La economía española lidera varios de los ránkings de crecimiento de toda la Unión Europea, las cifras de homicidios están en su nivel más bajo en dos décadas y Catalunya y Euskadi afrontan etapas de estabilidad política tras años de crisis territorial. Datos que difieren, sin embargo, de una sensación extendida: la gente es cada vez más pesimista. Y no es solo una sensación. Algunos de los principales estudios de población señalan que las expectativas de amplias capas de la sociedad pasan por estar peor dentro de diez años. La mayoría atisba que la brecha de la desigualdad será mayor, que habrá más violencia y que incluso viviremos más solos.
A simple vista podría parecer un éxito rotundo de la estrategia política del miedo que se expande por muchos países del mundo. Pero las razones son varias. Si se pone la mirada en España, un clima político irrespirable impone el retrato de un país siempre al borde del colapso, a punto de romperse, directo a la quiebra. Aunque los datos objetivos reflejen justo lo contrario. Y a tenor de las encuestas es un mensaje que, poco a poco, consigue calar de una manera mucho más eficaz que el que puedan arrojar las cifras de crecimiento económico o de seguridad ciudadana.
Para el doctor en Economía Internacional, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid y exsecretario de Estado, Nacho Álvarez, la estrategia del apocalipsis es una realidad que trasciende fronteras y que marca nuestro tiempo político. “España no es ajena al proceso general que se está dando en muchas democracias occidentales, en las que hoy emerge un creciente ‘rencor social’. Las extremas derechas construyen su narrativa de tensión y polarización sobre la base de ese rencor social, generando un contexto en el que, efectivamente, el catastrofismo tiene clientela”, apunta.
Para desactivar esa herramienta de la desafección que ahora explotan los populismos de derecha, Nacho Álvarez pone el foco en el origen del malestar ciudadano, en las tomas de tierra con la realidad que puedan tener discursos que, aún siendo exagerados, les resultan útiles como respuesta a quienes ven frustradas sus expectativas de vida. “Ese rencor emerge de unas economías que, durante las últimas décadas, han dejado a la deriva a millones de ciudadanos, tanto en Europa como en Estados Unidos: las fuertes desigualdades de renta y riqueza, la falta de buenos empleos para algunos sectores sociales, la inseguridad económica, el difícil acceso a la vivienda… Esta realidad abre las puertas al miedo y al resentimiento, y quiebra las expectativas en el futuro”. Y alerta: “O somos capaces de construir un nuevo contrato social, que garantice una prosperidad compartida en nuestras economías, o las democracias liberales se verán erosionadas –e incluso cercenadas– por el ascenso de los nuevos fascismos”.
Que el estado de salud de la economía española en su conjunto es boyante lo atestiguan dos hechos de peso: las cifras oficiales y que la oposición, que un día llegó a profetizar la “recesión técnica”, ya nunca habla de economía. Por estadísticas, el Gobierno tendría para elegir por dónde empezar a sacar pecho: la economía española creció un 2,5% en 2023, cinco veces más que el conjunto de la eurozona, y superó incluso las previsiones del FMI, de la OCDE y de la Comisión Europea. La inflación de los alimentos, la gran losa de la economía familiar, se moderó al 3,1% en julio, un mínimo en casi tres años. Y, según la OCDE, los ingresos de los que disponen los hogares españoles tras restar la inflación aumentan un 8,9% desde la invasión rusa de Ucrania, liderando el crecimiento entre las grandes economías europeas. Del mismo modo, los datos de contratación avalan el buen estado de salud del empleo y las cifras de temporalidad están en sus mínimos históricos de las últimas tres décadas.
Pero una cosa son las cifras macro y otra, la vida de la gente. Y por eso la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, coincide en el que el escenario de bonanza oficial de la economía española puede llegar a difuminar otra realidad que afrontan en su día a día las familias españolas y la percepción que tienen no solo de cómo va el país sino, lo que es más importante, de cómo les va a ellos. “Los últimos datos disponibles (de 2023) confirman la tendencia creciente en la evolución de las personas en situación de carencia material (el porcentaje de personas que no pueden acceder a determinados bienes o servicios considerados de especial relevancia). Y es un indicador que no solo proporciona información muy valiosa sobre el bienestar real de la población sino que tiene una importancia trascendente en la valoración de la opinión pública sobre la situación económica”, apunta.
