Lo que el Ministerio del Interior defendió la semana pasada como un operativo de retorno concertado con Marruecos en el que se respetarían “en todo momento” los “intereses y derechos” de los menores migrantes que llegaron solos a Ceuta en la mayor crisis migratoria reciente ha derivado en un choque inaudito con la Audiencia Nacional y la propia Fiscalía con Fernando Grande-Marlaska, el juez al que Pedro Sánchez encomendó en junio de 2018 la gestión de la delicada cartera que coordina la seguridad pública. La devolución irregular de decenas de menores solos a su país obviando la ley de Extranjería es el último capítulo de una serie encontronazos con la Justicia que en los últimos meses han colocado al titular de Interior en el centro de las críticas de la oposición pero también de sus socios de Unidas Podemos, que lo adscriben al sector conservador de la judicatura.
Los últimos episodios de desgaste se han precipitado esta semana con la entrada en escena de la Audiencia Nacional, precisamente el tribunal donde Grande-Marlaska tiene su plaza como magistrado. La Sala de lo Contencioso Administrativo dio este jueves cinco días a la Secretaría de Estado de Seguridad para remitir el expediente, incluidos informes individualizados y datos, sobre la orden original que puso en marcha las devoluciones. Un día antes, esta misma Sala ya había argumentado que los retornos de menores solo pueden realizarse por los procedimientos “previstos y regulados detalladamente en la legislación española”, lo que pone en cuestión la justificación de Interior de que esas devoluciones estaban sustentadas en un acuerdo bilateral con Marruecos sobre extranjería.
El documento que Interior usó como base jurídica para esas repatriaciones ya había sido puesto en cuestión por la Fiscalía, que en sus informes en los procedimientos abiertos en Ceuta desde el fin de semana acusó a Interior de devolver a los menores incumpliendo la “legislación de extranjería” y a través de un oficio “sin firma”. También el fiscal de sala de Menores, Eduardo Esteban, pidió el sábado a Interior información sobre los traslados. Además, un email, adelantado por El Confidencial y al que tuvo acceso elDiario.es, prueba que Interior ordenó a la Delegación del Gobierno la devolución de los menores desde Ceuta cuando el departamento de Grande-Marlaska había defendido ante la Audiencia Nacional que no dio orden alguna, sino que se había limitado a “rogar” la aplicación del pacto.
Y la otra administración involucrada en las devoluciones, el Gobierno de Ceuta, ya ha advertido de que el retorno de casi medio centenar de menores desde el pasado viernes se hizo de una manera excepcional: sin darles voz y sin que hubiese informes individualizados sobre la situación de cada uno de ellos. Es decir: obviando la ley de Extranjería española y tomando como única guía el convenio con Marruecos. Sucede que tanto La Fiscalía, como el juzgado en Ceuta como la Audiencia Nacional ya han subrayado que el acuerdo con las autoridades marroquíes no puede pasar por encima de las leyes españolas.
Por eso, las devoluciones de menores están paralizadas desde la tarde del lunes y hasta este viernes por un juzgado de Ceuta, que decidió suspenderlas ante las dudas sobre un procedimiento que, horas antes, había sido cuestionado por otra jueza de la ciudad autónoma. Esta magistrada detuvo la devolución de nueve menores al constatar que no se había cumplido en ese caso “nada de lo ordenado” en la legislación de extranjería, que exige en los procedimientos de repatriación de menores unos trámites administrativos tasados y una resolución expresa para cada niño o adolescente.
Este martes, el ministro intentó salir al paso del varapalo que supuso la suspensión de las devoluciones de menores migrantes durante al menos tres días al asegurar que la orden del juzgado de Ceuta que decretó esa paralización se limita a una “discusión jurídico-técnica” sobre la aplicación del tratado sobre migración firmado en 2007 entre España y Marruecos. En una entrevista en RNE, Grande-Marlaska aseguró que la valoración de cada devolución la realiza el Área del Menor de Ceuta, que es “quien ejerce la tutela” de los menores, si bien la legislación sobre extranjería también exige un informe “previo” del Ministerio Fiscal.
