La estrategia de Podemos con el Gobierno: suave en el trato si cumple sus acuerdos en pensiones, vivienda e impuestos
Las negociaciones entre el Gobierno y Unidos Podemos para los Presupuestos Generales del Estado de 2019 embocan los momentos decisivos. El 15 de octubre, el Ejecutivo debe enviar a la Comisión Europea un esbozo de las futuras cuentas. Y el grupo que lidera Pablo Iglesias quiere que ese documento recoja ya la filosofía de la hipotética alianza, que se fragua a trompicones y con la implicación directa del presidente, Pedro Sánchez, y del propio Iglesias. Ambos han recuperado parte de la confianza perdida en los últimos años y el trato entre los partidos se ha suavizado.
Podemos mantendrá esta línea siempre que vea opciones de avanzar en su programa y de hacer realidad sus propuestas políticas. Una veintena de medidas que, con algunos cambios y matices, Iglesias ya presentó el pasado mes de junio, pocos días después de la moción de censura.
La advertencia la señalan en privado múltiples dirigentes tanto del partido como del grupo que se aglutina a su alrededor. Y lo confirmaba Iglesias en una entrevista en Telecinco este viernes. “Si nos entendemos les apoyaremos; si no, no”, aseguró.
No es la primera vez que él u otros dirigentes lo dicen. Es solo la última. Y llega en uno de los peores momentos de Pedro Sánchez. El Gobierno ha cumplido sus primeros 100 días rodeado de polémicas. En tres meses, ha perdido dos ministros. Màxim Huerta, por un fraude fiscal previo a su entrada en política pocos días después de su nombramiento, y Carmen Montón, que aguantó más de lo que hubiera deseado por expreso deseo del presidente, que tuvo tiempo de defenderla en el Pleno del Senado solo unas horas antes de que se confirmara que plagió su trabajo de fin de máster. Fue la puntilla y dimitió.
La reacción de Podemos con Carmen Montón, como en el caso de Huerta, fue similar. Pedir explicaciones y transparencia, primero. Exigir la dimisión cuando se confirmaron los hechos.
El el caso de la tesis del presidente del Gobierno la cronología ha sido similar. Desde Podemos se ha defendido que el trabajo de doctorado de Sánchez no es un plagio. El propio Iglesias, cuya tesis fue investigada por el Gobierno de Mariano Rajoy según publicaba hace unos días Enric Juliana en La Vanguardia, ha defendido que la tesis de Sánchez no es un plagio. Más allá ha ido tras descubrirse que el presidente copió una parte del libro que publicó posteriormente con el grueso de su trabajo. Lo ha calificado de “cutre”, lo que rebaja el nivel intelectual del documento. Y le ha exigido explicaciones.
Pensiones, reforma laboral, vivienda o memoria
De ahí, de momento, no han pasado. No se pide la dimisión del presidente del Gobierno. Podemos prefiere centrar sus esfuerzos en lograr influir en la política real del país. Y prefiere atacar al Ejecutivo socialista por cuestiones programáticas, como su negativa a investigar las posibles “corruptelas” de Juan Carlos de Borbón o su decisión de mantener la inviolabilidad constitucional del jefe del Estado.
El propio Iglesias explicaba en Telecinco que la prioridad del grupo confederal ahora mismo es que Sánchez agote la legislatura. Pero sin que eso suponga renunciar a ese programa de mínimos esbozado en diferentes formas en los últimos meses y que pasa por revertir los recortes sociales del PP, derogar la reforma laboral de 2012, subir el salario mínimo a 1.000 euros, acabar con la burbuja del alquiler, modificar la Ley de Estabilidad, recoger las reivindicaciones de la PAH en materia de pobreza energética y habitacional, etcétera.
Algunas de esas medidas ya están en trámite. Otras, en duda. Y aunque el trato entre los partidos sea mejor y haya pasado la época de las referencias a la cal viva de unos o las, más recientes, de los otros a la poca “madurez” de Podemos, la desconfianza permanece.
Unidos Podemos y el Gobierno pactaron incrementar las pensiones de 2018 y 2019 según el IPC real. Pero el grupo confederal va más allá y exige que se esto se blinde en la ley. Es decir, eliminar el llamado “factor de sostenibilidad” de las pensiones, que en Podemos califican como “factor de empobrecimiento”.
Esta reivindicación tomó la calle a primeros de año y forzó al Gobierno de Rajoy y al PNV a pactar un incremento de las pensiones con el que no contaban. Los pensionistas mantiene sus protestas, la última este mismo miércoles, pero el Pacto de Toledo no alcanza un acuerdo de consenso sobre cómo deben revalorizarse estas prestaciones.
El Gobierno, atado por Bruselas, ha lanzado en los últimos días mensajes contradictorios, aunque el presidente ya ha señalado que su intención es que el incremento según el IPC no figure en la ley, tal y como exige el grupo confederal.
La ecuación es sencilla. Unidos Podemos exige que el IPC sea el índice legal de referencia, pero hoy por hoy el Pacto de Toledo está partido en dos. El Gobierno exige que sea el marco parlamentario el que resuelva la situación. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dejó caer que se podría hacer por decreto, para después repetir que el Pacto de Toledo manda.
Iglesias zanjó el viernes: “Si no hay acuerdo [que recoja el incremento según el IPC] no estaremos en el Pacto de Toledo”.
Hay otras cuestiones fundamentales para Podemos. Algunas las anunció Iglesias después de reunirse con Sánchez en el Palacio de la Moncloa. La retirada de la medalla al torturador franquista Billy el Niño. El reconocimiento del Estado de Palestina. Eliminar el voto rogado. Subir el IRPF a las rentas superiores a 140.000 euros o bajar el IVA a productos de primera necesidad. Del encaje que hagan Gobierno y grupo confederal de estas reivindicaciones en el proyecto de Presupuestos de 2019 depende la duración de la legislatura.
Iglesias zanjaba en su entrevista en Telecinco: “El apoyo es absolutamente condicional. Si sacamos adelante los Presupuestos, apoyaremos [al Gobierno]”.