Miyar añade como elementos relevantes en ese imaginario colectivo pesimista sobre la situación económica “los enormes e inesperados impactos que ha sufrido la economía y el bienestar de los últimos años”. Y señala: “El shock sobre la economía que trajeron las restricciones impuestas a raíz de la pandemia o la pérdida de bienestar que ha implicado la alta inflación constituyen contextos para la formación de la opinión pública que enfatizan la incertidumbre y que no contribuyen a que la población sienta confianza respecto al futuro. Porque la sensación de que algo grande e inesperado puede volver a suceder en cualquier momento puede haber calado en la sociedad”.
Nacho Álvarez apuntala esa idea con dos reflexiones. La primera, que la derecha tiene éxito en su narrativa catastrofista. “Esto lo observamos bien en las encuestas del CIS: en los últimos dos o tres años, más de dos tercios de los hogares ve su situación económica buena o muy buena y, de forma simultánea, un porcentaje similar ve mal o muy mal la situación de España. La incongruencia –en términos macroeconómicos– salta a la vista”. Pero no pierde de vista lo que se esconde detrás de los datos. “La recuperación tras la pandemia no ha beneficiado a todos por igual. Y además, el episodio inflacionista de 2022-2023 hizo perder un 5% de capacidad adquisitiva a los asalariados, y no todos los hogares están recuperando su poder adquisitivo con la misma rapidez. La buena marcha de la economía debe servir para socializar los frutos del crecimiento. Si no se hace, se mantendrá el pesimismo en muchas familias”.
El paradigma del quebradero de cabeza más transversal en la ciudadanía española es la vivienda. Según el CIS, seis de cada diez españoles está convencido de que los menores de 40 años vivirán peor en el futuro de lo que vivieron sus padres. Y la causa principal de esa expectativa es el acceso al alquiler o a la compra de una casa. “La carencia material de la que hablaba antes es mayor entre los jóvenes y las personas en edad reproductiva (de 30 a 44 años)”, apunta María Miyar, que señala la vivienda como “uno de los factores que más pueden estar influyendo en el pesimismo de los jóvenes”.
Para Nacho Álvarez, la situación que afrontan los jóvenes desde un punto de vista económico es paradójica si se compara con la de hace 20 años: antes no tenían trabajo estable ni en condiciones dignas y eso les impedía hacer trazar cualquier plan de futuro. Y ahora que la precariedad se ha matizado, es imposible acceder a una vivienda incluso aún teniendo un buen empleo.
“En los años del boom inmobiliario, entre 1995 y 2007, la economía española creció notablemente y, aun así, los jóvenes tenían malas expectativas laborales y consideraban que vivirían peor que sus padres. En aquellos años, el terrible nivel de empleo temporal –por encima del 30%– impedía a los jóvenes hacer planes de futuro y explicaba ese fuerte pesimismo. Hoy, la precariedad en buena medida se ha corregido (el empleo indefinido se ha generalizado tras la última reforma laboral) pero millones de jóvenes ven cómo su principal aspiración, emanciparse y tener un proyecto de vida autónomo, se ve impedida por los elevados precios del alquiler y la compra”, analiza.
Inmigración y guerras
Pero el pesimismo trasciende de lo meramente monetario. Según el último estudio anual del CIS sobre tendencias sociales, de 2023, la preocupación de la ciudadanía española sobre un fenómeno como la inmigración no para de crecer y se relaciona directamente con problemas como la seguridad ciudadana o la dedicación de recursos. Y eso, aunque las cifras oficiales demuestren exactamente lo contrario: la tasa de criminalidad ha bajado tres puntos y medio en España desde 2008, la de homicidios está en su nivel más bajo en veinte años y la población extranjera aporta casi el 10% de lo que recaudamos en impuestos y apenas supone el 1% del gasto en ayudas públicas. Un ejemplo de esto último es que, según datos del ministerio de Seguridad Social, el 83% de los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital son españoles por el 17% de extranjeros.
La influencia política en la opinión pública con mensajes que criminalizan a personas migrantes simplemente por sus rasgos físicos o su manera de vestir, como hizo el del PP en Badalona, o directamente con discursos de odio explícito hacia colectivos concretos forma parte de la cotidianeidad de nuestro país como hemos visto esta semana. Y por eso el Responsable de Investigación del Institut de Drets Humans de Catalunya, Karlos Castilla-Juárez, cree que no estamos lejos de escenarios de violencia explícita como los vividos en Reino Unido.
