El Gobierno vuelve a contener la respiración ante una nueva votación de infarto. Dos meses después de salvar la reforma laboral gracias al voto erróneo de un diputado del PP, el Ejecutivo va a salvar, salvo sorpresa de última hora, la convalidación del decreto del plan de choque contra los efectos de la guerra en Ucrania sobre la campana y asume que, aunque logre sacarlo adelante in extremis, se enfrenta al momento más delicado de la legislatura. La situación es tan grave que Pedro Sánchez ha anulado un viaje a Polonia y Moldavia que iba a comenzar este jueves. Y es que la paciencia de los socios de la coalición está llegando a su fin, como revela la crisis por el espionaje a unas 65 personas vinculadas con el soberanismo.
La primera reacción de Moncloa a la revelación del uso de Pegasus para vigilar a esas personas, entre las que se encuentra el president de la Generalitat, Pere Aragonés, fue minimizarlo. Pero en cuestión de días Pedro Sánchez se vio obligado a mover ficha ante la presión de los socios del PSOE. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, viajó de urgencia a Barcelona para reunirse con el Govern y hacerle una oferta de cuatro ejes: “control interno” en el CNI, exposición de conclusiones en la comisión de secretos oficiales del Congreso, investigación del Defensor del Pueblo y voluntad de desclasificar documentos si el asunto se judicializa.
Pero la propuesta no ha satisfecho a los aliados de la coalición, aunque en este caso Unidas Podemos sí ha bajado el tono. En Moncloa defienden la premura con la que se ha actuado al constituir, por ejemplo, la comisión de gastos reservados en la primera sesión parlamentaria que ha sido posible y promoviendo una inédita rebaja de la mayoría necesaria para conformarla. También tratan sin éxito de desvincular el ‘caso Pegasus’ de la votación del plan anticrisis.
Moncloa no descarta ceses, pero aguarda el informe del CNI
ERC, EH Bildu y PNV ven absolutamente insuficientes los pasos que ha dado Sánchez y reclaman “como mínimo” la creación de una comisión de investigación en el Congreso que el Gobierno rechaza bajo el pretexto de que no quiere que se convierta en un desfile de altos cargos que consideran que no podrían aportar nada por el “carácter reservado” de la información. El enfado de los republicanos ha ido, además, en aumento en los últimos días y exigen que se depuren responsabilidades.
“Vamos a ver qué hay dentro y en función de lo que haya dentro veremos qué decisiones tomamos. No se puede poner el carro antes de los bueyes”, responden fuentes gubernamentales a la pregunta de si pretenden acometer ceses ante el escándalo y para contentar a sus aliados parlamentarios. En Moncloa no descartan que se puedan llevar a cabo cambios, pero sostienen que hay que esperar a que el CNI haga una suerte de auditoría interna sobre lo ocurrido que, al mismo tiempo, en el Gobierno sostienen que ha cumplido estrictamente la legalidad.
Desde ERC no esconden que el escándalo del espionaje podría suponer un nuevo punto de inflexión en la legislatura (el anterior fue la negociación de la reforma laboral, de la que los aliados habituales de la coalición se descolgaron). “El Gobierno sabe que no vamos de farol”, aseguraba este lunes la portavoz republicana Marta Vilalta, que advertía de que no se trataba únicamente del decreto económico de este jueves sino que “todas las leyes pueden peligrar”. Para evitarlo, desde Esquerra llevan una semana reclamando gestos contundentes, este miércoles se han centrado en la exigencia de dimisión de la ministra de Defensa, Margarita Robles, además de la comisión de investigación que Gabriel Rufián reclamó en persona a Bolaños, que ha tenido que improvisar una ronda de contactos con los grupos para intentar amarrar los apoyos. En el Gobierno prevén que la negociación se prolongue hasta el último momento.
ERC: “Tumbar la agenda legislativa es el idioma que entiende el PSOE”
“Esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades”, resumen fuentes republicanas, que con todo siguen sin dar por seguro que vayan a votar en contra del decreto este jueves. “Vamos a esperar hasta el último momento para ver si hay alguna reacción por parte del Gobierno”, explican. Desde ERC admiten que el paquete legislativo que propone el Gobierno no solo no es malo sino que es necesario para la economía de las familias, pero también consideran que las palabras de Robles este miércoles se lo han puesto “muy difícil”.
