Esperanza Aguirre se sienta este jueves en la silla de los testigos del juicio de Gürtel. Será la primera vez que la expresidenta de la Comunidad de Madrid responda ante un tribunal a preguntas sobre la trama corrupta que dijo haber destapado. Hasta el momento su nombre ha salido en varias declaraciones, pero sus antiguos subordinados han trazado un cordón sanitario en torno a Aguirre, cuyo legado se ve ahora ensombrecido por otra trama, la Púnica.
Aguirre declarará con limitaciones. El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, advirtió de que no permitirá preguntas que se salgan del objeto de su citación: el fraccionamiento de contratos para otorgarlos a dedo a las empresas de Francisco Correa. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, es previsible que el juez corte de raíz los intento de preguntar a la expresidenta del PP madrileño por cualquier otra cuestión.
Es de prever que durante su declaración algún letrado rescate la famosa sentencia de Aguirre sobre este caso: “Yo destapé la trama Gürtel”. Se atribuye ese mérito al haber parado la venta de unos terrenos en Majadahonda a las empresas de Francisco Correa y de haber destituido al entonces alcalde del PP, Guillermo Ortega. Correa, sin embargo, negó su versión y la acusó de para la operación para vender luego las parcelas a otras empresas para sacar más dinero.
Durante los casi siete meses de juicio ha habido numerosas referencias a Aguirre en el juicio. Quienes pertenecían al entramado de Correa han dado a su ejecutivo un papel central en las prácticas corruptas, pero los que fueron sus hombres de confianza la han desvinculado de los tratos con la Gürtel. Estos últimos han apuntalado así la tesis de la propia Aguirre: siempre estuvo allí pero nunca supo nada.
La primera acusación directa contra el gobierno que dirigía Aguirre llegó en la declaración de Pablo Crespo, mano derecha de Francisco Correa. El ex secretario de Organización del PP gallego aseguró que era la administración quien les ordenaba fraccionar contratos para que estos pudiesen amañarse. Se trataba de actos para Aguirre, que el cabecilla de Gürtel definió como “chorizadas”. En total, 104 eventos según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Una administradora de las empresas de Correa corroboró esta versión y citó un ejemplo concreto: el ejecutivo de Aguirre les ordenó trocear las facturas del acto de homenaje a las víctimas del 11M en 2004, unos días después del atentado. Isabel Jordán también aseguró que Aguirre “opinaba y muchas veces” sobre cómo quería que fuesen los actos que le organizaban. Fue su intención de mejorar su “posicionamiento político” lo que incrementó considerablemente los contratos con las empresas de Gürtel, que encontraron un filón en esa hiperactividad propagandística.
Así lo ha asegurado también Julia López Valladares, antigua empleada de la Consejería de Presidencia. La llegada de Aguirre al Gobierno regional disparó el número de actos promocionales, la mayoría “para loar la gestión del Gobierno”, ha afirmado en su declaración como testigo este martes. Según el denunciante de la trama, José Luis Peñas, Alberto López Viejo tuvo que recurrir a las empresas de Correa para cumplir con las exigencias de Aguirre: “Mínimo tres actos al día y tres intervenciones en televisión”.
Gürtel facturaba los actos de propaganda política a un precio superior para obtener más beneficio. Añadían un sobreprecio que, sumado a la alta actividad de Aguirre, fue vaciando las cuentas hasta que en 2007, año electoral, se acabó el dinero para eventos. López Viejo, entonces consejero de Presidencia, sorteó el problema facturando a las arcas públicas los actos de campaña del PP. En total, 300.000 euros de dinero de la Comunidad de Madrid que fueron a sufragar actos del partido que la gobernaba.
López Viejo es la figura clave en el sistema de amaños. Todos los implicados en la trama le han señalado a él como el responsable del fraccionamiento de contratos y de las irregularidades con las empresas de Correa. Llegó a la Comunidad de Madrid desde el Ayuntamiento, donde ya había comenzado a ganar dinero gracias a los amaños. Le fichó Aguirre, sobre la que solo ha tenido buenas palabras: aseguró que había sido una “suerte y honor” trabajar con ella, y que nunca trataron “asuntos menores”, como los contratos para actos electorales.
Correa tenía una gran influencia en el círculo más cercano a Aguirre. Además de su amistad con López Viejo, se servía de los favores de otro alto cargo de la Comunidad, Carlos Clemente Aguado. Su importancia dentro del PP -declaró que Génova era su segunda casa- le permitió aumentar sus ingresos. “La organización de actos era la pantalla para introducirse en los municipios”, explicó el denunciante de la trama. A partir de ahí era cuando aparecían las oportunidades de negocio con el suelo de esas localidades madrileñas.
Esos ayuntamientos gobernados por el PP se encargaban también de devolver favores a empresarios que habían colaborado con el partido, amañando contratos a su favor para agradecer los donativos a la caja B. Los municipios de la Comunidad de Madrid al servicio de la financiación ilegal, según explicó Peñas. Todo un entramado de corrupción que pudrió durante años el poder político madrileño sin que la persona que estaba en su cúspide, Aguirre, supiese nada de lo que se cocía por debajo.
El legado de la expresidenta regional ha quedado ensombrecido por esta trama, a la que ahora se suman las nuevas revelaciones en la investigación de Púnica. Aguirre se sentará frente al tribunal de Gürtel mientras otro juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, investiga las numerosas vías de financiación que el PP habría utilizado, supuestamente, para nutrir su caja B: donaciones ilegales, Fundescam, contratos amañados en favor de Arturo Fernández, etc.
Tras esta investigación vuelven a aparecer los actos propagandísticos del PP madrileño. El juez y los agentes de la Guardia Civil investigan si la Comunidad de Madrid en tiempos de Aguirre beneficiaba a las empresas del publicista Daniel Mercado con contratos amañados, a cambio de que este pagase actos electorales de su bolsillo.
El que fuera mano derecha de Aguirre, Francisco Granados, aguarda el avance de esas investigaciones en una celda de la cárcel de Estremera desde 2014. Este caso ha ido salpicando a otros nombres del PP que desarrollaron su carrera política junto a la “lideresa” del partido, pero hasta ahora los casos Gürtel y Púnica no la han implicado directamente en las actividades ilegales.