El juez Elpidio José Silva vuelve este lunes a sentarse en el banquillo de los acusados. Silva logró aplazar la vista hasta después de las elecciones europeas, a las que concurría como líder de un partido que no ha obtenido representación en el Parlamento de Estrasburgo (Movimiento Red obtuvo 105.183 votos). De haberlo hecho, el magistrado en excedencia hubiera logrado retrasar de nuevo el proceso, al tener que ser juzgado en el Tribunal Supremo, por gozar de un nuevo aforamiento.
Silva se enfrenta a una condena de hasta 40 años de inhabilitación. Está acusado de prevaricación, retardo malicioso en la administración de justicia y dos delitos contra la libertad individual. Los hechos que se le imputan se produjeron durante la instrucción del caso Blesa, que ejerció Silva y durante la cual envió en dos ocasiones a la cárcel al que fue presidente de Caja Madrid.
El juicio fue aplazado después de que Silva recusara a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le juzgaba. Una sala especial aceptó apartar a María Tardón, magistrada que fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y en representación del cual formó parte de la Asamblea General de Caja Madrid en los tiempos en que Blesa presidía la entidad.
Silva también intentó no ser juzgado por Arturo Beltrán, presidente del tribunal, y Eduardo de Urbano Castrillo, pero la Sala consideró que los motivos alegados –que conocían de la causa por haber participado en las primeras sesiones del juicio- eran infundados y extemporáneos. Ambos magistrados estarán acompañados a partir de este lunes por José de la Mata.
La defensa de Elpidio Silva también ha cambiado. En la primera sesión del juicio celebrado en mayo, el abogado Cándido Conde-Pumpido renunció a su defensa, solo después de que el tribunal rechazara todas las cuestiones previas que había planteado.
Este hecho provocó un constante enfrentamiento entre el tribunal y el acusado. Este sostenía una y otra vez que el juicio no podía seguir adelante porque él no tenía abogado, aunque el tribunal había obligado a Conde-Pumpido a continuar con la defensa por considerar una treta su renuncia con el fin de retrasar el proceso. A partir de este lunes, Silva será defendido por el letrado Gonzalo Boyé.
Está previsto que Elpidio Silva declare en la segunda sesión del juicio, el martes. Por su parte, Miguel Blesa –que ejerce la acusación particular- lo hará el miércoles. En la vista que se ha ordenado repetir, el exbanquero se quejó del daño que había causado Silva al “prestigio que tenía”. Silva envió a Blesa a la cárcel por supuestas irregularidades en la ruinosa compra de un banco de Florida por parte de Caja Madrid en 2008.
Blesa está imputado en el caso Bankia, que se sigue en la Audiencia Nacional, y querellado en la pieza separada que investiga la estafa de las preferentes. Precisamente, afectados por la venta de este producto protagonizaron un incidente durante la declaración de Blesa que obligó a Beltrán a desalojar la sala.
La otra acusación particular es ejercida por Gerardo Díaz-Ferrán, ahora en prisión. El juez Silva investigó, cuando estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, el crédito que Caja Madrid concedió al Grupo Marsans, propiedad de Díaz-Ferrán, por 26,6 millones de euros cuando el conglomerado ya estaba en quiebra.
La Fiscalía, impulsora del proceso
Quien pide la inhabilitación más alta para Silva es la Fiscalía, auténtica promotora del proceso al juez. Si el tribunal finalmente condena a Silva por cualquiera de las penas que solicitan las acusaciones, el juez no podrá volver a ejercer dada su edad. El fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, también está detrás del otro frente judicial abierto contra Silva: la acusación por haber filtrado presuntamente los correos de Blesa a los medios de comunicación.
Toda esta causa se basa en el testimonio de una testigo protegida –con la que Silva tuvo una relación- y se produce en contra del criterio de los investigadores policiales, que tras instruir las diligencias trasladaron a la jueza Susana Polo que no veían motivos para seguir investigando. Silva, que se encuentra imputado por revelación de secretos, ha negado ante la instructora haber filtrado los correos.
En el juicio que se retoma este lunes, la Fiscalía acusa a Silva de ordenar intervenir las comunicaciones de Blesa, una decisión que afecta a las libertades individuales, a través de una providencia y no un auto, que es una resolución judicial razonada. Además, la acusación considera que Silva maniobró para quedarse con la pieza separada de la compra del Banco de Florida cuando debería haberla enviado a reparto, como dictó la Audiencia Provincial, porque no tenía conexión con el préstamo a Marsans. Igualmente, Silva dictó prisión con fianza para Blesa la primera vez que lo envió a la cárcel a petición de Manos Limpias, sin que el seudosindicato ultraderechista estuviera siquiera personado en la causa.
El Ministerio Público reserva un espacio importante a los motivos que llevaron a Silva a reabrir en 2012 el caso del crédito a Marsans, que él mismo había archivado dos años antes. El juez alegó “criterios tales como la alarma social derivada de la crisis económica mundial y la implicación en la misma de las entidades financieras”, dice la Fiscalía. Los argumentos, según recoge el escrito, fueron calcados de una entrada en Wikipedia.