El espionaje a Bárcenas revela que la brigada política contra la oposición maniobró para proteger a Rajoy
Policías que participan en una operación extrajudicial. Policías que manejan el dinero de los fondos reservados. Policías que trabajan con un fines distintos a la persecución de delitos. Con estos tres paneles, tan próximos a formar la silueta de una guerra sucia, trabaja la Audiencia Nacional en la investigación del espionaje a Luis Bárcenas, el extesorero del PP que un mes después de entrar en la cárcel reveló la financiación irregular de la formación desde su nacimiento.
Estas tres prácticas policiales habían aflorado hasta ahora en los ataques que la oposición sufrió entre 2012 y 2016, la primera legislatura de Mariano Rajoy. Pero las últimas revelaciones acerca de la Operación Kitchen demuestran que las prácticas de un grupo de agentes en la cúspide del organigrama de la Policía también se dirigieron a proteger al partido del Gobierno.
Tres mandos policiales, entre ellos el máximo responsable operativo del cuerpo, están investigados por malversación, prevaricación, cohecho, robo y allanamiento de morada. Estas imputaciones se traducen en que son sospechosos de haber organizado un plan para obtener cualquier información o documento en poder de Bárcenas o su entorno que pudiera perjudicar al Partido Popular o, como aseguró el comisario Villarejo el viernes en la Audiencia Nacional, directamente al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Villarejo le dijo al juez que el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, le encargó recuperar la información “comprometedora” de Rajoy y que eso era un objetivo prioritario.
Para hacerlo utilizaron los fondos reservados del Ministerio del Interior, con los que habrían pagado al chófer de la familia y, aquí radica la última novedad, presuntamente a un delincuente común que se disfrazó de cura y, armado con una pistola, asaltó la casa de la familia del extesorero. Por eso los fiscales Anticorrupción incluyeron el delito de allanamiento en su solicitud de imputación de esos tres mandos y el chófer. El juez Manuel García-Castellón preguntó por la maniobra del falso cura en las declaraciones que tomó la pasada semana, pero los policías investigados negaron tener conocimiento de aquello.
Esta imputación es la segunda de Eugenio Pino, jefe operativo de la Policía en aquella época. La otra está vinculada a la Operación Catalunya, la gran misión de la brigada política que él puso en marcha en el seno de la Dirección Adjunta Operativa. El hoy comisario jubilado se enfrenta a una petición de más de dos años de cárcel por haber intentado introducir de forma irregular información robada en la causa contra los Pujol.
Jefe de los antidisturbios con Aznar, Eugenio Pino hizo de la escalada soberanista en Catalunya el objetivo a combatir por un cuerpo que desempeña funciones de policía judicial, al que trascienden por ley los trabajos de inteligencia. El disfraz fue la persecución de la corrupción que cercaba a dirigentes de la derecha nacionalista catalana. Pero todo se quedó en investigaciones prospectivas, sin control judicial, que culminaban en informes sin firma ni sello. Estos, en lugar de ser enviados al juzgado, acababan en las portadas, digitales o en papel, de medios afines en Madrid.
Después de Catalunya, Podemos
El devenir de la primera legislatura de Rajoy puso el foco en Podemos, el partido entonces en auge de la izquierda. De nuevo, un supuesto informe policial comenzaba a circular por algunas redacciones hasta que un medio digital se decidió a publicarlo, a lo que siguió una cascada inmediata de informaciones en el mismo sentido. Como había ocurrido con los informes apócrifos de la Operación Catalunya, el momento no fue casual. Si los primeros aparecían coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista, el informe contra Podemos irrumpió al arrancar las negociaciones sobre la posible investidura de Pedro Sánchez en enero de 2016.
El autor o autores se atrevieron a llamarlo Informe P.I.S.A (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Otra vez sin firma ni sello, el documento suponía un hito en el trabajo de inteligencia, pero por el bochorno que provocó en los expertos. El Centro Nacional de Inteligencia, habituado a guardar silencio sobre cualquier cuestión, se desvinculó rotundamente del mismo en respuesta a los periodistas que todavía dudaban de la procedencia del informe.
Aquella maniobra todavía depararía algún otro hecho sin precedentes. El Ministerio del Interior reconoció que el papel salía de la Dirección Adjunta Operativa y que se había entregado a la UDEF, la unidad de Policía Judicial que, entre otros fenómenos delictivos, combate la corrupción. El problema surgió al tener que entregar aquel material a un tribunal y que éste lo valorara. La solución estuvo en Manos Limpias, el pseudosindicato ultraderechista dedicado a poner querellas que, como ha demostrado una investigación judicial, era un instrumento de extorsión. La organización recibió el informe por alguna vía y lo incorporó a una querella contra Iglesias y Errejón.
