Pedro Sánchez pospone su viaje a Polonia y Moldavia previsto para este jueves y este viernes en plena crisis por el espionaje. El presidente del Gobierno ha decidido cambiar de planes ante el peligro de la votación en el Congreso del plan de choque contra los efectos de la guerra en Ucrania. Fuentes gubernamentales confirman a elDiario.es esa decisión que atribuyen a la duración del pleno en el Parlamento en el que se votará, entre otros, ese decreto ley para el que el Gobierno no tiene en este momento garantizados los apoyos.
El nerviosismo en las filas socialistas ha aumentado este miércoles ante la constatación en el Congreso del profundo malestar por el espionaje que tienen los socios del Gobierno, que ven insuficiente la oferta que ha hecho el Ejecutivo de que haya un “control interno” en el CNI así como una investigación del Defensor del Pueblo sobre lo ocurrido y que las explicaciones se aporten en la Comisión de Gastos Reservados que se va a constituir después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, haya rebajado la mayoría necesaria para ponerla en marcha. El veto del PP a EH Bildu lo había impedido hasta ahora.
Los aliados parlamentarios del Ejecutivo, especialmente ERC y EH Bildu, habían dejado en el aire su apoyo al decreto ley del plan de choque, que está en vigor, pero que puede decaer si no lo convalida el Congreso este jueves. Durante la sesión de control al Gobierno, el portavoz republicano, Gabriel Rufián, ha advertido a Sánchez de que tendrá que buscar el apoyo del PP para sacarlo adelante. “De momento pídale el teléfono al señor Casero”, dijo Rufián en referencia al diputado conservador que se equivocó en la votación de la reforma laboral permitiendo que saliera adelante.
La situación se ha caldeado aún más después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, haya justificado el espionaje a líderes independentistas con un argumento idéntico al que habían usado en los últimos días partidos como Ciudadanos o Vox. “¿Qué tiene que hacer un Estado, qué tiene que hacer un Gobierno cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania, o cuando se 'hackean' organismos como el SEPE o teléfonos de ministros?”, le ha preguntado a la diputada de la CUP Mireia Vehí apenas unos minutos después de que Sánchez defendiera la actuación del CNI en el marco de la ley, pero tendiera la mano a ERC para seguir en la senda del diálogo y prometiera “transparencia” y “rendición de cuentas”.
El Gobierno multiplica los contactos
La reacción en Catalunya ha sido prácticamente inmediata y el president de la Generalitat, Pere Aragonés, que es uno de los afectados por el sistema Pegasus, ha exigido la dimisión de la ministra, que también ha advertido de que “muchos de los que hoy dan lecciones tendrán que callarse” cuando conozcan las “actuaciones” del CNI en el marco de la comisión de secretos oficiales del Congreso. A su salida del hemiciclo, Robles aseguraba que estaba tranquila ante la situación, pero en las filas socialistas cundía la preocupación.
El Gobierno se ha visto obligado a multiplicar los contactos con los grupos ante la posibilidad de que el Congreso rechace el decreto. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha mantenido encuentros con varios portavoces, entre ellos Ciudadanos, que ya había anunciado su voto en contra. ERC ha insistido en que se debe constituir una comisión de investigación en el Parlamento -que también reclama el PNV-, pero el PSOE por el momento la descarta bajo la premisa de que en ese órgano los responsables públicos no pueden dar detalles sobre las acciones de los servicios de inteligencia. También se ha abierto la vía del PP, que tampoco garantiza el apoyo al decreto y, aunque el Gobierno confía en su abstención, en Moncloa cunde ya la preocupación y ha decidido, como primera medida, anular el viaje de Sánchez a Polonia y Moldavia.