ERC y EH Bildu proponen una reforma del ‘solo sí es sí’ que coloca la violencia como agravante y precisa el consentimiento

Esquerra Republicana y EH Bildu han registrado este jueves una veintena de enmiendas a la proposición de reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ impulsada por el PSOE ante el goteo de rebajas de penas a delincuentes sexuales. Los grupos independentistas rechazan la propuesta socialista que introduce de nuevo la evaluación de la violencia y la intimidación para que la existencia de estas circunstancias determine un mayor castigo. El texto de estos dos grupos defiende a cambio colocar la violencia como agravante y ampliar la definición de consentimiento para que quede más clara. 

La propuesta que registró el Partido Socialista en febrero mantiene las horquillas actuales (más bajas que antes del ‘solo sí es sí’) en el tipo general. Y añade en cada artículo una gradación más alta (similar a la de la legislación anterior) para los supuestos en los que existe violencia, intimidación o anulación de la voluntad. Este punto es el que provocó el choque desde el principio con el Ministerio de Igualdad, que entendía que introducir la violencia o la intimidación como factor de diferenciación suponía de facto volver al Código Penal anterior y modificar el corazón de la ley por afectar, en su opinión, a la base del consentimiento.

Para tratar de abordar esta disyuntiva, irresuelta durante meses de negociaciones entre el Ministerio de Justicia y el que lidera Irene Montero, ERC y EH Bildu colocan la violencia como un agravante. Al mismo tiempo, cambian la definición de consentimiento para precisar que “no se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa”, un añadido que no estaba ni en la ley en vigor ni en la propuesta de modificación de los socialistas. 

El artículo 178, con la nueva redacción y la precisión sobre el consentimiento, quedaría así: “Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años, como responsable de agresión sexual, el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. No se deducirá que hay consentimiento por la ausencia de resistencia física o el silencio de la víctima, ni por su conducta sexual previa”. 

Los grupos exponen en el texto registrado este jueves una justificación razonada para rechazar que la violencia y la intimidación formen un subtipo penal. “La reincorporación de los medios comisivos 'violencia e intimidación' como centrales en el tipo penal de agresión sexual, agregando el elemento de anulación de la voluntad de la víctima, desplaza el consentimiento como el elemento definidor entre una relación sexual consentida y una agresión sexual. Ello supone negar que la violación ya es per sé una forma de violencia, y afirmar que hay violaciones no violentas”, sostienen. 

Es un razonamiento semejante al realizado en los últimos meses por el departamento de Montero, donde han insistido en que eso vuelve a generar dos tipos y grados de agresión sexual, como sucedía en el anterior Código Penal. Y han reiterado, además, que ese cambio desvirtúa el espíritu de una norma que buscaba cambiar la manera en la que se juzgan los delitos sexuales porque hará pivotar los procedimientos sobre la existencia de esos elementos y no sobre el consentimiento. 

En una línea similar, Esquerra Republicana y EH Bildu entienden, a diferencia del PSOE, que la violencia o la intimidación (sin necesidad de que sea extrema) bastan para agravar la pena a una horquilla de entre siete y quince años. La propuesta también introduce como agravante que el agresor se valga de su condición de “persona allegada a la víctima” para ejercer el delito, o que lo haga valiéndose de su condición de funcionario público, de personal público o de agente de cualquier organismo o institución pública. 

Las enmiendas de los dos grupos persiguen, por un lado, evitar en el futuro condenas más bajas que las que se hubiesen dado con el antiguo Código Penal (las actuales revisiones no pueden detenerse) y, por otro, mantener el consentimiento en el centro del texto, que es la línea roja que había sostenido Igualdad desde el principio de la negociación con Justicia una vez se abrió a modificar el texto. 

La fórmula técnica elegida por el PSOE para evitar penas más bajas a futuro asomó las diferentes interpretaciones que los socios del Gobierno hacen sobre el consentimiento en un debate que lleva meses tensando la relación entre ambos. Este concepto es el eje de la norma que fue propuesta de manera conjunta por ambos ministerios, aunque es un elemento que vertebra los delitos contra la libertad sexual desde los noventa.

Sin el apoyo de Unidas Podemos

Esquerra y EH Bildu han registrado estas enmiendas por su cuenta, sin buscar el apoyo de Unidas Podemos para cambiar la ley, a pesar de que desde que se iniciara la tramitación parlamentaria de la reforma ambos grupos defendieran que cualquier modificación debería hacerse con el apoyo del Ministerio de Igualdad. Así lo manifestaron hace ahora un mes, durante el debate de la toma en consideración de la propuesta socialista, que salió adelante gracias a los votos de PSOE, PP, PNV, Ciudadanos y PDeCAT y la abstención de Vox. La división en el Gobierno llevó a ERC y EH Bildu a votar en contra.

De momento, Unidas Podemos no ha presentado ninguna enmienda al texto socialista, aunque en público sigue tendiendo la mano a su socio de coalición para llegar a un acuerdo que “mantenga el consentimiento en el centro” y no suponga una vuelta atrás al “Código Penal de La Manada”, como defienden que hace la propuesta de los socialistas para modificar la norma. Aunque el Congreso dio el primer paso para reformar el texto el pasado 7 de marzo y se tramita por procedimiento de urgencia, lo que acorta a la mitad los plazos de enmiendas, la moción de censura de Vox este mes llevó a los grupos a consensuar hasta dos prórrogas de los tiempos para presentar modificaciones al texto. La última prórroga vence el próximo 10 de abril y fuentes socialistas dan por hecho que la votación definitiva se efectuará diez días después, el 20 de este mes.