Erdogan pide cadena perpetua para un periodista que informó de supuesto envío de armas a Siria

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha presentado una querella contra el redactor jefe de un diario que publicó una información sobre el supuesto envío de armas por parte del Gobierno turco a grupos islamistas en Siria, según confirmó hoy a Efe el propio periodista.

La demanda, que pide dos condenas de cadenas perpetuas contra Can Dündar, redactor jefe del diario Cumhuriyet, argumenta que esa información supuso un acto de colaboración con una supuesta organización de conspiradores que montó un complot para crear la impresión de que Turquía ayudaba a organizaciones terroristas.

Cumhuriyet publicó el pasado día 29 de mayo una información con fotos y vídeos que muestran camiones cargados de armas que fueron interceptados a principios de 2014 en ruta a Siria escoltados por agentes de los servicios de inteligencia turcos.

El Gobierno asegura que los camiones llevaban ayuda para población turcomana y que las acusaciones de envíos de armas a los yihadistas son falsas y parte de una operación, por parte de lo que llama “Estado paralelo”, para derrocar al Ejecutivo.

“Este precio que se nos pide que paguemos no nos asustará y seguiremos informando al público”, aseguró hoy Dündar en conversación telefónica con Efe.

Ya antes de formalizar la denuncia, Erdogan había anunciado en una entrevista televisada que el periodista iba a pagar un “elevado precio” por esa información.

Intelectuales turcos, entre ellos el Nobel de Literatura Orhan Pamuk, han mostrado su apoyo al periodista y han recordado que la libertad de prensa es una parte esencial de la democracia.

La ONG Human Right Watch ha denunciado hoy también la investigación abierta por la Fiscalía sobre la información publicada por Cumhuriyet.

Según esa organización, se trata de “el último asalto contra los medios que desafían al Gobierno, días antes de las elecciones generales en Turquía del 7 de junio. La investigación debería ser suspendida inmediatamente”.

Los fiscales que ordenaron el registro de los camiones y los gendarmes que lo ejecutaron han sido arrestados acusados de traición y conspiración.