El Tribunal Supremo despreció el contenido del documento que atribuía a Podemos, a través de conjeturas, una financiación procedente de Irán. Antes de hacerlo, elespanol.com desveló que comisario jefe de la UDEF, Manuel Vázquez, se había ofrecido a jueces del Tribunal Supremo para aclararles cualquier duda que les presentara el papel.
Revisión del 11-M diez años después
Cuando parecía que “rojos” y separatistas completaban la nómina de objetivos de la brigada política, Pino habló en una entrevista a El Mundo en febrero de 2017. En ella reconocía la existencia de otro informe, éste para aclarar “algunas cosas” del 11-M diez años despúes del mayor atentado de la historia de España, que precedió en tres días a la victoria del PSOE en las elecciones de 2004 y bajo cuyo Gobierno se desarrolló el grueso de la investigación policial.
El DAO había ordenado la creación de la Brigada de Análisis y Revisión de Casos (BARC) en el seno de Asuntos Internos con el supuesto fin de estudiar fallos de la Policía en investigaciones pasadas. La opacidad con la que trabaja Asuntos Internos fue aprovechada por Pino para encargos que nada tenían que ver con la investigación de delitos cometidos por policías, como la llamada con posterioridad Operación Catalunya.
El 11-M había servido a un sector del PP para lanzar acusaciones infundadas sobre implicaciones y objetivos distintos a los que aparecen en las sentencias judiciales. Pero la del 11-M no fue la única investigación que hurgó en la época socialista. El Faisán, el chivatazo a una red de extorsión de ETA en pleno proceso de paz de 2006, también fue objeto de informe por la BARC. Solo dos policías habían sido condenados, sin que pudiera demostrarse que algún responsable político del ministerio en aquella época hubiera participado en el soplo.
Los supuestos resultados de Kitchen se evaporaron
A diferencia de éstas, en la operación para obtener de los Bárcenas información comprometedora para el PP no participó Asuntos Internos. Coincidió, sin embargo, en que Kitchen se desarrolló a espaldas de un juez, en este caso el que investigaba la caja B del PP. Ni el magistrado Pablo Ruz, ni los policías de la UDEF que trabajaban a sus órdenes directas participaron o fueron informados del resultado de la Operación Kitchen, confirman fuentes del caso.
Dadas las evidencias, ¿cómo han justificado el operativo sus responsables? El pasado viernes, el comisario Enrique García Castaño dijo al juez que había que recuperar el dinero oculto de Bárcenas y descubrir quiénes eran sus testaferros. Según adelantó eldiario.es, el comisario incluso señaló a uno de ellos, Javier Sánchez-Lázaro, un exsenador del PP, amigo de Bárcenas, al que nunca se llamó a declarar ni aparece en ningún informe. La explicación está en que los supuestos descubrimientos de la denominada Operación Kitchen nunca fueron puestos a disposición de la investigación judicial por la caja B del PP. El comisario Villarejo también declaró que la Kitchen era un operativo oficial contra la corrupción.
“La Operación Kitchen no existe. No existe”, repitió ante las cámaras el jueves Eugenio Pino, el máximo responsable de la denominada brigada política. Lo hizo al abandonar la Audiencia Nacional, después de que se pospusiera su declaración como imputado por la sobrecarga de trabajo que soporta el Juzgado del caso Villarejo. Y lo dijo a pesar de que en los registros al comisario que da nombre a la causa se encontraron recibís de los pagos de los fondos reservados al chófer de los Bárcenas, al testimonio judicial del topo y otros implicados en la maniobra y a la documentación que el Ministerio del Interior actual ha enviado a la Audiencia Nacional.
A la espera de la declaración de Pino mañana martes, la afirmación del exDAO a las puertas del tribunal podría abundar en la tesis de García Castaño, con el que comparte bufete de abogados, el del exjuez Baltasar Garzón: el nombre de Kitchen fue un invento de Villarejo (por el aspecto de cocinero que tenía el chófer) y todo lo que aflora es el rastro de una operación policial para perseguir los graves delitos de Bárcenas. Villarejo no habló en su declaración de testaferros ni dinero oculto: atribuyó al director general de la Policía de entonces, Ignacio Cosidó, la orden de recuperar información “comprometedora” porque afectaba al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Por encima de Eugenio Pino, el policía en la cúspide del organigrama policial, solo estaban Cosidó; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. La Audiencia Nacional no podría investigarlos porque los tres son parlamentarios y están aforados ante el Tribunal Supremo. Cosidó y Fernández Díaz han sido elegidos por el actual presidente del PP, Pablo Casado, para integrar su ejecutiva.