En el Govern han interpretado la respuesta que la ministra de Defensa ha dado en la sesión de control como clara una justificación del espionaje, razón por la que unos minutos después Aragonès ha utilizado su turno de palabra para reclamar su dimisión. La titular de Defensa ha apuntado a momentos en los que estaría excusado: la declaración de independencia y las movilizaciones en Catalunya después de la sentencia del procés, cuando el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que los servicios de inteligencia acabarían sabiendo quién estaba detrás de los “movimientos del Tsunami Democrátic”. “¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, cuando alguien organiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos del país que está invadiendo Ucrania?”, se ha preguntado Robles en la sesión de control.
En el Palau ha sorprendido la beligerancia de Robles, sobre todo porque, si bien no esperaban que el Gobierno anunciara este miércoles grandes medidas, sí creían que verían un “gesto” para tratar de allanar la situación. Pero las palabras de la ministra han surtido el efecto contrario. “La Permanente de ERC no mira cada día la sesión de control del Congreso, pero precisamente hoy todos estaban viéndola y se han encontrado con Robles”, ironizaban en el partido para explicar por qué todo se había torcido a media mañana. Sánchez sí había acudido con un tono conciliador y tanto en Moncloa como en el PSOE existe malestar con Robles por el incendio que se ha creado.
Temor en el Gobierno ante una ajustada votación
El temor se ha apoderado de los socialistas este miércoles en el que algunos han llegado a dudar incluso por la continuidad de la legislatura. Al Gobierno se le abren varios escenarios y todos ellos son complejos. El peor de ellos es que el decreto anticrisis decaiga este jueves anulando medidas como la bonificación a los carburantes, la subida del Ingreso Mínimo Vital o el tope al incremento del precio de los alquileres. Esa es la baza que está jugando el Gobierno y un “dilema” que reconocen los socios, que lo ven “de primero de chantaje del PSOE”. “El único idioma que entiende el PSOE es tumbarle la agenda legislativa”, avisó Rufián en los pasillos del Congreso. Y es que fuentes de los republicanos admiten que hay una “presión enorme” de ciertos sectores del partido para dejar de apoyar al Ejecutivo. Además, tanto Junts como la CUP aprietan a los republicanos para que corte toda relación, bajo la advertencia de que, tras el escándalo, no será tan fácil justificar acuerdos con el Gobierno ante la base social independentista
Una derrota parlamentaria de esa magnitud revelaría la debilidad de la coalición. No obstante, el anuncio de EH Bildu de que votará 'sí' ha permitido al Ejecutivo respirar y, salvo sorpresas, el decreto después de verse obligado a ceder y aceptar que el decreto se tramite como proyecto de ley para incluir cambios de los grupos. El portazo de ERC y el amago de EH Bildu, con los que el Gobierno contaba, obligaron al Ejecutivo a multiplicar los contactos para intentar salvar la votación, que asumen que será muy justa. Bolaños mantuvo contactos con la mayoría de portavoces, entre ellos el de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ya había anunciado su voto en contra. El Gobierno abrió la vía del PP, que aprovechó para exigirle introducir algunas de sus propuestas, como la deflactación del IPC en el Impuesto de la Renta, reducir el IVA del gas y la electricidad “al mínimo habilitado por la Comisión Europea (5%)”, medidas para agilizar la ejecución de los fondos europeos, y “medidas para racionalizar el gasto burocrático”. Moncloa ha rechazado en todo momento esa opción, que le pondría, además, en una situación delicada con Unidas Podemos. “Respecto a vuestro documento, comprenderás que requiere de un análisis profundo. Es necesario estudiar, entre otras cuestiones, el impacto económico y presupuestario, aspecto fundamental que cualquier Gobierno responsable debe tener en cuenta, y que no viene reflejado en el mismo”, le ha contestado por carta la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su interlocutor del PP.
A última hora de la tarde, en el Gobierno confiaban en que el plan de choque saliera adelante por la mínima con los apoyos de PSOE, Unidas Podemos, PNV -que también había dejado en el aire su voto-, PDeCAT y una amalgama de grupos minoritarios. Los contactos no cesarán hasta el último minuto porque son conscientes de que la votación pende de un hilo. Aunque la salven, en las filas socialistas admiten que tienen una “herida” con sus socios. También en ERC piensan que algo se ha roto y que la confianza tardará tiempo en restablecerse. El Govern aprobó este mismo miércoles un acuerdo en el que dejaba en suspenso de forma oficial la mesa de diálogo y con el que también reducía al mínimo la interlocución de los espacios bilaterales. “Algo nos tocará darles”, reconoce un dirigente socialista consultado. Por el momento Sánchez se ha quedado en España ante la gravedad de la situación.