“Por desgracia es posible ver algo similar aquí. Ya ha habido momentos especialmente en casas de acogida u hoteles destinados a menores extranjeros no acompañados donde han llegado manifestaciones que han intentado amenazar, agredirles o echarles. Si se continúa nutriendo desde los espacios públicos, políticos o comunicativos, esa estigmatización y criminalización de un determinado grupo, el riesgo es cada vez mayor”, reflexiona Castilla-Juárez.
El también experto en derechos humanos y profesor de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona apunta a que si existe una distorsión tan evidente entre la preocupación ciudadana y la realidad de los datos con el fenómeno migratorio, es simplemente por una intencionalidad política. “Cuando vas a las cifras del Ministerio del Interior o del Instituto Nacional de Estadística ves claramente que el número de personas españolas condenadas o investigadas siempre es mayor que el número de personas extranjeras. Pero es recurrente que los medios de comunicación y ahora la extrema derecha pongan el foco en la nacionalidad de la persona que delinque si el crimen lo comete un extranjero. Y no ocurre cuando el delincuente es español. Eso va creando una sensación de inseguridad y durante mucho tiempo nadie ha contrarrestado los datos manipulados”, denuncia.
Otra fuente de pesimismo que señala el estudio del CIS tiene que ver con una esfera pública muy poco habitual entre las preocupaciones de la gente: la política internacional. Y tras el estallido de guerras como la de la invasión de Ucrania o el aplastamiento de Gaza a manos de Israel, los españoles creen definitivamente que el mundo, en general, irá a peor en una década.
“No me parece que sea un pesimismo infundado”, asegura Pedro Rodríguez, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y en la Universidad Complutense de Madrid. “¿Por qué el mundo nos parece más peligroso que antes?”, se pregunta. “Porque los regímenes autoritarios están cada vez más coordinados y las democracias están cada vez más divididas y son más imperfectas. Nos hemos tomado unas vacaciones de la historia, nos hemos creído que todos éramos herbívoros pero ahí están los carnívoros, y ahí está el auge del nacionalpopulismo”, señala.
Pedro Rodríguez apunta que ese escenario lleva, a su juicio, a cambiar algunos parámetros instalados en nuestro país en referencia a la política de defensa. “Hay horizontes bastante peligrosos y hay fundamentos para el pesimismo. Tenemos ahí a Rusia, a China o a Oriente Próximo. Y en España se ha vivido en una especie de burbuja en estas materias de seguridad internacional, como que cualquier cosa que tuviera que ver con guerras no nos concernía. Hemos vivido mucho tiempo pensando que podíamos vivir seguros sin invertir en defensa, sin implicarnos. Y eso ha cambiado”, reflexiona.
De lo que advierte la directora de Estudios Sociales de Funcas, María Miyar, es del peligro de que desde la política, lejos de trabajar por reducir las brechas de pesimismo, enfado o polarización, se intente ahondar en ellas por meros cálculos estratégicos. “La polarización ha deteriorado mucho el clima político en España y es una dinámica común a muchas sociedades occidentales. El debate político gira cada vez más alrededor de cuestiones identitarias como la religión, el grupo étnico, la clase social, el estilo de vida... Toda la clase política, en el Gobierno o en la oposición, están alimentado ese fuego, fortaleciendo las identidades de grupo y contribuyendo a fortalecer las divisiones sociales. Y tampoco podemos olvidar que los medios de comunicación han participado con entusiasmo en la construcción de esta polarización, que amenaza con desestabilizar la democracia”, sostiene.
El Gobierno anunció en el mes de julio un paquete de medidas que bautizó como de “regeneración democrática” y que se presentaron como antídoto al uso de los bulos y la desinformación con intenciones políticas, aunque esas medidas se limitaron a planteamientos genéricos sobre la independencia y transparencia de los medios de comunicación o cambios en la Ley de Publicidad Institucional. El fiscal para los delitos de odio, Miguel Ángel Aguilar, defendió este agosto acabar con el anonimato en redes para poner coto a la difusión de bulos xenófobos a raíz de la campaña de odio contra migrantes desatada en el contexto del asesinato de un niño de once años en Mocejón (Toledo).