El cese “ilegal” de Pérez de los Cobos
Antes de esta crisis, Grande-Marlaska había vivido sus horas más bajas en el ministerio tras la sentencia en primera instancia que consideró “ilegal” la destitución de Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid ordenada por Interior en mayo de 2020 por no informar del avance en la investigación por los actos del 8M, una causa finalmente archivada. La sentencia, del pasado 31 de marzo, condenó al ministerio a su reingreso en el puesto y estableció que la “motivación” que llevó a su cese fue “ilegal” porque Pérez de los Cobos cumplió con su obligación al no informar de esas pesquisas, que afectaban al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, porque la instructora de ese caso le había impuesto el deber de reserva.
La Abogacía del Estado recurrió en abril esa sentencia insistiendo en que el departamento que dirige Grande-Marlaska cesó al coronel del puesto de libre designación que ocupaba como consecuencia de una “pérdida de confianza” por no estar de acuerdo con su forma de “proceder” y negando que se hiciera uso de esa potestad administrativa “para un fin distinto del legalmente previsto”. El recurso de la Abogacía del Estado expone las razones que, según Interior, le llevaron a perder la confianza en el coronel y se opone a que, tratándose de un puesto que requiere de la máxima confianza, no pueda ejercerse desde el poder ejecutivo total libertad en el momento de la destitución.
Este asunto fue utilizado por todo el arco de la derecha para pedir la dimisión de Grande-Marlaska, que ofreció varias versiones de la destitución. Tras hacerse público el cese, el ministro llegó a decir que respondía a una reestructuración más amplia en el seno de la Guardia Civil, negando en todo momento que estuviera vinculado con un polémico informe entregado a la jueza que ese momento investigaba al delegado del Gobierno en Madrid. Pero días después se hizo pública la propuesta de destitución que dejaba claro que el motivo era “la pérdida de confianza (...) por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones”. Y, entonces, Grande-Marlaska dio otra versión al relacionar el cese con una “filtración” sobre un informe de la Guardia Civil enviado a la magistrada.
La 'patada en la puerta'
Apenas unos días antes de conocerse el fallo de la Audiencia Nacional que daba la razón al guardia civil, el ministro se había enfrentado a otra polémica por su justificación de la entrada de policías en pisos turísticos sin orden judicial a través de la llamada 'patada en la puerta'. En concreto, Interior avaló la entrada de la Policía sin orden judicial en una vivienda del barrio de Salamanca de Madrid donde se celebraba una fiesta y se incumplían las medidas sanitarias por la COVID-19 alegando que se trataba de un apartamento turístico —hecho que desmintió después el contrato de arrendamiento— y que el inquilino se había negado a abrir la puerta para no ser multado, cometiendo supuestamente un delito de desobediencia que habría facultado a los agentes a echar la puerta abajo.
Tras la intervención policial, una quincena de personas que estaban en el interior fueron identificadas y nueve de ellas fueron detenidas por un delito de desobediencia grave a la autoridad, pero esa denuncia no prosperó. La Audiencia de Madrid exoneró a los inquilinos y afirmó que los agentes incurrieron en “un exceso en el ejercicio de la autoridad, con infracción del derecho a la inviolabilidad del domicilio”. De hecho, los seis policías que participaron en el operativo están siendo investigados por un posible delito de allanamiento de morada y están citados a declarar en un juzgado de Madrid el próximo 17 de septiembre.
En esta ocasión, a las críticas de la oposición a Grande-Marlaska se unieron juristas conservadores y progresistas, que en contra de la justificación de Interior, insistieron en que la jurisprudencia ha dicho reiteradamente que el domicilio constitucionalmente protegido no es solo la vivienda habitual, sino todo lugar en el que se desarrolla la libertad más íntima y la esfera privada. Es decir, también un piso turístico. Tras esta polémica, la entonces portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, cerró filas con Grande-Marlaska, pero en privado varios ministros mostraban su perplejidad por la postura del titular de Interior, que avaló en público lo que otros compañeros de gabinete consideraban sin duda un exceso policial.