pagar 10.000 euros a Díaz Ferrán en concepto de daños morales, pero el que fuera presidente de la CEOE aspiraba igualmente a que le costeara el abogado durante la investigación por el crédito que Miguel Blesa concedió al Grupo Marsans cuando era presidente de Caja Madrid.
El abogado de Díaz Ferrán alegaba que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) “omite pronunciamiento alguno” en cuanto a la petición de su defendido y pedía que se reparase esa ausencia. Para el empresario encarcelado, la “injusta reapertura” del caso Blesa le obligó a pagarse un abogado y este perjuicio es distinto “al daño moral sufrido” que recoge el fallo del TSJM.
El tribunal no lo cree así y rectifica a la defensa de Díaz Ferrán. “Se ha examinado la petición que aquí se reproduce y el tribunal no la ha acogido”, señala en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es. Y añade que, además de no estar probado el supuesto perjuicio que la investigación habría causado a Díaz Ferrán, su abogado debió haber presentado esta aspiración durante el proceso. Ahora, continúa, “se pretende que sean determinados (los daños) en ejecución de sentencia, pretensión totalmente inadmisible”.
Es el argumento que en su recurso presentó la defensa de Silva, que aprovechó el escrito para dejar caer que quizá el abogado de Díaz Ferrán se pagó con cargo a la tarjeta 'black' de la que disfrutó el también exconsejero de Caja Madrid. Lo que buscaba Díaz Ferrán, se quejaba el letrado Gonzalo Boye, además del pago, es provocar un retraso en la tramitación del recurso contra la sentencia condenatoria que presentará su defendido ante el Tribunal Supremo.
Díaz Ferrán se presenta desde hace meses como alguien en la más absoluta miseria. Un año después de ingresar en prisión, el expresidente de la patronal solicitó al Juzgado de lo Mercantil que desbloqueara su pensión para pagar “productos alimenticios y de higiene personal” que no suministra la prisión y que deben ser adquiridos en su economato. Su esposa, Raquel Santamaría, depende de él, añadía, y está en riesgo su propia “subsistencia”. El juzgado rechazó tal solicitud alegando que lo que solicitaba el matrimonio ya estaba “garantizado” por la administración concursal de sus empresas.
Dinero en el extranjero
A principios de este año, Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán, dijo a la Policía, durante una declaración en la prisión de Picassent, que Díaz Ferrán tiene dinero escondido en Hong Kong y que mantiene el control sobre sociedades radicadas en Argentina a través de firmas interpuestas.
Díaz Ferrán se encuentra en prisión desde diciembre de 2012 por varios delitos relacionados con el vaciamiento del Grupo Marsans para evitar el pago a sus acreedores. El juez Eloy Velasco impuso entonces una fianza de 30 millones de euros a Díaz Ferrán para evitar la cárcel. En junio de 2013, la Audiencia Nacional rebajó la fianza a 5 millones.
