España ha obtenido una puntuación de 57 sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción de 2017 elaborado por la ONG Transparencia Internacional (TI), la peor calificación del país desde el año 2012. A pesar de esto, se sitúa en el puesto 42 de 180 del ranking.
Según los datos de la organización, esta posición coloca a España un puesto por debajo de la del año pasado (41), aunque que este movimiento de posiciones puede deberse a la inclusión de nuevos países en el estudio de este año, aumentando su número de 176 a 180.
Además, España se coloca entre los dos tercios de los países que obtienen una puntuación inferior a 50 y por debajo de la media, situada en 43. Igualmente, se ubica por debajo de la media de Europa Occidental, que tiene una puntuación de 66.
Hay que tener en cuenta que este índice no mide los niveles reales de corrupción, sino la percepción de la misma que tienen los ciudadanos de cada país. Por otro lado, la organización pro-transparencia reconoce en su web que “debido a la actualización de la metodología, las puntuaciones del IPC antes de 2012 no resultan comparables en el tiempo”.
Transparencia Internacional España explicará este jueves los datos en la presentación del informe que tendrá lugar en la sede de la Fundación Ortega y Gasset-Marañón con la presencia, entre otros, del presidente, Jesús Lizcano.
El índice divulgado por Transparency International, que este año celebra su 25 aniversario, está encabezado por Nueva Zelandia y Dinamarca, con puntuaciones de 89 y 88, respectivamente, mientras que Siria, Sudán del Sur y Somalia se ubican en los puestos más bajos, con puntuaciones de 14, 12 y 9.
El ranking concluye que, a pesar de los esfuerzos por combatir la corrupción en el mundo, la mayoría de los países están avanzando con demasiada lentitud, según se desprende de los índices de percepción de los ciudadanos de los mismos. Entre los que han mejorado en los últimos seis años se encuentran Costa de Marfil, Senegal o Reino Unido, mientras que otros descendieron de posición como Siria, Yemen y Australia.
El análisis realizado incorpora datos del Comité para la Protección de los Periodistas y de World Justice Project y tiene en cuenta los asesinatos de periodistas y la relación entre los niveles de corrupción y la libertad que tienen las organizaciones cívicas para actuar e influir en las políticas pública. Asimismo, emplea estadísticas recopiladas por el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros sin Fronteras o el Proyecto Variedades de Democracia.