Las condenas por enaltecimiento del terrorismo se multiplicaron en España desde que ETA abandonó las armas hace siete años. El cese definitivo de la violencia que la banda anunció el 20 de octubre de 2011 no solo no frenó las sentencias por este tipo de delito, que se castiga con penas de entre uno y tres años de cárcel, sino que estas empezaron a crecer exponencialmente sobre todo a partir de 2015 cuando la mayoría parlamentaria del PP introdujo una modificación en el Código Penal para endurecer el castigo a la apología que se realiza a través de Internet o las redes sociales.
Los tribunales dictan hoy muchas más condenas que cuando ETA cometió sus últimos crímenes: si entre 2004 y 2011 cuando la banda aún cometía atentados hubo 33 sentencias por este delito, en los siete años siguientes hubo 121, casi cuatro veces más, de las que 83 fueron condenatorias. La fuente es el buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, el llamado Cendoj.
En la Audiencia Nacional y en el Supremo, los tribunales competentes para juzgar delitos relacionados con el terrorismo, se han repetido en el último lustro condenas por tuits, pintadas, letras de canciones...
Todo eso ha encontrado encaje en el artículo 578 del Código Penal que castiga con entre uno y tres años de cárcel “a quienes hayan participado en la ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”. En 2015 la mayoría del PP en el Congreso reformó el Código Penal para endurecer el castigo (y situarlo en la horquilla superior) a quienes se valgan de Internet o las redes sociales para cometer el delito. Ahí se dispararon los pleitos por lo que
Incluso se llegó a encarcelar durante cinco días a dos titiriteros que representaban una obra infantil en la que un muñeco caracterizado como policía colocaba un cartel que decía Gora Alqa-Eta para incriminar a un manifestante. Finalmente, resultaron absueltos.
A César Strawberry el cantante de Def con Dos le cayó un año de cárcel por una serie de tuits que publicó entre 2013 y 2014 en los que citaba al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara secuestrado por ETA y a los Grapo. Strawberry había salido absuelto de la Audiencia Nacional pero tras un recurso de la Fiscalía el Supremo dictó la condena y concluyó que sus pronunciamientos en las redes sociales “alimentan el discurso del odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el asesinato de un familiar cercano”.
El caso de la tuitera Casandra Vera hizo el recorrido inverso: el Supremo dejó sin efecto la condena que había dictado la Audiencia Nacional a un año de cárcel por una serie de chistes sobre Carrero Blanco. En este caso el alto tribunal subrayó que su actitud al hacer esas bromas “es reprochable social e incluso moralmente en cuanto mofa de una grave tragedia humana pero no resulta proporcionada una sanción penal”.
Al rapero Pablo Hassel el Supremo le ratificó los dos años de cárcel que había dictado la Audiencia Nacional por “enaltecer” en temas que subió a Youtube el terrorismo de Terra Lliure, los Grapo, ETA o Al Qaeda. Hassel no entró en la cárcel dado que no tenía antecedentes y la pena no superó los 24 meses. Ahora se enfrenta a una nueva acusación pos mensajes del mismo tenor que ha colgado en Twitter.
Los versos del cantante Valtonic también han merecido el reproche penal de Audiencia Nacional y Tribunal Supremo. El fallo de este último, contra el que no cabe recurso, le condena a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la Corona. El rapero está pendiente de entrar en la cárcel.
El mismo camino pueden seguir los 12 miembros del grupo La Insurgencia por sus temas si el Supremo ratifica la condena a dos años y un día de prisión, que en su caso sí les obligaría a entrar en la cárcel pese a no tener antecedentes.
Ante ese crecimiento exponencial de las sentencias, Unidos Podemos registró el pasado marzo una proposición de ley para retirar el delito de enaltecimiento del Código Penal. Según explicó entonces Alberto Garzón, “se trataba de homologar” la legislación española a la normativa internacional y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Podemos planteó su supresión y el de otros tipos penales como las injurias a la Corona en la misma semana en que Estrasburgo condenó a España por imponer pena de cárcel a dos personas que quemaron fotos de los reyes. Partido Popular y PSOE se opusieron y descalificaron la propuesta.
La proliferación de condenas alarma incluso a los propios miembros de la judicatura. La asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales alzaron la voz contra sentencias que suscitaron escándalo en una parte de la población. Y ha habido víctimas, como la periodista Irene Villa, que no se consideran humilladas por algunos de los chistes que el entonces concejal de cultura de Madrid, Guillermo Zapata, hizo correr por las redes sociales, según él a lo largo de un debate que exploraba los límites del humor. Zapata fue absuelto en los tribunales pero perdió la cartera por aquel escándalo.
Eduardo Madina exdiputado y hoy militante de base del PSOE tras abandonar la primera línea política asegura que la sociedad española vive en un continuo retroceso democrático desde 2011, con la llegada del Partido Popular al poder. Atiende a eldiario.es por teléfono: “Hoy no hay una organización terrorista inoculada en España o el País Vasco. Ha venido otro tipo de terrorismo de corte yihadista. Y el riesgo está en quienes se querellan y quienes tratan de señalar terrorismo en todas partes están quitando a gravedad a la banda que asesinó, extorsionó, secuestró durante décadas. Hay, sentencias, documentación, estudios académicos de sobra para evaluar qué es terrorismo y lo siento mucho, lo de Alsasua no es terrorismo, no hay una planificación detrás, no reúne las características del terrorismo. Todo proviene de la reforma del Código Penal y la implantación de ley de seguridad ciudadana. Está significando un retroceso en las libertades públicas.
No puede ser que esos agresores de Alsasua tengan 60 o 65 años de petición de cárcel de la fiscalía cuando en atentados incluido el mío se piden 20 o 15. Creo que hay un cierto desorden conceptual general, del que no solo peca la derecha y una aplicación de censura constante de opinión que siempre es asimétrica, conozco a gente que cree que la figura de las reyes debe ser intocable pero se puede permitir que tal y o cual obispo pueda estar insultando constantemente a las personas homosexuales. Pero creo que la situación es reversible, hay que derogar la ley de seguridad ciudadana y marcar los contornos de los tipos penales y definir qué es terrorismo. Y sucede lo mismo con el debate de la prisión permanente revisable, que de repente pretende revertir dos o tres siglos de derecho penal en Europa y los últimos 40 años en España y acabar con la función reinsertadora“.
Con información de Miriam Salgado, Raúl González y Diana Fresno.