El expresidente de Bolivia Evo Morales consideró “ilegal” el trasladado este martes desde el hospital a la Fiscalía boliviana de su exministro Carlos Romero para declarar en un caso de supuesta corrupción.
“Denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la detención ilegal del exministro de Gobierno, Carlos Romero, en clara violación de garantías constitucionales y derechos humanos. Romero fue sacado de la clínica donde permanecía bajo atención médica”, manifestó Morales en su Twitter.
Pese a que el exmandatario habló de detención, el abogado de Romero, Andrés Zúñiga, explicó a los medios que el documento presentado para el traslado de la exautoridad a la Fiscalía no menciona la palabra “aprehensión”, sino que es una “orden de conducción” para llevarlo “para que declare” ante la Fiscalía.
Canales de televisión mostraron el momento en que Romero, que hasta noviembre pasado fue ministro de Gobierno (Interior), abandonaba la clínica en la que estuvo ingresado desde el fin de semana para abordar un vehículo que le trasladó hasta las oficinas del Ministerio Público en La Paz.
Morales aseguró que “grupos irregulares” asediaron a Romero en su domicilio, luego lo “acosaron y sacaron de la clínica” y ahora “ponen en riesgo su vida”.
El exministro fue citado a declarar el lunes dentro de un caso por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de mantenimiento de aviones y helicópteros empleados para la lucha antidrogas entre 2013 y 2018 a un consorcio de empresas.
Sin embargo, no se presentó porque se encontraba desde el viernes noche en una clínica donde fue ingresado por un cuadro de hipertensión, ansiedad y depresión.
“Al mando de Carlos Romero denunciamos en nuestro Gobierno actos de corrupción de la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico, ahora resulta que somos nosotros los acusados. Lo que quiere el régimen de facto de (Jeanine) Áñez no es justicia, es venganza e impunidad”, sostuvo Morales, que renunció a la Presidencia el 10 noviembre denunciando un “golpe de Estado” contra su persona.
El exmandatario, que solicitó la condición de refugiado en Argentina, donde vive desde hace un mes, cargó contra la actual presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y también contra la cabeza del Ministerio Público de su país.
“¿Dónde está el Fiscal General cuando se trata de los grupos paramilitares que queman casas, golpean indígenas, asedian a ciudadanos y ahora persiguen a Carlos Romero en un hospital? Ese Fiscal solo defiende los intereses del régimen de facto”, criticó.
Un grupo de personas contrarias al anterior Ejecutivo bolivano había instalado una vigilia en las puertas del domicilio del exministro, en la zona sur paceña, alegando que buscaban evitar que huya del país, si bien el ministro interino de Gobierno, Arturo Murillo, explicó que no existía ninguna orden de aprehensión en contra de Romero.
Murillo, a quien algunos sectores sindicaron de proteger al exministro de Morales, reiteró este martes que “Romero no ha sido aprehendido porque no tenía una orden de aprehensión”.
“Ha sido citado durante dos o tres oportunidades por la Fiscalía y no ha acudido a su cita para poder declarar, esto le puede traer consecuencias, como a todo ciudadano”, indicó el ministro.